La reforma del sistema de pensiones

El mundo del trabajo está sufriendo una transformación muy rápida en la que, la inteligencia artificial aplicada a la empresa, está conllevando la sustitución de muchos trabajos, incluso los muy cualificados, por robots inteligentes. Quizá no esté muy lejos el día en que en un ambulatorio nos atienda un robot en lugar de un médico. ¿Dónde quedarán las cotizaciones para pagar pensiones? No son pocos los que ven un impuesto a los robots para el pago de las cotizaciones.

13/06/2018

Las pensiones son prestaciones económicas de duración indefinida que el Estado mantiene con el fin de garantizar unos recursos a aquellas personas que entran en situación por causa de jubilación (ordinaria, parcial, anticipada, flexible,…), de invalidez (total, absoluta o gran invalidez) o de fallecimiento (viudedad, orfandad).

En el Estado Español, con la aprobación del Pacto de Toledo (1997), se establece que las prestaciones pueden ser de dos tipos:

  • Las prestaciones contributivas que son las pensiones que reciben las personas que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Se financian a través de las cotizaciones sociales, es decir, aportaciones efectuadas por el trabajador y el empresario. Su cuantía final depende, precisamente, del número de años y cantidades cotizadas.
  • Las prestaciones no contributivas o universales, que son pensiones para los que no han llegado a cotizar nunca o lo han hecho sin llegar a los mínimos requeridos. En este caso, la financiación se realiza mediante las aportaciones del presupuesto del Estado, es decir, está basado en los principios de solidaridad entre ciudadanos a través de impuestos generales.

Se da un hecho importante al reconocer que las pensiones pueden ser financiadas con las cotizaciones de los trabajadores y con los impuestos de los ciudadanos.

Con carácter complementario y totalmente voluntario se ha desarrollado en el Estado español al igual que en otros países europeos los planes privados de pensiones.

Posturas más liberales apuestan por estos planes privados ya que entienden que el sistema actual no es sostenible. Las razones principales por las que se ponen en duda la sostenibilidad del sistema son tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.

Así el gasto se incrementará por el envejecimiento de la población derivado de un aumento de la esperanza de vida. Se estima que el número de pensionistas crecerá hasta alcanzar los 15 millones en 2050 frente a los nueve millones de pensiones que se pagan en estos momentos.

Por otro lado, una reducción de nacimientos por familia, una alta tasa de desempleo, unida a una tardía incorporación de los jóvenes al mercado laboral generará una disminución de los ingresos del sistema.

Seamos conscientes de que sustituir el sistema de reparto (pensiones públicas actuales) por otro de capitalización (plan de pensiones privado) conlleva echar por tierra el contenido redistribuidor y solidario que hasta entonces ha estado implícito en la existencia de pensiones.

Esta sustitución de la gestión pública de los fondos por la privada implica también renunciar a gestionar el ahorro de los trabajadores mediante criterios políticos, lo que puede permitir no dar cuentas a la población de su utilización y evitar ser censurados en caso de que ésta no responda a las preferenciales ciudadanas.

Otra medida ya implementada es retrasar la edad de jubilación con el objeto de incrementar los ingresos y retrasar el gasto. Pero no olvidemos que aumentar a todos la vida laboral discrimina a las clases sociales más bajas. ¿Estará en condiciones de trabajar un obrero de la construcción con 70 años?

Asimismo para incrementar el ingreso se plantea aumentar el número de cotizantes que paguen con sus cotizaciones las pensiones actuales. Es una huida hacia adelante, ya que estos nuevos trabajadores llegarán en un futuro a la jubilación ¿y entonces qué hacer? ¿Pensar aumentar nuevamente el número de cotizantes? Pan para hoy, hambre para mañana. No es una buena solución.

Por no hablar de que los salarios de los nuevos trabajos son bajos. Los jóvenes que se incorporan al mercado laboral ganan menos y, por lo tanto, cotizan menos. Tenemos cotizaciones bajas para pagar pensiones altas, por lo que se necesitarían muchos cotizantes. A pesar de que la población trabajadora desde los inicios de la democracia ha crecido un 10%, el peso de los salarios sobre el PIB se ha reducido un 10%. El salario se ha ido reduciendo con respecto a la renta media.

La pensión máxima (36.121 euros) se ha reducido un 10% en los últimos 9 años representando actualmente el 80% de las cotizaciones máximas (45.012 euros).

La gran desigualdad salarial (reparto de la riqueza) que existe afecta muy negativamente al mantenimiento del equilibrio financiero de las pensiones ya que merma gravemente el volumen recaudado de cotizaciones sociales.

Igualmente podemos decir que es un sistema discriminatorio ya que no tiene en cuenta para el cálculo de la pensión las cotizaciones de toda la vida laboral. El sistema penaliza a una persona que, por ejemplo, aun habiendo cotizado 45 años, si en los últimos años de su vida laboral se queda en situación de paro, verá reducida su pensión de manera importante.

Otro caso realmente sangrante es el de las mujeres que enviudan. Mientras forman parte de un matrimonio cuyo cotizante era el marido, se les consideraban una única unidad de cara a cotizar al IRPF o en la jubilación para percibir el 100% de la pensión. Pero al fallecer su pareja ven reducidas a la mitad la pensión. ¿Dónde queda aquella obligación de unidad de cotización y pago de impuestos para tener el mismo derecho de cobro?

Por no hablar de la pérdida de poder adquisitivo derivada de que las pensiones no se quieren actualizar con el IPC.

