Podría ser declarada la palabra del año, incluso una forma más elevada de lenguaje destinada a solucionar cualquier contradicción en la que un político pueda caer. Y tal vez, el remedio definitivo para ordenar la democracia mediante una fórmula distinta en cuanto al sistema electoral de conformación de mayorías.

Sí, se trata de un auténtico descubrimiento que debiera contar con protección legal y garantías jurídicas, incluso hasta constitucionales, por las aplicaciones y efectos que pudiera tener de ahora en adelante este vocablo en todos los órdenes de la vida. ¡Ahí es nada!

La palabra en cuestión ya la habrán adivinado y es una pena que sobre esta superficie digital no pueda ser grabada con letras de oro. Por esa razón va en el título y he de confesar que hasta me cuesta trabajo escribirla: «Prevalencia».

Pero, dejémonos de circunloquios inútiles y vayamos al grano contextualizando el tema. Todo esto remite a un simple hecho que en los últimos diecisiete años ha ocupado parte de la actividad institucional de Bizkaia, implicado a medios de comunicación del herrialde (tanto a públicos como privados, bien como obedientes recaderos del Poder como a quienes no se dejan someter por él), también ha maltratado a la opinión pública, y ha generado un gasto de dinero y energías incalculable al erario público: nos referimos al repetido y, por dos veces, fallido intento de construir un nuevo Museo Guggenheim, primero en Sukarrieta, y la segunda y última, con dos sedes, una en Gernika y la otra en Murueta.

Pues sí, nada menos que diecisiete años después de esta ocurrente idea (por calificarlo de alguna forma), las dos instituciones impulsoras del citado proyecto ­la Diputación Foral de Bizkaia y el propio Gobierno Vasco−, han caído (y nunca mejor empleado este término) en la cuenta de que no conviene seguir adelante. Diecisiete años para acabar con un despropósito en forma de atentado contra la propia Naturaleza, y lo que es aún peor, en abierta negación del más mínimo sentido común.

Diecisiete años de incertidumbres, tres ubicaciones fallidas, millones de euros gastados, un proyecto sin sentido y, al final, una rueda de prensa para anunciar lo que cualquier vecino de Busturialdea sabía desde el 2008: que el rechazo era «prevalente». La palabra mágica. La que no apareció en ningún documento previo. La que ahora, de repente, sirve para vestir de un supuesta sensatez una retirada que se justificó −hasta hace mes y medio− por otros conceptos tan generalistas («inviabilidad y dificultades técnicas, normativas y jurídicas») que lo mismo valen para un roto que para un descosido.

Hay que reconocer que la coreografía para «vestir al santo» ha sido impecable: primero se abandona el proyecto por motivos administrativos, luego se presenta un primer informe que confirma que la ciudadanía, ente un montón de percepciones en múltiples dimensiones, parecía no quererlo, y finalmente, bien empaquetado y con un lacito de colores, se declara que todo esto es «muy valioso» para el futuro. Es decir, una retirada estratégica queda convertida en virtud democrática. Todavía más, un fracaso en toda regla transformado en supuesto aprendizaje. Y todos contentos, porque de un «se hará Sí o Sí» (en plan testosterónico) se pasa ahora, tras reciclar este exceso de músculo viril, a un «tomamos nota» que anunciaron la vicelehendakari y la diputada general en rueda de prensa el pasado 26 de enero. ¿Nota de qué? ¿Para qué?

Y es que lo más llamativo de la rueda de prensa que dieron Ibone Bengoetxea y Elixabete Etxanobe, junto con miembros de Agirre Lehendakari Center (ALC), no es lo que se dice, sino cuándo se dice. La «prevalencia» del rechazo aparece ahora «camuflada» cuando el proyecto ya está enterrado. Cuando ya no compromete nada. Cuando ya no hay que defenderlo. Aun así, estas dos instituciones siguen sin querer reconocer la importancia crucial de todo el movimiento cívico en contra de esta aberración, retorciendo para su interés los resultados de un proceso de «escucha activa» presentados en términos de «prevalencia», a veces casi de «empate técnico» entre los que estaban en contra y a favor con todo tipo de matizaciones intermedias, y todo ello muy a posteriori, cuando ya no afecta a ninguna decisión. Es como pedir disculpas a un contestador automático: queda bien, pero no cambia nada. O peor aún: es como colocar un salvavidas en un barco que ya se ha hundido.

En el informe que finalmente ha elaborado ALC se destaca que de los cinco patrones narrativos, el que mayor «prevalencia» (término que según la RAE significa preponderante, dominante, duradero o persistente) obtiene, es el de «ciudadanos que están en contra de la ampliación, pero quieren hablar del desarrollo de la comarca». Una pirueta metodológica digna de estudio que enmascara si ese rechazo ha sido del 30%, del 51%, o del 80% de las personas «escuchadas», cuestión que se supone es bastante relevante. Y así, el muestreo en «bola de nieve» realizado durante el proceso de «escucha activa» se convierte, por arte de rueda de prensa, en un instrumento que confirma lo que nunca se quiso admitir públicamente durante casi dos décadas.

