Ibon Cabo Itoiz

Inmigración: Cuando la legalidad torpedea la humanidad

¿Tienen margen para el cambio las instituciones más cercanas?

Ganar la calle es el método que ha elegido el movimiento en defensa de los refugiados en Euskal Herria para tratar de defender los derechos que según los tratados internacionales deberían tener las personas migrantes. Sin embargo, omitir la necesidad de que el marco regulatorio actual necesita una transformación, es un error que puede llevar a pensar a la gente que no existen cuestiones que cambiar y que las instituciones no tienen ninguna responsabilidad.

Pedro Sánchez trató de llevar el debate sobre la inmigración al seno de la Unión Europea. La inmigración, según sus tesis, solo se pude afrontar desde una política de fronteras conjunta a través de la estricta aplicación de los derechos humanos y el desarrollo económico social en los países de origen. Suena bien y parece un ejercicio de buena fe. A pesar de esto, no deja de ser paradójico que quién protesta porque el PP llevó el presupuesto del estado ante los socios europeos, antes haga lo propio con políticas y lugares que le toca gestionar por situación geográfica. ¿Tienen margen para el cambio las instituciones más cercanas?

En ocasiones se confunde la política migratoria con la fase de acogida. Los derechos a los que las personas migrantes en situación precaria o los refugiados deberían tener tienen su cobertura en el tratado internacional de derechos humanos del cual los estados español y francés son firmantes. No tendría porque existir una aplicación restrictiva al respecto si existiera voluntad política. Sin embargo, es en torno a la fase de inclusión en el tejido social en torno al cual existen más normativas y actitudes excluyentes, sin que esto excluya que la normativa para el acceso a la nacionalidad y la ciudadanía debería cambiar lo antes posible para acercarse algo al concepto de ciudadanía universal.

Por poner un ejemplo sencillo, cuando el acceso a la nacionalidad depende de la solicitud del demandante, los cuestionarios a los que la policía somete a las personas migrantes, impiden la total comprensión de lo preguntado e incluso, en el caso de los refugiados, la realización de la propia solicitud de asilo. Agua y comida son prioridades que difícilmente pueden estar por debajo en esos momentos de cuestiones técnicas o jurídicas. Así pues, se pueden y se deben hacer cambios en los instrumentos legales por los que se mueven los propios círculos de acogida, especialmente los policiales. La policía como instrumento y no como medio de marginación, es pues una reforma pendiente para el gobierno de Pedro Sanchez. El gobierno vasco debe hacer lo propio también con la Ertzaintza si quieren profundizar en un verdadero cambio social y luchar activamente contra el discurso xenófobo de la derecha europea y española.

Pero los ayuntamientos, competentes en el ámbito de la gente sin hogar, deben cambiar sus formulas de acogida. Limitar la estancia en estos centros a tres días debe ser una de las cuestiones que debe variar pues ante un hecho migratorio forzado por cuestiones socio económicas, la calle no es un buen lugar para poder hacer frente a las primeras necesidades y el camino debe ser recorrido en compañía de técnicos formados en todo momento. Por ello, a modo de ejemplo, otra vez, también existen aquí, a nivel municipal, cambios burocráticos urgentes si se quiere afrontar la inmigración como un hecho trasversal que afecta a todas las instituciones.

Si bien la nacionalidad es un camino que recorren algunas personas migrantes para tratar de impulsar un proceso rápido de adquisición de derechos, por el camino hay que luchar para cambiar las normativas que a distintos niveles frenan a las personas migrantes a la hora de acceder a una vida normalizada. Policía, marcos de acogida, idiomas, albergues y otras muchas cuestiones que podría seguir enumerando. La realidad es que transformar todas ellas depende única y exclusivamente de si existe voluntad política la respecto.

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