La gobernanza de una organización o institución se remite a los sistemas y procesos relacionados con la dirección general, control y responsabilidad (accountability), sea sistémica, sea para una temática en particular. Para un proyecto concreto implicaría a: a) la toma de la decisión; b) la formulación y aprobación de la estrategia −en coherencia con sus misiones y con las leyes−, además de la definición de las políticas para implementarla; c) el chequeo de la legitimidad, comunicación, participación y responsabilidad desde estándares de ética, transparencia y rendición de cuentas; d) la supervisión y monitoreo de la eficiencia en el desarrollo y ejecución; e) la optimización del impacto; f) el buen uso de los fondos.

Si repasamos los tres primeros ítems, que son ya operativos, se puede chequear cómo se ha gestionado por las instituciones hasta ahora el proyecto de Guggenheim Urdaibai (GGU). El diagnóstico es que peor no se pueden hacer las cosas. Se trata de un modo de gestión vertical con fuerte anclaje en la trayectoria del PNV.

Primero la decisión se tomó sin tener un diseño cultural para un proyecto que se decía cultural. Lo corrobora que los encargos de estudios fueron solo a consultoras de arquitectura (Cooper-Robertson y Ajuriaguerratres), y ninguna a consultora cultural. Segundo, primero se decide y, luego, se escucha, cuando lo normal sería al revés. Ello viene a indicar que, además, tampoco escucharán a posteriori, salvo fuerza mayor. Están forzando una situación límite y de gran conflicto. La «decisión final» no parece que dependa de la «escucha activa» de Agirre Lehendakari Center (ALC), sino de la capacidad de movilización masiva de los opositores a este proyecto.

Una decisión sin diagnósticos previos

Se supone que antes de tomar la decisión −en 2008 para Sukarrieta, y retomada en 2021 para Astillero y Dalia− sobre un tema tan relevante y costoso, había que haber hecho dos diagnósticos previos que no se hicieron.

Por un lado, sobre las necesidades en equipamientos culturales de un país con una cultura minoritaria y en construcción. Por otro lado, y si se estaba pensando en Busturialdea, se requería otro diagnóstico, sobre la economía de Busturialdea, para pensar sobre su eventual encaje o no. No se hizo hasta 2021 por parte universitaria (Zallo) y hasta enero de 2025 −después de haber decidido el GGU− por parte de una consultora (BMasi). Y de ninguno de los dos se deduce que ese sería un proyecto tractor para la comarca. El GGU va por otro carril, el del porque sí, sin consulta popular, ni codecisión, ni mediación, ni deliberación, para resolver colectivamente lo que, por un mal planteamiento, ha devenido en conflicto.

De todos modos, sí hay un modelo económico implícito u oculto: la apuesta turística para cubrir la desidia de 40 años. Por cierto, a los 140.000 turistas previstos, la página web de la Fundación Guggenheim Bilbao ya los ha convertido en 150.000. Como justificación para apostar por los servicios y el turismo en la presentación del proyecto de Diputación ("El Correo", 6-5-22) se decía que «las dos últimas décadas han revelado una escasa tendencia a la implantación de nuevas actividades económicas en Busturialdea». El comentario es una desfachatez, ya que fue la propia Diputación quien aplazó los accesos por Sollube y Autzagane y la disposición de suelo industrial en las cabeceras o de un parque en Muxika, disuadiendo así la implantación de empresas.

También se ocultan los impactos inmobiliarios, urbanísticos y de ocupación del territorio por vivienda residencial y negocios en los aledaños de las sedes –el Patronato tendrá más trabajo− o los impactos en el encarecimiento de la vivienda en los pueblos que traería el GGU. Por si acaso un inversor espabilado ya se ha comprado terrenos alrededor de Dalia; otros piensan sacar del armario sus propiedades en Urdaibai adquiridas durante el tardofranquismo cuando se esperaban puertos deportivos; y, parece haber movimiento inmobiliario tentador para chalets y negocios auxiliares del hipotético museo en los alrededores.

El modelo decisional que se sigue no es por razones de interés público sino por demanda de parte: la Fundación GG Bilbao tiene «capturadas» a las instituciones.

Los propios responsables de las instituciones públicas han disentido en el proceso. Urkullu quería una moratoria que Pradales no concede. La parte socialista del Gobierno se vio atrapado por el acuerdo entre Teresa Rivera y Aitor Esteban para la implicación del Gobierno de España en la regeneración de las marismas y el apoyo implícito al proyecto del GGU en Astillero, al avenirse a modificar una ley Marco como la ley de Costas y a una dotación a cambio de un apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. ¡Vaya Gobernanza transparente de excepciones y cromos, de ambos Gobiernos! También chocaron Gobierno y Diputación, a cuenta del palafito colgante. Mala imagen.

