Siguiendo la lógica del diplomático de las cloacas, la observancia de la legislación ordinaria en materia penitenciaria conduciría a que los presos políticos vascos pudiesen como todos los demás acumular redenciones para reducir sus penas; acceder a la progresión de grado sin requisitos ad hoc; cumplir la pena en condiciones de proximidad y permeabilidad con su sociedad y que pudiesen ejercer el derecho a la libertad. Esto tan lógico, en opinión de los maquiavélicos estadistas españoles, sería una ruina. En términos de humillación a víctimas presuntamente ávidas de venganza y en términos de impedir una resolución global de las consecuencias del conflicto que abra el debate de sus causas. Su ruina. Por lo tanto, para mantenerse en los parámetros de violencia y de imposición que les interesa, deben mantener la excepción, el tratamiento especial e ilegal a ese colectivo, al tiempo que lo niegan para dar una apariencia de legalidad y de normalidad. Ese es exactamente el terreno de juego. Su terreno.

El nuestro debe ser otro: el de la normalización, el de hacer valer la norma ordinaria, el de reivindicar el derecho de igualdad de toda persona presa. Y, en caso de que se imponga una legislación especial, tal y como inspira el artículo 3 del Código Civil sobre la interpretación de las normas, que esta se haga «según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas». Una realidad actual que llama a la paz y la convivencia.

Queda patente la ciega obsesión de las autoridades españolas para mantener medidas excepcionales en diversos frentes aun habiendo desaparecido la circunstancia que (presuntamente) las justificó. Sin embargo, también es cierto que cada vez son más las voces que se alzan contra ellas. Algunas con la añadidura de provenir de dentro, como es el caso de magistrados de la Audiencia Nacional o de relevantes miembros de la Fiscalía que no tienen ya escrúpulo en reclamar públicamente una justicia ordinaria, natural. Lo pudimos verificar en unas jornadas recientemente celebradas por la Diputación de Gipuzkoa sobre verdad y memoria organizadas en Aiete.

En otras jornadas, estas de la Fundación Sabino Arana, se compartía esta línea. Al analizar “El Derecho Penal ante el fin de ETA” concluían, en palabras de su presidente, Juan María Atutxa, que había que «desactivar y dejar sin efecto el arsenal legislativo, procesal y penitenciario de excepción construido a la largo de los últimos años, en términos de normalizar la política penal y penitenciaria, sustentando esta sobre principios generales y garantistas». Atutxa asumía, quizá en clave autocrítica, la utilización que él mismo había hecho de esta excepción antiterrorista en otras responsabilidades que ocupó en el pasado. Las circunstancias le avalaron presuntamente para excepcionalizar (dígase vulnerar) derechos humanos y libertades ciudadanas.  

Estoy de acuerdo. Esa posición contradice cualquier otro tipo de iniciativa que se asiente, se soporte, se construya sobre la excepción. Por muy posibilista o realista que se quiera ser. Esa es la raíz del problema: o se confronta o se asume. Es imposible mantener ambas. Atutxa propone derogar la excepción. Jonan Fernández apoyarse en ella para realizar una propuesta: Hitzeman. ¿Quién me hubiese dicho hace veinte años que iba a estar más próximo ideológicamente de Juan María Atutxa que de Jonan Fernández?

El Gobierno vasco ¿qué posibilidad tiene de intervenir en política penitenciaria? Sin la competencia de ejecución de la legislación penitenciaria (Art. 12.1 del Estatuto de Autonomía), poca. Puede actuar en facilitar itinerarios laborales o medidas para el aterrizaje social de los presos, algo que, ciertamente, muchas asociaciones llevan haciendo en las últimas décadas de manera encomiable y con fondos exiguos y, por cierto, sin reclamar a los presos ninguna posición de arrepentimiento o humillación ante los hechos que los llevaron a prisión. Tal vez la misión oculta de Hitzeman. No es de recibo mezclar acortamiento de penas con facilidades en la vuelta a la calle. Con la competencia en materia penitenciaria y en condiciones de legalidad ordinaria, el Gobierno podría establecer parámetros de funcionamiento de las juntas de  tratamiento, flexibilizando sus dictámenes de acceso a la libertad, hoy encastillados en esos requisitos de la Ley de cumplimiento «íntegro y efectivo». Se podría tasar cómo los técnicos de prisión deben atender la actitud del preso, su conducta, sus estudios… en términos positivos, no como actualmente, más atentos a otros agentes u organizaciones –dígase ETA– y las decisiones que adoptan o que no. Un tratamiento del preso no como rehén político, sino como sujeto de derechos. Decisiones de la junta de tratamiento que, cierto, estarían sometidas en última instancia a jueces. Jueces ordinarios de Vigilancia del ámbito de procedencia del preso. Ahí la línea en la que incidir.

No voy a repetir la crítica al plan Hitzeman que realicé artículo anterior. Recibida la réplica de Maribel Vaquero, quiero dar un paso más allá. Cierto: además de en el penal y el penitenciario, la excepcionalidad parasita otros ámbitos en forma de Ley de Partidos políticos, Ley de Símbolos o Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que tutelan la presunta siempre recurrente humillación de las víctimas. Estas legislaciones coartan todavía el debate y la actividad pública. No la de EH Bildu, sino genéricamente la de todos, sometida a monitoreo obsesivo de asociaciones ultras, fiscalías ultramontanas o del gobernador civil, llámese delegado del Gobierno. Hemos aprobado importantes resoluciones en el Parlamento Vasco contra la excepcionalidad. Entre ellas la de poner en su lugar a Carlos Urquijo, amén de otras que denuncian la política penitenciaria, la tortura, las funciones de la Audiencia Nacional… Y esperamos que se puedan seguir aprobando. Esa es la vía.

Un discurso recurrente del PNV es achacar a Sortu que asumió esa legalidad o que EH Bildu la aplica en los lugares donde gobierna. Cierto: a la fuerza ahorcan. Podría preguntar al PNV cuántas iniciativas han presentado en esas instituciones para impulsar a EHBildu a establecer una estrategia común para superar las consecuencias de esas normas injustas, en cuántas ocasiones ha mostrado desde la oposición su mano tendida para sacudirnos el yugo de la excepción de manera conjunta. Podría entrar en la pugna partidista del tú más. O tú menos. Pero sería jugar a pequeña.

Porque la jugada está en establecer cómo concurrimos quienes estamos contra esa legalidad injusta e ilegítima para confrontarla. Desde la responsabilidad de gobierno o desde la oposición. Coincidir en el diagnóstico y definir cómo hacemos para, tanto desde el ámbito institucional como en el social, llegar a un consenso para combatir la excepcionalidad, que muestre las vergüenzas de quienes todavía la sustentan.

Son leyes que debemos superar. Son medidas que, tal y como promete la Fundación del PNV, debemos bregarnos en derogar. No en reformar. No en mantener en un medio-largo plazo esperando que desplieguen no sé qué efectos de mero voluntarismo. Tenemos una normalidad jurídica, legal, política por conquistar. Y si la legislación debe ser excepcional, que lo sea para la paz y la normalización. En esa batalla (no en otra) está la mano de EH Bildu tendida.