La compra de la democracia

No solo en España sino en el resto del mundo, sobre todo en los países sometidos a una democracia pervertida,  no habrá que olvidar a quienes, con voluntad enferma, ocupan obscenamente el poder convirtiéndolo en beneficio doloso. Hay que eliminar a quienes están exhibiendo triunfalmente sus apetencias, que no son sino una explotación  monstruosa del mundo. La labor requiere la creación, aunque sea con esfuerzos en apariencia perdidos, de islas de libertad. Hay que mover una propuesta popular para enfrentar públicamente a quienes tienen a las ciudadanías aplastadas por su bota. No cabe soñar con un futuro medianamente confortable si no se resuelve este problema sanitario. Porque no se trata de negociar políticas sino de neutralizar enfermos, que una vez y otra repetirán su locura.

13/08/2018

Pero hablemos hoy de España porque ha resucitado sin pudor alguno su violencia histórica, que hace del gobierno  una cruel exhibición de inhumanidad. España es en este momento un mercado de  democracia prostituida. Quizá haya de ser un pequeño pueblo, demográficamente hablando, como es el catalán, el que rompa con la fuerza de su presencia en la calle el cascaron del fascismo dominante.

Pero procedamos punto por punto a airear este mercado de artículos seudoembarcaciones. Empecemos por la Corona –el rey como persona no me importa– de la que tengo el derecho a hablar libremente porque en teoría representa mi poder democrático, mi libertad en la cumbre, mi dignidad. Mas  la Corona española es ilegítima hablando en términos democráticos y se comporta como tal.

Esto lo escribí ya en “Interviú” en el año 1976. Si hay algo que demuestre la ilegitimidad democrática de esta Corona, alumbrada por el gran Genocida, son las actuaciones que el Gobierno ha protagonizado en tierras catalanas, convirtiendo la adecuada intervención moderadora en una reprobable tarea policial de la que han participado sin reparo alguno una serie de deudoras instituciones financieras, un intervenido mundo de la información, un conjunto de poderes intermedios que viven de los presupuestos nacionales y unas organizaciones partidarias y sindicales que pasan por caja a fin de no morir de inanición.

¿Tengo o no derecho a hablar como ciudadano de estas realidades desordenadas por la actuación corrupta de los estamentos encargados precisamente de hacer frente a la corrupción?  Al menos eso denuncian las noticias y comentarios que trasmiten unos medios informativos que se están autodestruyendo con sus falsedades.

Sí, lo escribí ya en 1976, poco antes de que un antiguo e íntimo amigo en la batalla antifranquista me ofreciese un acta de diputado y un puesto ministerial en las únicas elecciones que ganó Adolfo Suárez, pronto abatido por los ávidos manipuladores de la gran estafa de Suresnes ¿Es así o no es así, Sr. Guerra, que ahora pide una expeditiva eliminación de los que buscan la libertad? No puedo creer en una Corona que designó el gran perjuro de banderas haciendo sucesor suyo «a título de rey» a un joven que invalidó a su padre tras jurar los Principios del Movimiento Nacional ante un pueblo emborrachado e hipermétrope por sufrir una prisión inicua durante cuarenta años.

Esto, repito, lo escribí ya en 1976 y seguí escribiéndolo en los siguientes años «constitucionales» alzados en andas por un referéndum sin alternativas y aupado a la «perfección» democrática por comunistas desleales, por socialistas mensajeros y por liberales que siempre subrayaban la lealtad cívica de todos los uniformados al poder civil ¿Puedo repetir todo esto  amparado por una   democracia que, se diga lo que se diga, fue gestada en vientres de alquiler? Esa democracia que ante el primer envite  auténticamente democrático se ha ido por los famosos desagües del Estado en los que está situado, al parecer, el cauce del Tribunal Constitucional, cuyos protagonistas han conseguido cambiar la augusta toga por un prudente traje de empleado.

Sigamos planeando sobre la situación antidemocrática que padecemos. Al Tribunal Constitucional le ha bastado un recurso firmado por el atropellado mimosín que lidera el extinguible Partido Socialista de Cataluña para suspender solemnemente un pleno de las Cortes catalanas para declarar la independencia de Catalunya, pleno que al parecer barajaban como posibilidad algunos diputados de ese Parlament, con lo que tan alta magistratura española ha creado nada menos que el delito de ideación política, figura que no acierto a encajar en ninguna doctrina de la filosofía del derecho. ¿Qué pensarán esos magistrados de la «justicia» que aplicaron para suspender un pleno parlamentario no convocado con el argumento especioso de que se trataba de impedir una posible medida que contendría una «relevante y general repercusión social y económica»?  

¿Aquí quién legisla? Porque lo que hizo el Constitucional fue legislar preventivamente. ¿Cómo explicarán en su momento esos jueces ese comportamiento de fondo penal sobre un hecho no consumado? Porque llegará un día en que todo eso será juzgado si arriba por fin la ley como cierta y la libertad como fundamento de la conciencia. ¿O siempre será punible que quienes leemos a Kant sostengamos que en ocasiones la ley puede estar vacía de moral y también sus servidores?

Vayamos al hecho que luce el gobierno español como una victoria antinacionalista: la resituación fuera de Catalunya, aunque sea sólo gestualmente, de  algunas relevantes entidades financieras , cuya decisión es tan frágil que sus grandes figuras no han tenido la elemental fuerza para emigrar a Madrid a fin de consolidar su voluntad unitaria y la teoría financiera en que se apoyan. Llevar la fachada de la sede principal a Alicante o a Mallorca, mientras se conserva el gran aparato director en el lugar de origen, resulta absolutamente ridículo.

Pero hay en este ademán algo muy fácil de explicar: la posibilidad de que Madrid, ante una desobediencia como la que enfrenta, exija la devolución  del préstamo multimillonario que hizo a esas entidades el Estado con dinero de los presupuestos públicos cuando crepitaba su solidez por administración lesiva. Ayudas de cuyo retorno ha dejado de hablarse porque lo urgente es ahora encontrar recursos para sostener, entre otras cosas, unas miserables pensiones y unos arruinados mecanismos de asistencia social, como la ayuda anti desahucios o el mantenimiento de la energía en los hogares mártires del invierno. Conste que algunos ingenuos ya avisamos sobre la trampa cuando observamos la malicia de un Gobierno que no deseaba comprometerse con el Banco Central Europeo en el rescate de la banca, como hicieron los restantes Estados comunitarios, porque prefería tener en sus manos una deuda con la que amenazar  si se hacía políticamente necesario. En eso consistió el triunfo Rajoy cuando explicó a la sociedad española su brillante idea patriótica, de la que, como es lógico, no volvió a hablarse.

Y mientras otros prestatarios pueden negociar con el BCE su deuda España anda huída por Bruselas. Unos bancos catalanes pagan ahora su sumisión financiera antisocial con una ayuda que parece extraída de «La ópera de dos centavos»: irse a veranear una temporada a Palma o Alicante. Lo que yo me pregunto es si los catalanes en guerra por su libertad no decidirán prescindir de esos bancos. Las ideas españolistas están hundiendo hasta el lenguaje: condenan la «secesión unilateral» de Catalunya ¡Claro que es unilateral, ya que una secesión bilateral, que es irse uno del otro a la vez, es una invención magnífica que se llama acuerdo!