En nuestra República Argentina, a partir de la aprobación de la Ley Nacional N° 25663, se conmemora, el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. La norma tiene como finalidad, mantener vivos los hechos ocurridos durante la dictadura militar, que se inició con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que desalojó del poder por la fuerza a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón, y finalizó un día 10 de diciembre de 1983, con la asunción del gobierno constitucional del Dr. Raúl Alfonsín.

Se entiende que es un día de reflexión sobre las diferentes violaciones de todos los derechos que llevó adelante la última dictadura militar, con el consecuente exilio interno y externo y la desaparición de personas. En tal sentido, la memoria histórica es la que posibilita que los habitantes de una Nación, en este caso la Argentina, se mantengan presentes estos excesos y violaciones de derechos, ocurridos en esa oscura etapa de nuestra historia, con el propósito de cimentar una conciencia democrática-republicana, y evitar que en el futuro, las nuevas generaciones de compatriotas desconozcan estos hechos, y sean permeables a poder caer nuevamente, en las terribles consecuencias de su repetición.

Como parte de un aprendizaje social, sobre lo ocurrido, estos hechos no deberían volver a ocurrir. En esta sentido, es nuestro deber como ciudadanos democráticos, dejar bien en alto los valores de la verdad y la justicia, en el convencimiento que este mismo respeto de los valores antes enunciados, deben ser parte de nuestro accionar diario, de cara al futuro en cada uno de nuestros actos.

La tarea es recordar y mantener viva la memoria, pero también trabajar día a día para la formación de ciudadanos democráticos, los que en definitiva tomarán la posta generacional, y serán ellos, los artífices de la construcción de una República Argentina, que sea motivo de admiración por el mundo entero, por su gente, su cultura, sus valores democráticos y el respeto a todos los habitantes que forman parte de esta gran Nación.

Pero como miembros del Colectivo Vasco-Argentino, no podemos dejar de hacer una breve a mención a la situación sobre la memoria histórica en el Estado español.

A partir de la aprobación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica en España, asume la condena del franquismo, contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1939 y 1975.

Si bien la mayoría de las apreciaciones sobre los beneficios de la norma, conducen a calificar la misma como insuficiente, la Ley tiene por objeto reconocer y ampliar los derechos a favor de quienes padecieron persecuciones y violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En tal sentido, se establece promover la reparación económica y moral de las víctimas, declarando la ilegitimidad de los juicios llevados adelante por jurados y tribunales, que impidieron a los acusados tener un juicio justo, como por ejemplo, los llevados a cabo contra Republicanos, Nacionalistas Vascos y Catalanes, miembros del Partido Comunista y de la Masonería.

También la Ley prevé llevar adelante medidas para la identificación de las víctimas. Lo que se realiza en forma privada ante la negación de las admiraciones de los partidos españolistas en colaborar. Debemos destacar, la labor del grupo de Paco Echeverría en el País Vasco, y otros colectivos, que enaltecen con su labor, una tarea sublime en la búsqueda de la Verdad y la Justicia.

El artículo 15 de la ley antes mencionada, garantiza la retirada de escudos, insignias y placas que hagan referencia a la exaltación del franquismo. Todo indica que hasta la actualidad poco se ha avanzado, ya que la corporación católica, no se siente alcanzada por la norma y la justicia española mira para otro lugar.

Otro capítulo aparte merece el destino final del Valle de los Caídos, que en definitiva no sufrirá muchos cambios en su rol y funcionamiento. Sería justo que se retiraran del mismo los cadáveres de quienes allí están sepultados y entregados a sus familias para la inhumación en cementerios comunes.

Con el fin de garantizar la reconstrucción de la memoria histórica, se debe apoyar a todos los colectivos que trabajan en la búsqueda y reconocimiento de los fusilados sepultados en fosas comunes por los franquistas durante la dictadura.

Cabe destacar la negación de la Justicia española a cumplir con la Ley de Memoria Histórica, poniendo trabas, negando información y documentación, aplicando la ley en general con distinta vara, sin equidad, ignorando las denuncias de tortura, la dispersión de los presos y encarcelando a políticos democráticos por querer ejercer el derecho a decidir. Hasta el colmo de desoír las demandas y observaciones en temas referidos a los derechos humanos que le realiza la Unión Europea, como así también, de otros países sobre los hechos ocurridos en la dictadura franquista, como por ejemplo, los realizados por la justicia de la República Argentina, negando la extradición de los genocidas para enjuiciarlos.

Sólo con la verdad histórica se podrán saldar los hechos ocurridos en el pasado. En tal sentido, sería tarea de los partidos políticos nacionalistas vascos, llevar adelante la iniciativa de dotar a sus comunidades la legislación necesaria, en el sentido de poder avanzar en estos temas, como así también, apoyar todas las iniciativas que conduzcan a arribar a la verdad y la justicia, y el restablecimiento de todos los derechos, que han sido cercenados a sus ciudadanos.