Omar Boudaaoui
SOS Racismo Bizkaia - Bizkaiako SOS Arrazakeria

La Ley de Extranjería es una porquería

Llegar al territorio europeo de una manera regular es casi imposible para la gente parada que llega, especialmente, desde África y que esa situación les deja una única posibilidad: echarse al mar o saltar las vallas acuchilladas.

Cuando las personas inmigrantes y las organizaciones que les apoyan gritan en sus protestas y manifestaciones este lema, el mensaje llega a la ciudadanía, ¿imagina ésta el sufrimiento humano que hay detrás de ese grito de indignación? No se puede saber porque es una ley que toca una población históricamente silenciada, invisibilizada, rodeada de mitos y prejuicios al gusto de los y las racistas y al servicio del apetito electoral de la derecha.

Esta ley, aprobada en el año 2000, que luego ha experimentado varias modificaciones, se introdujo no para regularizar una situación, sino más bien para controlar el flujo migratorio, o mejor dicho, para poner al ser humano inmigrante bajo una presión permanente.

Algunas personas sabemos que llegar al territorio europeo de una manera regular es casi imposible para la gente parada que llega, especialmente, desde África y que esa situación les deja una única posibilidad: echarse al mar o saltar las vallas acuchilladas. Las personas que aún sobreviven y tienen la "suerte" de pisar la tierra prometida, se encuentran, de repente, delante de un desafío enorme que se llama Ley de Extranjería, con la cual para poder pedir un permiso de residencia y trabajo se les exige primero acreditar una estancia de tres años continua en el territorio español mediante el padrón, que es ya en sí mismo una barrera alta y potente que hay que saltar; es decir: se les exige estar malviviendo y trabajando en la economía sumergida, con todas las consecuencias que ello conlleva durante todo ese tiempo. Eso si esa persona no tiene la desgracia de ser arrestada y acaba saliendo del juzgado con una orden de expulsión bajo el brazo, o peor aún, terminar en un CIE, es decir en una cárcel, a la espera de ser expulsada.

Una vez pasados los tres años en la clandestinidad y la precariedad, y después de haber realizado cursos y más cursos, empieza la carrera de buscar el "famoso" contrato de trabajo, que debe ser de un año de duración como mínimo, o montar un negocio propio para poder presentarse en la Oficina de Extranjería y pedir un permiso de residencia y trabajo temporal de un año. Parece sencillo, pero no lo es por los siguientes motivos: cuando una persona emigrante consigue, después de andar buscándolo, casi suplicándolo, ese contrato, la parte contratante debe hacerle –prácticamente– un favor, porque alguien sin permiso de residencia, no puede incorporarse a trabajar en una empresa de manera legal al día siguiente. Antes, y a partir de conseguir el compromiso de un puesto de trabajo debe conseguir varios papeles y certificados; los más complicados son los que debe extraer de su país de origen, ya que requieren trámites y una espera que puede alcanzar los tres meses, y en todo ese tiempo, el compromiso del contrato debe ser "vigilado", "cuidado" como un tesoro. Y cuando logra y consigue reunir todo el papeleo con todos los requisitos que le exige la ley, todavía tiene que ponerse a la espera otros tres meses –el tiempo que duran los trámites en la Oficina de Extranjería– para poder incorporarse al mercado legal del trabajo, donde por fin puede vender en mejores condiciones su fuerza de trabajo. Si alguien conoce a una empresa tan necesitada y tan desesperada que esté dispuesta a esperar a un trabajador o trabajadora de la construcción, o de la hostelería o del hogar todos estos meses, que me la indique por favor.

Y a raíz de esos trámites tan complicados y largos surgen todo tipo de "negocios" y estafas que en muchas ocasiones convierten el sueño de "tocar" un simple documento de identidad en una pesadilla. Pero todo esto no para aquí. La renovación de la maldita tarjeta es un desafío. Igual que para el primer permiso, se vuelve a necesitar, otra vez, el maldito contrato, es decir, tienen que demostrar que siguen con la misma relación laboral de antes, o bien, presentar un contrato nuevo, o, en su caso, justificar estar cobrando una ayuda especial (el RGI no vale). De lo contrario, vuelta atrás, a empezar de nuevo. Es decir, la persona inmigrante, con los tiempos que corren, con la llamada crisis, no tiene el "privilegio" de poder caer en el paro.

Esta situación ejerce una enorme presión añadida sobre las personas inmigrantes en relación a la que se ejerce sobre los y las trabajadoras autóctonas, porque cualquiera que se encuentre bajo esas circunstancias se ve obligada a aceptar todo tipo de condiciones laborales precarias, alimentando más la guerra de la gente pobre contra la más pobre que fomenta, a su vez, la xenofobia y el racismo, debilitando y distorsionando las luchas sociales.

Y si añadimos a este coctel de racismo y clasismo, el factor género, es decir, si la persona inmigrante es mujer y se halla –generalmente– sola, sin apoyo familiar, la situación es doblemente grave por lo que conlleva de violencia de género durante todo el tránsito largo y duro del camino hacia Europa y, luego, a la hora de afrontar la cruda realidad de ser mujer, inmigrante, negra y musulmana.

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