Ya hemos celebrado otro aniversario de la Constitución española, el cuadragésimo tercero, y a diferencia del dulce licor que también lleva este número, tragar tantos litros de Régimen del 78 provoca un fuerte ardor. Especialmente para la izquierda española que ha tenido un discurso errático en relación con la Carta Magna. Históricamente el PSOE ha defendido su reforma pero de una manera totalmente superficial y oportunista y sin llegar a concretarlo en ninguna ocasión de las que ha estado en el poder. De hecho, la única reforma constitucional de fondo es la del artículo 135 que pactaron, en pleno agosto de 2011, el PP con el PSOE al dictado de la UE. Una reforma regresiva porque prioriza el pago de la deuda a las políticas sociales. Se pueden encontrar algunas declaraciones de Pedro Sánchez donde se posiciona contra esta reforma (también se pueden encontrar algunas a favor, es lo que tiene el personaje). Unidas Podemos, por su parte, lleva la derogación de este artículo en el programa electoral.

En este aniversario las declaraciones de los dirigentes de UP han sido disonantes pero bastante tibias. Queda muy lejos del discurso más rupturista con el que emergió Podemos en 2014, que llevaba el proceso constituyente por bandera. Esta impugnación de raíz ha ido modulándose hasta cierta defensa de la Constitución en sus aspectos sociales. El artículo con el que Pablo Iglesias ha estrenado su fase post-secretario general ha sido precisamente una defensa del artículo 128 de la Constitución como elemento de confrontación con el neoliberalismo. Un discurso que recuerda al que había hecho en algunos momentos el PCE y, particularmente, Julio Anguita. Que en su caso era comprensible porque debía encajar con la historia de las renuncias que el partido había hecho en la Transición. Pero Podemos, en cambio, surgió como una nueva izquierda, criticando todas aquellas renuncias y encajándolas en un marco que ellos mismos consolidaron mediáticamente: el llamado Régimen del 78. Pero pasados los años, a efectos de relato constitucional, Podemos ya es IU: el texto tiene aspectos buenos y debemos concentrarnos en ello.

De esta forma la izquierda española cae en la trampa constitucional. En ningún caso podemos comparar la Constitución española con las democracias surgidas de la derrota del fascismo en 1945 como la italiana o la alemana. Allí la correlación era mucho más favorable a la clase trabajadora. La Constitución española nace de una «correlación de debilidades» en la que la izquierda renunció a la ruptura y los franquistas pudieron mantener muchas continuidades en el nuevo régimen monárquico. Es significativo que de los siete padres de la Constitución, cuatro terminaran en el PP. Y a su derecha, Vox no tiene problemas para hacer un discurso fascistizante mientras defiende a ultranza la Carta Magna.

Éste es el marco de fondo. Si vamos a las cuestiones concretas veremos que toda la parte de derechos sociales quedó en una posición subordinada. Es el capítulo II el que fija los derechos y libertades en los que está el derecho a la educación y al trabajo (y este segundo ya vemos que no se cumple). En este apartado es donde también existe el derecho a la propiedad privada. El resto de derechos sociales quedan relegados al Capítulo III, el de los Principios rectores: redistribución de la renta, salud, medio ambiente o vivienda.

El aspecto central de la Constitución, sin embargo, es que ahoga cualquier poder constituyente nuevo. Primero, en cuanto a referéndums y procesos revocatorios, el texto final sufrió claros recortes respecto al anteproyecto, quedando el esmirriado artículo 92 actual. Por cierto que si se repasa el debate sobre este punto sorprende descubrir que el principal azote de la democracia directa fue el ponente del PSUC/PCE, Jordi Solé Tura. En segundo lugar, el proceso de reforma es también extremadamente conservador. Y tercero: en cuanto a los derechos de los pueblos, que reivindicaron Letamendia y Xirinacs como voces en el desierto, la Constitución consagra un nacionalismo español para cerrar con doble llave la voluntad constituyente de naciones como la catalana. También entre el anteproyecto y el resultado final estos aspectos tiraron aún más atrás: como explicó el propio Solé Tura, el redactado del artículo 2 («indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles») y del 8 (el Ejército como garante de la unidad de España) vino en un sobre cerrado directamente desde el Estado Mayor del Ejército.

La unidad de España es el fortín de las clases dominantes para evitar cambios de fondo. Por eso en este aniversario de la Constitución hemos vuelto a ser las fuerzas soberanistas e independentistas de las naciones sin Estado, las firmantes del acuerdo de la Llotja, las que hemos señalado la raíz del problema. La autodeterminación es la palanca necesaria para cualquier proceso constituyente de consolidación de derechos sociales.