Más aún. La frase que cerró la rueda de prensa es perfecta. «Tomamos nota». ¿Como dice? No compromete nada. No reconoce nada. No explica nada. Pero suena bien. «Tomamos nota» es la forma institucional de decir: «Esto ya no tiene arreglo, pero prometemos que la próxima vez lo haremos mejor». ¿La próxima vez? ¿Cuando? Porque, ¿no nos volverán con la misma mandanga del Guggenheim en Kortezubi o en Ibarrangelu cuando pasen unos años y todo esto se olvide?

Pues la próxima vez la tienen, a día de hoy y muy a mano, , señores y señoras que rigen las instituciones de este país, en unos cuantos conflictos abiertos en canal con fuerte contestación social y huérfanos de una gobernanza participativa en la que se cuente con la opinión de la ciudadanía. ¿Enumeramos algunos? Ahí van unos pocos donde también podrían aplicar procesos de «escucha activa»: 1) Subfluvial de Bizkaia entre Getxo/Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) con una inversión inicial de 544 millones de euros, obra faraónica bajo la ría que ideo el actual lehendakari Imanol Pradales, y que todo parece indicar que también acabará en los tribunales.2) Proyecto mutimillonario del TAV, la denominada «Y griega vasca», que lleva dos décadas de construcción y desde sus inicios sigue generando un gran debate en la sociedad, ahora más centrado en el impacto ambiental y técnico de la conexión con Nafarroa.3) La Variante de las Karreras en Abanto (Bizkaia) con el proyecto de destrucción programada y de colonización industrial disfrazado de transición energética, ejecutado por un conglomerado energético liderado por Petronor (filial de Repsol), que responde a las necesidades exclusivas del futuro Valle del Hidrógeno que se está levantando en esa zona, y que también cuenta con la complicidad activa del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.4) Los innumerables proyectos eólicos y fotovoltaicos que se quieren imponer a lo largo de toda nuestra geografía y que están dando lugar a una fuerte contestación social y a la presentación de cientos de alegaciones, etc.5) ¿Y qué hacemos con los restos de la Central Nuclear de Lemoniz que también se quiso imponer a la ciudadanía?

Y aquí viene la pregunta clave: ¿Por qué la Diputación de Bizkaia y el propio Gobierno Vasco ha impulsado un proceso de «escucha activa» con respecto al proyecto «Guggenheim Urdaibai» y no lo ha hecho en ningún otro caso de los megaproyectos aquí citados? ¿No será que lo verdaderamente relevante en el primer caso era «quitarse el muerto de encima» con una justificación de «gobernanza participativa» que queda muy bonito, progre, incluso innovador y avanzado?

Lo peor de todo esto es que el «caso» Guggenheim Urdaibai no es un hecho aislado. Es un síntoma de una forma de gobernar que confunde participación con legitimación, escucha con comunicación, planificación con improvisación, cultura con marca y territorio con escaparate.

Un síntoma de una política que ha preferido sostener durante nada menos que diecisiete años un proyecto muerto antes que admitir que se equivocó desde el principio. Un síntoma de una administración que solo reconoce, y en parte, la opinión ciudadana cuando ya no afecta a nada. Un síntoma de una comarca que ha sido tratada como laboratorio, como escenario, como oportunidad de negocio... pero rara vez como comunidad responsable y con voz propia.

Durante casi dos décadas, Urdaibai ha vivido pendiente de un proyecto que parecía eterno, como esas obras que empiezan con una excavadora y acaban con una placa conmemorativa sin edificio. El Guggenheim Urdaibai ha sido eso: una idea que nadie sabía justificar, pero que sus promotores no se atrevían a enterrar. Un proyecto que sobrevivió a gobiernos, legislaturas y crisis económicas, no porque fuera bueno, sino porque nadie quería pronunciar la frase prohibida: «nos hemos equivocado». Y ahora no aparece ni un solo responsable que diga: «lo siento, la gran promesa no era más que humo envuelto en maquetas».

Urdaibai no necesitaba un museo. Necesitaba respeto, claridad y decisiones basadas en el territorio, no en una marca extranjera. Necesitaba escuchar de verdad, no simular que se escuchaba. Y sobre todo, necesitaba que alguien dijera, sin rodeos: esto ha sido una auténtica chapuza.

Así que cuando el cadáver ya estaba frío, apareció, por casualidad, la «escucha activa». Una especie de funeral participativo donde se invita a la ciudadanía a decir lo que lleva diciendo desde 2008, pero esta vez con un formulario y un logo. Una pista de aterrizaje suave para que la retirada del proyecto (que ya estaba asumida) no sonara a fracaso, sino a madurez democrática. Como si después de diecisiete años de mareo, lo importante fuera el gesto final.


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