Es un rasgo de la política actual construir los relatos y después adaptar los hechos objetivos a esas construcciones discursivas. Sin embargo, los castillos en el aire, son eso mismo: aire y nada más. El ejecutivo de Urkullu había asumido como objetivo 2016-2020 reducir la pobreza un 20%; pura retórica que no se corresponde con los datos (no) presentados por el Gobierno Vasco basados en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2018. Castillos en el aire.

Pero vamos a dichos datos. El riesgo de pobreza ha pasado de representar un 16,4% en 2016 a un 17,7% en 2018. De todas esas personas, un 54,7% son mujeres. En total, ya son 522 000 personas en toda Hego Euskal Herria que viven por debajo del umbral de la pobreza. Si nos fijamos en los números de la pobreza grave o severa, esta también ha aumentado de un 3,1% al comienzo de la crisis económica a 5,1% en 2018, es decir, ha crecido un 65%. Son 110 000 personas las que viven en situación de pobreza. Detrás de esos números hay personas que no pueden llevar una vida digna y que se ven abocadas a un presente y futuro de precariedad y exclusión social.

Más allá de los porcentajes concretos, es importante ampliar el foco y tener una noción general de la situación. La última crisis económica fue aprovechada por el capital para vulnerar y mermar derechos económicos y sociales, profundizando así, aún más, en los procesos de precarización social y laboral. Esta conculcación de derechos, que a día de hoy, sigue teniendo efectos muy negativos en cuanto a niveles de precariedad y pobreza, se llevó a cabo mediante tres vías de empobrecimiento y castigo de la clase trabajadora vasca. En primer lugar, mediante la aplicación de la reforma laboral en las empresas vascas, con un mercado laboral cada vez más desigual que empobrece y no garantiza recursos económicos suficientes. En segundo lugar, mediante la discriminación de las mujeres, las cuales ven condicionado su acceso al empleo, en un mercado laboral segregado profesionalmente y que impide la necesaria autonomía económica que les permita desarrollar un proyecto de vida independiente; en concreto, 8 de cada 10 personas que tiene un empleo parcial son mujeres. Y tercero, el desmantelamiento del sistema de protección y sus consecuencias dramáticas: un sistema que cada vez protege a menos gente y con prestaciones cada vez más bajas. Sobre las dos primeras vías, nada hace ni dice el Gobierno Vasco, a pesar de la gravedad de sus consecuencias. Sobre la tercera, las modificaciones que acomete, ahondan en ese desmantelamiento. Se presentan una serie de propuestas modificativas, cambios normativos que endurecen, en la mayoría de los casos, el acceso a la prestación, que rebaja cuantías, y que, en definitiva, no orienta este derecho básico a su función: avanzar y profundizar en la cohesión social de la sociedad vasca.

Además, el crecimiento del PIB de la CAV desde 2014 en un 3% anual no se ha traducido en una mejoría de las condiciones materiales de las trabajadoras; todo lo contrario, el crecimiento de los datos económicos solo ha beneficiado a las élites. Por lo tanto, el aumento de la precariedad y la pobreza son correlativos a la maximización de beneficios por parte de la patronal. Alguien podía pensar que las políticas de protección social y la inversión pública en materias que generan escenarios de igualdad podrían corregir esta tendencia, pero nada más lejos de la realidad. El Gobierno Vasco ha reducido el gasto en sanidad (de un 5,24% a un 4,73% del PIB en 8 años) y en educación (de un 4,1% a un 3,5% en el mismo lapso de tiempo).

Como decíamos, el sistema de protección social, no es que no corrija las situaciones de pobreza, es que ni siquiera llega a amortiguarlas en muchos casos. Como viene reflejado en la EPDS, más de 70 000 personas que reciben ayudas sociales, sea Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda, Ayudas de Emergencia Social u otras, viven en la pobreza. Y esto sin contar las personas que están en situación de exclusión social y no pueden acceder a las prestaciones. Además de todos los recortes que ha habido en los últimos años en estas prestaciones, la proposición de ley presentada por el del PNV y el PSE sobre la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, el pasado 27 de junio, viene a profundizar esos recortes, a criminalizar a las personas perceptoras y a dificultar el acceso a muchos colectivos. Ante esto, desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, presentamos una Iniciativa Legislativa Popular donde se marcaba un camino hacia un sistema de protección social digno y que garantizara unos derechos sociales básicos. Es sabido que el Parlamento Vasco rechazó tramitar dicha Iniciativa Legislativa Popular con los votos en contra del PNV, PSE y PP.

Por lo tanto, nos encontramos ante una confluencia explosiva: extensión de la precariedad, recortes en el gasto público y debilitamiento de las políticas contra la pobreza y la exclusión social. Y todo esto a las puertas de una nueva recesión económica. Aunque, como hemos mencionado, el crecimiento económico no es en absoluto sinónimo de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, una nueva crisis no hará más que profundizar en la ya grave situación en la que viven miles de vascas.

La retórica no da comer a miles de familias vascas señor Urkullu. Porque la retórica artificial también es compararnos con los territorios que peor están y no con los que tienen los mejores datos. Porque también es falsa retórica afirmar que se va a mejorar el sistema de protección social cuando lo único que se está haciendo y se va a hacer es implementar recortes y más recortes. O nos ponemos a trabajar de verdad en garantizar empleos de calidad y desarrollar un sistema público y propio de protección social que garantice una vida digna o la precariedad o la pobreza van a seguir aumentado. La disyuntiva es clara. No hay soluciones intermedias.