La mayor estafa financiera de la historia

La movilización social estos diez años, encabezada por las PAHs, ha puesto contra las cuerdas a los bancos y sus prácticas criminales, consiguiendo visibilizar las cláusulas abusivas, especialmente la de vencimiento anticipado, en los contratos hipotecarios.

15/09/2018

A 10 años de la caída de Lehman Brothers el acceso a una vivienda digna y asequible sigue siendo misión imposible para miles de familias vascas mientras no se persiga la especulación y se aumente el parque público de viviendas.

El colapso del banco de inversión Lehman Brothers, hace diez años, simboliza la mayor estafa financiera de la historia, basada en la especulación inmobiliaria y el robo organizado mediante la concesión de créditos hipotecarios. El Estado español ha sido uno de los países mas afectados, con más de medio millón de familias desahuciadas por impago de la hipoteca, más de 20.000 familias en Euskadi.

Los más de 100.000 millones de euros de ayuda pública para rescatar la banca no se van a recuperar, y han aumentado el endeudamiento público y los recortes sociales. La desigualdad y la pobreza han crecido, incluso entre los que tienen un empleo. Según el Observatorio Vasco de Vivienda el 20% de las familias vascas tiene ingresos inferiores a 9.000 euros anuales, y 61.000 familias tienen problemas para pagar la hipoteca o la mensualidad del alquiler.

Diez años después, la especulación se abre camino, mediante la vuelta al «ladrillo» y el negocio de los alquileres. «Fondos buitre» que compran suelo y edificios enteros, incluso públicos, Socimis que solo pagan un 1% de impuestos, o el crecimiento de pisos turísticos, están inflando una nueva burbuja inmobiliaria ante la pasividad de las administraciones públicas. En la CAV, el insuficiente parque público de viviendas, menos del 2% frente al 15% de media en Europa, con mas de 50.000 familias inscritas en Etxebide en demanda de alquiler social, está favoreciendo el aumento abusivo de los alquileres, que se sitúan ya en 1.096 euros de media, y esta obligando a las familias a dedicar un 60% de sus ingresos a la vivienda y potenciando el alquiler de habitaciones, con precios de 400 euros mes, y el hacinamiento de varias familias en un mismo piso.

Esta especulación, acompañada de nuevas fianzas de hasta seis meses, y avales bancarios de hasta 5.000 euros, como exige Vitalquiler que alquila VPO en Araba, esta detrás del aumento de desahucios, por impago de renta o por aumentos abusivos al finalizar el contrato. De los 1.200 desahucios practicados el año pasado, un 75% lo fueron en viviendas de alquiler. Al mismo tiempo, repunta el «ladrillo» con precios por metro cuadrado al nivel de hace diez años, y los bancos han vendido sus hipotecas dudosas a «fondos buitre», como Kutxabank y Santander a Blackstone, o el BBVA a Cerberus, lo que implica que miles de hipotecados vascos pasan a depender de fondos de inversión especulativos con sedes en paraísos fiscales.

Es cierto que la movilización social estos diez años, encabezada por las PAHs, ha puesto contra las cuerdas a los bancos y sus prácticas criminales, consiguiendo visibilizar las cláusulas abusivas, especialmente la de vencimiento anticipado, en los contratos hipotecarios, y exigiendo la aplicación del CBPB, que permite firmar carencias por cinco años con cuotas reducidas, pero es un alivio temporal que debe solventarse con una modificación radical de la legislación vigente. El dictamen de Naciones Unidas de junio 2017, declarando violación grave del derecho internacional cualquier desalojo forzoso sin alternativa habitacional, y la Ley de Vivienda PAH, presentada este año en el Congreso, son una buena base para dichos cambios.

Stop Desahucios Euskadi no vamos a parar hasta conseguir que el derecho a una vivienda digna se considere un derecho fundamental de las personas, y que las administraciones públicas se comprometan con hechos, y no con palabras, a luchar contra la especulación y erradicar la lacra de los desahucios de la vivienda habitual.

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