No es verdad que el tema esté en standby, ni en compás de espera, como pidió el lehendakari Urkullu, sino que siguen los trámites previstos, para despejar los obstáculos a su implementación: «la hoja de ruta se mantiene invariable y las instituciones siguen adelante con las labores medioambientales y administrativas previas» señalaba "El Correo" (14-2-25), al dar cuenta de la rueda de prensa institucional presentando la tarea de ALC.

Una ruta estratégica desconocida

La única hoja de ruta estratégica que se conoce es el pésimo informe Cooper– Robertson de ocurrencias urbanísticas sin contraste, y que es menos una estrategia como un esbozo de justificación. Llama la atención cómo las instituciones se pudieron echar a la piscina sin mayor respaldo.

La cosa no ha mejorado. Un amago de desarrollo es el contenido en la página web de la Fundación GG de Bilbao en el que se ha sofisticado el lenguaje y las intenciones pero no pasa de ahí, con afirmaciones sin base: «la naturaleza como modelo para el museo de futuro», en lugar de intentar justificar la nula pertinencia de un Museo en otro Museo (natural) y a su costa; la idea nebulosa de que «integraría producción artística, ecología y tecnología, conectividad social e investigación»; la alegría fantasiosa de afirmar que el nuevo museo «puede impulsar la diversificación del tejido económico fomentando la creación de nuevos sectores, servicios de mayor valor añadido y la generación de empleos en ámbitos conectados con el arte, la educación, la ciencia y la cultura, el turismo sostenible, la gastronomía, el comercio, la ecología y el ocio, contribuyendo, en definitiva, a la visibilización de Urdaibai a nivel internacional y a la atracción de inversiones a la comarca». Nada menos.

Por interesado antojo institucional, se quiere esquivar, en lugar de acatar, el sistema de protección de las leyes de la Reserva y de Costas. Tampoco es de recibo que «el guardián «de la Reserva pida que se exceptúe la zona del Astillero de la aplicación de la Ley de Costas, reduciendo la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, en un tramo de casi un kilómetro, lo que está recurrido por varias asociaciones (¡a saber con qué judicatura se topan, si garantista o pasota!).

En la misma senda de eliminar «obstáculos legales», han ido: la división del proyecto en fases buscando evitar una Evaluación Ambiental Estratégica global, que como requisito legal podría ser un obstáculo serio; la modificación del Plan Territorial Parcial de Busturialdea y Markina; o que se revise el PGOU de Murueta para recalificar suelo como equipamental; o la licitación –luego suspendida− de la vía verde en palafito en Punta Murueta; o que se fuerce la renuncia a competencias municipales de tres localidades –Gernika, Forua y Murueta−; o se apueste por la crisis municipal permanente en Gernika –o sea a costa del bienestar local− con tal de que EH Bildu – contrario al GGU− no acceda a la alcaldía; o el derribo del edificio de Luis de Gana en Dalia; o estar a verlas venir con las resoluciones judiciales pendientes; o las dudas sobre si se le cargará a Astilleros o no, el coste de dejar impoluto el tramo en concesión que debe abandonar.

La legitimidad y participación

La legitimidad y participación han brillado por su ausencia. Todo va sobre el carril de los hechos consumados. Todo ello reduce seriamente la legitimación.

Lo que cuadraba es que se hubiera abierto un Foro, paralelo, para debatir sobre el proyecto GGU. Como con el Plan Económico, aunque esté siendo más de cara a la galería que real y sea muy decepcionante. Pues ni eso. Si no hubiera acuerdo, lo normal sería una consulta. Pues tampoco. Solo un compromiso tardío de escucha que parece más un proceso de mero oído, con altísimo riesgo de oídos sordos, ya que no hay compromiso institucional con sus resultados, y con un aspecto creciente de entretenimiento para desactivar el ciclo de protestas. Siendo partidario de participar en esa escucha −para que no haya dudas sobre el sentir social mayoritario− puede que, al final, ALC sí escuche, pero no las instituciones, demasiado obcecadas en sacar adelante un proyecto de sí o sí, salvo que se les presione fuerte. Buen camino.

El modelo de comunicación mismo no ha sido a través de ruedas de prensa abiertas a preguntas, sino de publirreportajes en exclusiva con “El Correo” y de continuas filtraciones interesadas de novedades. Transparencia cero.

Una derivada de cómo se está gestionando el tema es que, si continúa el conflicto y no hay acuerdo social, también puede tener un coste reputacional inasumible para la Fundación de Nueva York, aunque no andan sobrados de fondos: reestructuraron plantillas.

Quienes no sean partidarios del proyecto, carecen de motivos para dejar de movilizarse y empoderarse desde abajo. Hay que reactivar el camino de la explicación social y de la movilización. Y aquí tiene una responsabilidad creciente EH Bildu, hoy ceñido en este tema a una práctica declarativa. Le toca liderar la parte política de la oposición al proyecto y acompañar al movimiento, así como ofrecer una alternativa al Plan Económico de Busturialdea.

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