Han pasado casi dos años y medio desde la firma de la Novación Modificativa del Contrato de integración de Kutxa, BBK y Vital que suscribieron los presidentes de las tres cajas el 30 de junio de ese mismo año. En este pacto, que contó con la rúbrica de la mayoría de los consejeros de las citadas entidades de ahorro, entre otros aspectos fundamentales, se contemplaba que para poderse dar la alteración del accionariado sería necesario el consentimiento de las tres cajas accionistas del Banco mediante acuerdo adoptado por sus órganos. Ahora bien, ese régimen de consentimiento individual de las tres cajas tenía como excepción que se tratara de una operación que «viniera exigida por cualquier normativa aplicable o por un organismo u administración competente». Hablando en plata: se aceptó el imperativo legal.

Más claro todavía: el blindaje no fue tal y se dejaron las puertas abiertas de par en par a la privatización. No se hizo una gran caja vasca,  se consintió una sociedad anónima de tamaño medio dentro del sistema financiero español. La «K» de Kutxa incorporada al logo del Bank y las marcas propias de cada entidad quedaban solamente como banderín de enganche con la clientela, pero se alteraba la naturaleza jurídica y se perdía la personalidad de BBK, Kutxa y Vital.

De aquellos barros, estos lodos. Desde el nacimiento de Kutxabank hasta la aprobación de la Ley de Cajas y Fundaciones bancarias el 27  de diciembre de 2013 en Cortes Generales con los votos del PNV y PP, siguiendo el guion de la llamada hoja de ruta italiana, no solamente la UE, el BCE y el FMI han patrocinado la transformación de las cajas en bancos, sino también otras fuerzas políticas y sindicales de ámbito propio y estatal y presuntamente de izquierdas. Para rematar la faena, para esquilmar su patrimonio y tejer el andamiaje jurídico obligatorio que consumará este despojo, se valen del impulso mediático que les dan los medios de comunicación que controlan. Los neoliberales de casa ponen como ejemplo a Caixabank y se aprestan a tañer la campana del parqué bursátil.

Ahora bien, ateniéndonos exclusivamente a lo legislado, ¿es inevitable salir a bolsa o tener que ampliar el número de socios de Kutxabank? En el caso de fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 50 por ciento en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, tendrán que dotarse de un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada que no puedan ser cubiertas con otros recursos y que, a juicio del Banco de España, pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia. Es decir, si se dota de ese fondo, no tienen por qué salir a bolsa.

Las preguntas obvias: ¿De qué cantidad sería ese fondo? ¿Kutxabank tiene capacidad ahora para constituir ese fondo de reserva? ¿Se pondría en peligro la Obra Social al provisionarlo? El presidente del banco ha manifestado públicamente que ni siquiera  sabe la cuantía que habría que dotar. Por tanto, se está cuando menos precipitando.  

Si Kutxabank no pudiese afrontar el montante, y considerando que la privatización de la entidad financiera perjudicaría gravemente nuestro tejido productivo, ¿no habría que recurrir antes de salir a bolsa al Gobierno Vasco y a las Diputaciones? La dicotomía entre fondo y Obra Social es otra argucia dialéctica. Este año, Kutxabank ha destinado a la acción social de los tres territorios 27,9 millones de euros. Cuando se constituyó el banco se presentaron disyuntivas similares para confundir a los ciudadanos: aumentar en tamaño o quedarnos en entidades residuales y perdernos dividendos sociales cercanos a los 500 millones, «gracias» al músculo financiero que adquiría la unión de las cajas en una sociedad anónima.

En fin, no es serio afirmar que la cantidad que destina Kutxabank a la Obra Social nos obligue a salir a bolsa o a la busca de nuevos inversores.  Soluciones a la privatización, haberlas haylas. Un pacto interinstitucional, con el apoyo de las fuerzas sociales de Hego Euskal Herria, evitaría la hecatombe de la privatización, aunque algunos (léase PNV) sitúen ésta «en su mundo real».

También nos quieren hacer creer que por medio de las «fondazionis», o lo que Mario Fernández denomina «newco» refugio de una parte de la cartera de las participaciones industriales no estratégicas, se garantizará la continuidad de la Obra Social. Todas las participadas de Kutxabank, en el pasado ejercicio, aportaron a los beneficios 25,2 millones de euros. Si el banco retiene la cartera importante: Iberdrola, Petronor, CAF o Enagás, esa cantidad se quedaría en algo testimonial. Pero la exagerada labor propagandista de los partidarios acérrimos de la privatización les lleva a afirmar que las fundaciones, surgidas por la obligada transformación de las cajas, realizarán «una especie de banca ética». Todo vale para servir a la estrategia de los que quieren quedarse con el patrimonio acumulado por generaciones de vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses.
Otra falsedad a la que están dando mucho pábulo es la del porcentaje necesario para mantener el control del banco. Resulta ahora que mantener por debajo del 30%  la propiedad de las acciones de Kutxabank es más útil y hasta más profiláctico que poseer el 100%. Higiénico sí sería porque se evitaría los virus de un protocolo de gestión de la participación financiera que imponen las autoridades monetarias, pero –reiterándonos– obligatorio, no.

Concluyendo: ¿Se puede y se debe al menos intentar evitar la desinversión de Kutxabank? Sí. En este artículo se han apuntado soluciones. ¿Se puede, a estas alturas, deshacer el camino andado y reconvertir el banco en una caja o cooperativa de crédito? No, porque el armazón jurídico- político no lo permitiría. ¿Se podría fundar una caja con un activo inferior a los 10.000 millones de euros? Teóricamente, sí; prácticamente, hay muchas dudas. Considerando las pegas que ponen las autoridades hasta para conceder una licencia de radio, no resulta muy probable. ¿Hay modelos en el estado que sirvan de espejo o alternativa? Fiare, Coop 57, compartiendo parte de su ideario, no son a mí modo de ver una opción de masas. Nuestro país, si queremos dirigir nuestros destinos, necesita un sistema financiero público que permita gestionar en beneficio de la sociedad, pero el desarrollo programático de esa tarea no es función de particulares, sino de unos responsables políticos, sindicales y sociales que, sin sectarismos y con más capacidad autocritica, sepan aunar esfuerzos y presentar proyectos imaginativos y al servicio de los ciudadanos.  

Pido escusas al lector por la reiteración en algunos mensajes, pero de alguna manera hay que neutralizar la masiva labor de propaganda de los que saben que la persistencia en los conceptos provoca que la gente se identifique con ellos y no escatiman en publirreportajes o en apariciones televisivas concertadas.