La seguridad ha sido históricamente una de las batallas ideológicas más importantes entre la derecha y la izquierda. Este año con marcado tinte electoral ha comenzado con dos cuestiones que deberíamos analizarlas en conjunto ya que lo que subyace en ellas es la cuestión de la seguridad y el orden: la conocida como «ley del sí es sí», que modifica algunos preceptos del código penal en cuanto a las agresiones sexuales, por un lado, y los ataques con armas blancas en entornos de ocio nocturno, por el otro. Ambos hechos han desatado agrias polémicas políticas con el irresponsable altavoz de los medios de comunicación que han planteado la cuestión como si se nos estuvieran llenando las calles de violadores y navajeros creando un estado de inseguridad alarmante entre la población.

Con respecto a la primera cuestión, y aparcando el inaceptable ataque personal realizado por la caverna mediática y muchos fachas a la ministra que promovió la modificación legislativa, esta debe ser abordada con cierta perspectiva. A nadie escapa que los textos legales están impregnados de ideología política, más aún si nos referimos a los articulados penales. Así, en 1995 Belloch promovió una reforma del código penal que tratando de ser más progresista que el código penal franquista del 73 rebajó algunas penas. Aznar hizo lo propio en el 2003 endureciendo las penas hasta los 40 años de prisión y estableciendo mecanismos para retrasar la excarcelación de penados en algunos tipos delictivos.

La actual ministra de igualdad ha marcado también su impronta ideológica estableciendo el consentimiento en las relaciones sexuales a fin de evitar que la falta de violencia o intimidación supongan la absolución de violadores y unificando los tipos para que tengan una denominación común. Ello ha permitido que algunos jueces interpreten a su antojo que algunas penas deben ser revisadas a la baja y en algunos casos  se han producido excarcelaciones, muchas menos que las que intentan hacernos ver algunos, pero llamativas en todo caso.

El planteamiento de la modificación legislativa se hizo más en términos políticos y acuciados por violaciones en manada y de gran eco mediático que con la necesaria calma y buen uso de la técnica jurídica. Creo que es un error de parte del feminismo obviar o minimizar la necesaria graduación de la gravedad de los delitos; no todo es lo mismo en términos políticos y mucho menos en términos jurídicos. No obstante, la modificación era necesaria y buena. Pero no lo ha parecido. En esta tesitura la derecha ha tenido fácil establecer el marco punitivista y la izquierda poco reflejo de defender un feminismo menos punitivista e igualmente eficaz jurídica y socialmente hablando. El populismo del más cárcel ha llevado a una crisis de gobierno y a un reculamiento del PSOE que raya el ridículo.  La debilidad para hacer la batalla cultural en torno a la seguridad nos ha llevado a esta situación y el poso que dejará  todo esto está por ver.

Y aún sin apagarse los ecos del supuesto desastre de la ley del sí es sí, se nos plantea como problema de primera magnitud la cuestión de las navajas. Y es verdad, no se debe minimizar. Ha habido un incremento del 20% en denuncias por el uso o porte de este tipo de instrumentos en los últimos tres años. Existe un grave problema social cuando la gente joven sale de ocio con navajas cada vez de manera más habitual. El uso de armas debería estar prohibido, sean estas de fuego o armas blancas porque todos sabemos que el que las tiene las puede acabar usando, más aún alcohol o drogas mediante. La cuestión es cómo se aborda este problema. Y he ahí que el Gobierno Vasco se apresura  junto con Eudel a subir las multas a los que lleven navajas en determinados lugares de ocio nocturno y a solicitar seguridad privada en los locales de ciertas características.

Esta premura y prisa para favorecer el titular más que para buscar eficacia en el resultado ha llevado esta semana a algunos de nuestros políticos a promover noticias ridículas. Así, hemos visto a un preocupado Aburto diciendo que acudirá a los juzgados a pedirles más juicios rápidos, asesorado por algún manager de comunicación que desconoce que los letrados de la administración de justicia están en huelga indefinida desde hace un par de semanas, que los juicios rápidos sólo se celebran en determinados casos y que en el resto la justicia es la administración más lenta que existe. Además obvia que el poder político no debe inmiscuirse en cómo se gestionan los expedientes en sede judicial si nos creemos la necesaria e imprescindible separación de poderes para el buen funcionamiento de un sistema democrático. Este tipo de burdas actuaciones, no obstante, aparte de ser sumamente irresponsables establecen una vez más el marco de debate: una derecha preocupada por el orden y la seguridad. Lo que conlleva, si no se confronta, a una mayor cultura punitiva en la que la derecha sale fortalecida y la izquierda debilitada.

Frente a este marco la izquierda debe ofrecer, por tanto, batalla. Una batalla que no permita que la derecha se apropie como el gran defensor de la seguridad y el orden frente a una izquierda hippy que permitirá que navajeros y violadores campen a sus anchas. Todas queremos vivir seguras. Nadie quiere que sus amigas e hijos tengan miedo a ser violadas o acuchillados, a un ocio nocturno de disfrute. En Euskal Herria en comparación con otros lugares la sensación de seguridad ha sido alta y la tasa de delincuencia muy baja. Habrá que analizar las causas de que así fuera, la verdadera dimensión de lo que está pasando y abordar todas las medidas necesarias de una manera integral: desde las políticas de prevención hasta las medidas policiales y jurídicas (que también). Pero no buscando un titular sino persiguiendo la eficacia, es decir, que podamos salir a la calle sin miedo.