Precisamente, he venido denunciando una y otra vez al presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra Robles, como encubridor de la tortura y dado que parece no querer darse por enterado lo voy a volver a hacer, repitiendo punto por punto las razones, con sobrada base documental, por las que lo considero directo encubridor de esa lacra.

Cuando Ibarra era Director General en el Ministerio de Justicia e Interior en 1995, fue el encargado de redactar la respuesta del Gobierno español al Comité de Prevención de la Tortura, CPT, un prestigioso organismo del Consejo de Europa que, desde su primera visita a España en 1991, venía solicitando a las autoridades españolas que implementaran varias medidas preventivas en caso de detenciones incomunicadas. Medidas que hoy día siguen sin ser implementadas.

La más sencilla de todas esas medidas es la de que se comunique a un familiar del detenido incomunicado el lugar de custodia. Y como Ibarra no podía explicar por qué se negaban a decir dónde se encntraba el detenido después de que la detención era conocida públicamente, recurrió a la mentira pura y dura. Pretendió que «es una práctica habitual la de informar a los familiares del hecho de la detención y el lugar donde se halla la persona detenida cuando éstos se dirigen a dependencias policiales». Algo que era radicalmente falso.

También pretendió que «esa medida legal [de no notificar la custodia a los familiares] en gran medida no se utiliza, ya que su propósito queda seriamente afectado por el hecho habitual de que algunos medios de información den a conocer la identidad de las personas detenidas». Es bien cierto que la identidad de los detenidos era y es casi siempre rápidamente conocida, pero no lo era en absoluto que la medida no fuese apenas utilizada. Volvió a mentir, como lo han seguido haciendo las autoridades españolas hasta nuestros días.

En aquella respuesta al CPT redactada por Juan Luis Ibarra, éste prometió que esa medida preventiva sería aplicada «tan pronto como una detención incomunicada sea públicamente conocida». Una promesa que, como tantas otras hechas por el Gobierno español al CPT, no cumplió en absoluto, ya que veinte años después siguen sin hacer obligatoria esa sencilla medida. Y también siguen mintiendo con el mismo descaro de siempre al CPT, para justificar la increíble negativa a hacer obligatoria una medida preventiva que no supone absolutamente ningún riesgo para las investigaciones policiales.

Juan Luis Ibarra Robles es un buen ejemplo de encubridor de la tortura situado en altas instancias del Estado, pero no deja de ser uno más en un estado completamente carcomido por esa lacra. Por eso es tan necesaria una Comisión de la Verdad que ponga en su lugar a todos ellos y ofrezca por fin a las miles de víctimas de la tortura la posibilidad de decir su verdad. Toda su verdad. Y también para que reciban cuanto antes la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto necesitan y se merecen.