La gran mayoría de los atentados, secuestros y asesinatos se produjeron en Iparralde desde 1975 hasta 1987. Por eso, decidí analizar todo lo sucedido durante aquellos doce años y plasmarlo en un libro, “Guerra sucia en Iparralde 1975-1987”, cuya portada recoge a los cuatro refugiados entonces secuestrados y hechos desaparecer: Pertur, Naparra, Lasa y Zabala. Está en Internet (ahotsa.info), a libre disposición de quien quiera leerlo o consultarlo.

Durante largos años, cada vez que salían a relucir pruebas irrefutables de la implicación de significados miembros de las Fuerzas de Seguridad, los Servicios Secretos o el Ejército español en aquella guerra sucia, las autoridades españolas pretendían que se trataba de agentes que actuaban por su cuenta, sin respaldo alguno de sus superiores, y mucho menos de las propias autoridades.

Otro tanto hicieron cada vez que se pudo demostrar que las armas y municiones empleadas habían sido compradas por las Fuerzas de Seguridad españolas. También entonces negaron toda responsabilidad, aduciendo una supuesta imposibilidad de controlar a ciertos elementos franquistas que intentaban depurar. Una excusa que caía por su propio peso desde el momento en que nunca tomaron medida alguna contra los agentes que fueron descubiertos organizando o ejecutando esas acciones.

Tampoco las autoridades francesas se mostraron nada diligentes a la hora de tomar medidas contra ellos. Desde el inicio, tuvieron pruebas irrefutables de quién se encontraba tras aquellas acciones terroristas, pero las medidas que tomaron no fueron precisamente contra los organizadores de las mismas, sino contra quienes las sufrieron: los refugiados vascos. Por eso denuncio que fueron cómplices necesarios.

Por su parte, las autoridades españolas se sirvieron de diversas siglas para ocultar su directa responsabilidad en aquellas acciones terroristas. Los primeros años, la sigla que más utilizaron fue la del Batallón Vasco-Español, BVE, y a partir de 1983 se sirvieron de una única sigla, la de los GAL. Actuaron así porque les interesaba, y les sigue interesando sobremanera, que la responsabilidad de la guerra sucia recayera en «organizaciones terroristas», como los GAL y el BVE, que nunca existieron sino como pantallas para ocultar el terrorismo de Estado.

Ahora bien, tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse, dejando bien claro quién organizó y ejecutó aquella guerra sucia. Es lo que sucedió cuando el subcomisario José Amedo se decidió a contarle al juez parte de lo que sabía y le entregó un documento que había guardado celosamente: el comunicado en que dieron a conocer la sigla GAL y sirvió para reivindicar el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.

Se trataba de un comunicado manuscrito y fue fácil probar quiénes lo habían redactado: los entonces gobernador civil de Bizkaia, Julián Sancristóbal, y  secretario general del PSOE en Bizkaia, Ricardo García Damborenea. Ambos fueron encarcelados, y también acabaron en prisión, entre otros, quienes dirigían el Ministerio del Interior en la época de los GAL: el ministro, José Barrionuevo, y el número dos, Rafael Vera.

Todos ellos fueron condenados y, a raíz de ello, quedó en suma evidencia hasta qué niveles llegaba la responsabilidad de las autoridades españolas en la guerra sucia. Una responsabilidad que no cabe duda alcanzaba hasta al presidente Felipe González, el Señor X, quien poco antes aseguró que «No hay pruebas, ni nunca las habrá», pero vaya si las hubo. A raudales.

Por eso, no les quedó otro remedio que elaborar una nueva versión de los hechos, tan interesada como falsa, según la cual, pese a haber cometido tantísimas chapuzas, obtuvieron el resultado que deseaban obtener con aquella guerra sucia.

Según dicha versión, las autoridades francesas comenzaron a colaborar con las españolas, tomando medidas contra los refugiados vascos a cambio de que los GAL cesaran en su actividad terrorista en suelo francés. Ahora bien, es bien fácil de probar que dicha colaboración no se obtuvo gracias a la guerra sucia, y así lo expongo en mi libro.

En efecto, las autoridades francesas empezaron a tomar múltiples medidas administrativas y policiales contra los refugiados vascos nada más iniciarse los atentados reivindicados usando la sigla de los GAL. A partir del 10 de enero de 1984, primero practicaron decenas de detenciones, confinamientos y deportaciones de refugiados a terceros países. Después llegaron las extradiciones, y más tarde las entregas a los torturadores españoles.

Como explico en el libro, todas aquellas medidas estaban incluidas en un acuerdo secreto alcanzado a finales de 1983 por las autoridades franco-españolas, y estoy persuadido de que el citado acuerdo comprendía también la ejecución de acciones de guerra sucia que ambas partes consideraron necesarias para llevar a buen puerto la estrategia que diseñaron.

A lo largo del libro he aportado los datos en que me baso para lanzar tan grave acusación. Unos datos que espero de todo corazón puedan ser contrastados, analizados e investigados por un mecanismo independiente para la averiguación de la verdad, absolutamente necesario para ayudar a todas las víctimas a que puedan decir su verdad. Toda su verdad.