Jubilación digna
En los últimos años estamos asistiendo a una pérdida de derechos laborales y a una degradación del precario estado de bienestar que habíamos conseguido no de forma gratuita, sino debido al esfuerzo y la lucha de un sector amplio de trabajadoras y trabajadores a quienes nunca nadie nos regaló nada y quienes en muchas ocasiones hemos pagado nuestra osadía de soñar con una sociedad más justa con un castigo, despido, con la cárcel o incluso con la muerte, dependiendo del momento.
Los niveles en materia de derechos laborales y bienestar social antes de lo que llaman «la crisis» no colmaban ni de lejos nuestras aspiraciones, el reparto de la riqueza no era justo, ni mucho menos, había amplias capas de la población que no tenían capacidad de acceder a una vida digna... pero en estos momentos el ataque sistemático y generalizado a esos derechos laborales y bienestar social, tales como la avalancha de despidos, empobrecimiento de la población, malnutrición de menores, recortes en sanidad y educación, en servicios sociales, desempleo, etc. se nos está vendiendo como si fuera una catástrofe natural, un ciclón o un tsunami, como si no hubiera personas de carne y hueso detrás de esa catástrofe que no tiene nada de natural y que está poniendo en riesgo de exclusión social a las clases medias y bajas mientras las clases altas además avivan esa catástrofe y la rentabilizan.
En esta situación, la mayoría está sufriendo estos ataques como algo personal, y se ha llegado a ver como un privilegio el que algunos sectores conserven su puesto de trabajo aunque estén perdiendo continuamente poder adquisitivo y sus condiciones laborales se estén degradando continuamente.
Este sería el caso del funcionariado, y en concreto el del profesorado de la escuela pública, sector al que pertenezco y que desde hace años está sufriendo ataques sistemáticos que no solamente afectan al salario y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, sino que de rebote también están afectando a la calidad del servicio. Por poner un ejemplo, el hecho de que los recortes hayan afectado a las sustituciones del profesorado en caso de baja laboral, no solamente afecta al profesorado que hace sustituciones y al de la plantilla del centro que tendrá que dejar a un lado sus sesiones de preparación de clases, reuniones, puesta en marcha de proyectos, etc. para sustituir a la compañera o compañero que esté de baja, sino sobre todo al alumnado que tiene que ver cómo a cada sesión les llega una profesora o profesor diferente, que en raras ocasiones conoce al grupo ni la materia que tiene que desarrollar, lo que además de traducirse en un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, conlleva en la práctica para el alumnado una pérdida de clases y una degradación en los hábitos de trabajo.
Otro ejemplo, y a este me quiero referir especialmente, es el de la jubilación del profesorado, porque además de las medidas que han afectado al conjunto del profesorado de la escuela pública en general (aumento de años mínimos de cotización y pérdida de la compensación económica por jubilación anticipada) hay otras que son claramente discriminatorias para un sector del mismo: dependiendo del régimen al que se cotiza (Muface para quienes aprobaron las oposiciones antes de que el Gobierno Vasco tuviera las competencias en Educación y al que cotiza no solamente parte del profesorado de la Comunidad Autónoma Vasca, sino casi la totalidad del profesorado del conjunto del Estado y el régimen de la Seguridad Social) se tendrá derecho a la jubilación anticipada a los 60, en el caso de Muface, o habrá que esperar a los 65 y progresivamente a los 67, en el caso de quienes cotizan en el régimen general de la Seguridad Social.
En este ejemplo, como en el anterior, no solamente se ve perjudicado el profesorado, sino que en el caso de quienes solo se pueden jubilar con 65 o 67 años, sus alumnas y alumnos no podrán esperar de ellas y de ellos el dinamismo que exige el desempeño de sus funciones, lógicamente tendrán que sufrir las consecuencias de un mayor número de bajas laborales y en definitiva la calidad de la enseñanza que reciban se verá seria- mente dañada.
Pero además es de un absurdo evidente el hecho de que teniendo la generación mejor preparada de nuestra historia, estemos condenando a la juventud al paro y la emigración forzosa mientras que personas con demasiado esfuerzo, cansancio y progresiva falta de ilusión continúan en sus puestos de trabajo. ¿Va a perder la juventud sus mejores años laborales junto a sus ilusiones mientras un profesorado extenuado ocupa el puesto que les corresponde por lógica, relevo generacional y justicia? Y ¿cuándo van a tener los años de cotización necesarios para poderse jubilar?
Al profesorado que cotiza en el régimen general de la Seguridad Social se le está aplicando la normativa del resto del Estado sin ningún miramiento, sin tener en cuenta que en el resto del Estado la práctica totalidad del profesorado de la red pública cotiza a Muface, con lo cual se están jubilando anticipadamente con 60 años. Además, la posibilidad de abrir una vía legal por la que también el profesorado que cotiza a la Seguridad Social pueda hacerlo, solo depende de la voluntad política del Gobierno Vasco. En el caso de la Ertzaintza y Bomberos, demostró esa voluntad política y a pesar de que ambos cuerpos cotizan en el régimen general de la Seguridad Social, abrió esa vía legal alegando las condiciones especiales de su trabajo. ¿Son las nuestras menos especiales o es la enseñanza pública lo que no interesa?, porque en el caso de la enseñanza privada también se pueden jubilar anticipadamente a partir de los 61 años con contrato de relevo.