Investigación comedores escolares: ¿quien mal anda, mal acaba?

Todo lo explicado nos hace pensar que la administración protege «sus» empresas, y no un sistema de comedores de calidad. ¿Todo este entramado puede mantenerse sin ningún control? Si es así es muy preocupante. ¿Si no lo es, ante qué nos encontramos?

16/05/2018

Hace unos días asistimos, vía plasma, a la comisión de investigación sobre el cártel de empresas de catering que tuvo lugar en el Parlamento de Gasteiz. La sesión se abrió con el video de la comparencia de Joaquín Arratibel Fuentes, gestor de la empresa Aibak. En el Arratibel detalla minuciosamente los entresijos de la organización de una licitación «a la carta», explicando que el fraude se gesta en el mismo inicio de dar forma a la licitación. Cuenta con nombres y apellidos quienes se reúnen y acuerdan las condiciones de homologación que deben de reunir las empresas lícitadoras, es decir marcan las condiciones técnicas de las empresas interesadas.


También explica que la enpresa encargada de definir estas condiciones técnicas es, a su vez, consejera de todas las empresas lícitadoras que obtuvieron contratos con el Departamento de Educación desde 2003 a 2015, y que está empresa no está registrada para efectuar ese papel, aunque sigue trabajando y desarrollando, hoy en día, la misma función. Nos habla de 3 periodos, de 2003 a 2011, cuando el mercado se repartía entre 8 lotes. De 2011 a 2015, cuando se efectúa un primer cambio en las condiciones de licitación, así como en el reparto de lotes: estos pasan de 8 a10, y las condiciones técnicas de producción pasan de 4.000 a 8.000 menús diarios. Es necesario explicar que este cambio demuestra que no va, en ningún caso a ahorrar, sino a apartar la entrada de pequeñas empresas.


¿Se siguió robando pero se cuidó que lo hicieran los «elegidos»? No iba tampoco destinado a evitar acuerdos sobre precios, como queda hoy demostrado.



Y llegamos al escándalo denunciado por Aibak, la investigación del año 2003 por parte de la AVC, y otro cambio en las condiciones de licitación del 2015 que, nos dice el propio Ercoreca, ahorra 7 millones de euros anuales. Los cambios actuales, es cierto, han hecho que se rebaje el coste en 7 millones de euros, pero no se ha traducido en rebaja de cuotas a las familias, por lo que preguntamos: ¿donde va a parar ese dinero? ¿En becas? Ese cambio, destinado a ahorrar, pero que sigue permitiendo que un mismo grupo de empresas compita consigo mismo. ¿Un cambio que ha hecho que se pase de 10 a 18 lotes, ajustando la cuota de mercado del más grande para así dificultar que se demuestre un abuso de posición de mercado? Lo decimos por la segunda resolución de la AVC sobre otra nueva denuncia de Aibak, que no se ajusta del todo a la realidad obviando datos.



Todo lo explicado nos hace pensar que la administración protege «sus» empresas, y no un sistema de comedores de calidad. ¿Todo este entramado puede mantenerse sin ningún control? Si es así es muy preocupante. ¿Si no lo es, ante qué nos encontramos?



¿Por su parte la AVC, teniendo todos estos datos, en ningún momento investigó a nadie de la administración? ¿Ni siquiera al técnico que se reunía con la empresa homologadora? 



Nos huele a quemado, aún más viendo que la administración, gran perjudicada, no ha reclamado que se devuelva lo robado, ni a denunciado a estas empresas por daños. Es más, sigue y pretende seguir trabajando con ellas.



¿Seguirá haciéndolo en la próxima licitación? ¿No poniendo en práctica el artículo 71 de la recientemente puesta en marcha Ley de contratación pública? ¿Pedirá el Departamento de Educación, o de Hacienda, ó de Administración que devuelvan el dinero? ¿Seguirá no actuando? 



¿Veremos la multa abonada? ¿O se acogerán las empresas a clemencia? Recordemos, son empresas que cometieron una falta muy grave según la ley de competencia. 


¿Como acabará el gran festín que se han dado? ¡Apuestas!

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