En una reciente entrevista radiofónica, el viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Vasco, el Sr. Pedro Marco de la Peña, se pronunciaba públicamente, en nombre del Gobierno Vasco, sobre el tema de la implantación generalizada de peajes en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Nuestra sorpresa es que esas declaraciones están hechas, cuanto menos, desde un claro desconocimiento de la problemática, ya que su manida argumentación no sobrepasa los habituales e intencionados tópicos para engañar a la ciudadanía.

Comienza afirmando que «Algún modelo de peaje es necesario implantar en las carreteras vascas» (suponemos que aspira a cubrir el conjunto de la red viaria incluidos los caminos vecinales), para a continuación añadir, «algo tiene que haber y el que lo usa algo tiene que pagar, porque las administraciones no podemos asumir el mantenimiento a coste cero». Con tal postulado por bandera demuestra su poco conocimiento de este tema, impropio del cargo por el que le pagamos, dado que desde hace muchos lustros ya existe tal modelo. Se trata del impuesto especial sobre los carburantes que grava la factura del repostaje en algo más del 50% a los usuarios de los vehículos que utilizan nuestras infraestructuras, a los que el Sr. Marco de la Peña pretende añadirles un sobreimpuesto en forma de peaje.

Parece que su compañero de gabinete, el encargado de las finanzas, no le ha explicado que los impuestos que soporta la ciudadanía por la tenencia de un vehículo, desde su compra hasta que lo manda al desguace, engordan las arcas forales con unas muy generosas aportaciones. A las que también se suma, en cantidades nada desdeñables, las remesas de los numerosos conductores europeos en tránsito por esta comunidad, que también se ven obligados a repostar en nuestras gasolineras, con el susodicho gravamen, contribuyendo también ellos al mantenimiento de nuestra red viaria.

Conviene advertir al Sr. Marco de la Peña que en ninguno de los servicios que presta la administración pública la y el ciudadano paga tan desorbitado importe como por el que se paga por el uso de las infraestructuras viarias. Los impuestos que se cargan en concepto de combustibles cubren sobradamente los gastos en infraestructuras de las diferentes entidades públicas, aportando excedentes de sobra para el resto de los servicios que financian las distintas administraciones. Conviene señalar que esta aportación en concepto de impuesto sobre combustibles lo pagan exclusivamente las personas que utilizan sus vehículos para transitar por nuestras carreteras, es decir que es un impuesto por uso.

El axioma que utiliza como argumentario para instaurar nuevos peajes y mantener los existentes, toma una deriva peligrosa cuando dice que: «El que usa, que pague», pues su traslación a otros servicios ciertamente deficitarios, cómo educación, sanidad, bienestar social etc, nos llevaría a una política ultra liberal donde las administraciones pondrían peajes a la ciudadanía para su acceso a los distintos servicios que le encomendamos, olvidando que estos deben financiarse con los impuestos, que de forma equitativa y justa, debe aportar cada ciudadano o ciudadana.
 
Observamos que, en sus declaraciones, el viceconsejero de infraestructura se olvida del derecho de la ciudadanía a un movilidad segura y eficiente que, en pleno siglo XXI, facilitan las autovías y autopistas que él quiere gravar, condenando con ello a quienes no puedan hacer frente a este nuevo impuesto, a jugarse la vida en las decimonónicas carreteras de nuestro país.

Convenimos con el Sr. Marco de la Peña en que hay que hacer una reflexión sobre este tema. De hecho, ya hace tres años, desde nuestra plataforma y con el respaldo de 24.842 firmas en contra del peaje en la AP-8, pedimos un encuentro participativo de la ciudadanía con el Diputado General de Bizkaia, el Sr. Unai Rementeria, para resolverlo, pero el inquilino del Palacio Foral de Bizkaia no está para ningún encuentro participativo con quién no comulgue con sus injustas imposiciones.

Pese a ello, desde esta plataforma damos fe pública, que nos ponemos a disposición de la Consejería de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Vasco para debatir y aportar otros puntos de vista sobre esta problemática, pues lo más razonable de sus declaraciones es que los peajes no pueden ser impositivos, como lo vienen siendo hasta ahora, utilizándolos como una mera cuestión de exprimir más al sufrido contribuyente.