El actual sistema de las pensiones en España, en lo que corresponde a la pensión por prestaciones contributivas, parte de la idea de una caja única que se nutre de las aportaciones de los trabajadores y que va repartiendo entre todos los jubilados. De este modo las pensiones actuales están siendo pagadas con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Es decir, mis cotizaciones, en lugar de ir generando una bolsa/plan de la que ir cobrando cuando me jubile, están sirviendo para pagar la pensión de mis padres. Supone una clara perversión del sistema que se arrastra desde su comienzo, ya que éste ha funcionado mientras los ingresos de las cotizaciones de los que trabajaban eran superiores a los costes (pensiones) generados por los jubilados, aspecto que no ocurre en estos momentos.

Este déficit entre ingresos y gastos es la razón que algunos esgrimen para negar a Euskadi la transferencia de la competencia de la Seguridad Social para gestionar las pensiones. Realizan un análisis de los ingresos (contribuciones) y gastos (pensiones) en la Comunidad Autónoma del País Vasco sólo de los últimos 10 años. Y en este periodo, es cierto que el gasto en pensiones supera al de ingresos. Pero es una verdad a medias. Si analizamos los ingresos y gastos generados en los 40 años de democracia resulta que el saldo es positivo. Se ha ingresado más por parte de los trabajadores vascos al sistema único que pensiones generadas.

El objetivo de este análisis interesado no es otro que el de meter miedo a los ciudadanos ante una supuesta imposibilidad de que el Gobierno Vasco pueda hacer frente al pago de las pensiones. Además, está demostrado que a quién no le cuadran los números es al estado español y que la administración vasca gestiona mucho mejor los recursos.

Es más, hay que tener en cuenta que, al ser los salarios vascos de los más altos del Estado, las cotizaciones a la Seguridad Social también lo han sido, por lo que, con el sistema de reparto existente, con nuestras cotizaciones se han pagado las pensiones del resto del estado español durante muchos años.

Llegados a este punto cabe preguntarse si es posible articular un sistema financieramente sostenible a la vez que socialmente aceptable.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha analizado distintas alternativas. Así por ejemplo, para mantener la pensión actual habría que duplicar las cotizaciones pasando del 22% al 48% del salario. Al contrario, mantener las cotizaciones actuales supondría reducir la pensión a la mitad. Ambas alternativas son inasumibles, bien en sus requisitos bien en sus consecuencias.

De ahí que proponga una vía intermedia de incremento de cotizaciones hasta el 30% del salario, pero que reduciría en un 15% la pensión. En este caso, la pensión sería el 35% del salario. Actualmente la pensión media es de 1.071,01 euros mensuales y la pensión mínima de 606,70 euros. Con la reducción quedarían en 910 euros y 515,7 euros respectivamente.
¿Se puede vivir dignamente con 515,7 euros al mes? Parece que no. Es por ello que el FMI considera que debería complementarse con otras medidas como un incremento en el número de cotizantes en unos 5,5 millones de personas y ahorrar en torno a un 5% del salario anual.

Si echamos un vistazo al sistema de pensiones de los países del entorno tenemos que en Inglaterra se combinan el plan de pensiones estatal, los planes de pensiones privados y planes de pensiones ocupacionales. Estos últimos están asociados a la profesión u ocupación del trabajador y son pagados por el empresario, pudiendo existir más de un plan en cada empresa.
En Alemania, al igual que en Inglaterra, combinan los tres tipos de planes. Respecto al plan promovido desde las empresas, éstas pueden ofrecer a sus trabajadores: el pago de una cantidad que provisiona en su balance, contratación de un fondo con una entidad independiente o un seguro directo para el empleado.

En el año 2017 se ha aprobado la ley que establece la jubilación a los 67 años, permitiendo jubilarse a los 63 años con la pensión máxima si se ha cotizado durante 45 años.

Si no has cotizado el mínimo de años se le permite al jubilado tener una ocupación complementaria.

Suecia tiene tres tipos de pensión: dos son contributivas, cuyas aportaciones son realizadas por la empresa y el trabajador. La primera funciona como un sistema de reparto en el que las contribuciones realizadas financian los pagos por las pensiones y siempre tiene que estar equilibrado. La segunda es un sistema de capitalización personal en el que el trabajador elige entre diferentes fondos de pensiones privados. El derecho a solicitarlas comienza a los 61 años y se calcula en función del capital aportado, de la rentabilidad del fondo y de la esperanza de vida del trabajador.

La tercera es la pensión no contributiva para trabajadores sin ingresos sólo exigible a los 65 años.

En Francia la jubilación básica se establece en base a un mecanismo de reparto y se completa con jubilaciones complementarias obligatorias gestionadas por la asociación para el régimen complementario de los trabajadores por cuenta ajena. El importe de la pensión es proporcional a los ingresos laborales del conjunto de la vida laboral.

La cuantía de la jubilación básica no puede superar el 50% de la cuantía del límite máximo de la Seguridad Social (1.655,50 euros mensuales en 2018).

Por otro lado, existe el subsidio de Solidaridad abonado para completar los ingresos del pensionista de manera a elevarlos a 833 e al mes para una sola persona.

Cabe destacar que una madre o un padre pueden disfrutar de una mejora de su periodo de cotización de hasta 8 trimestres por hijo. La pensión puede verse incrementada el 10% para cada uno de los progenitores cuando se ha criado 3 o más hijos durante por lo menos 9 años.

La edad de jubilación es a los 67 años con la pensión máxima y cotizando 41 años y medio, aunque pueden iniciar su prejubilación a los 62 años.

Cada sociedad puede elegir el modelo de financiación de pensiones que considere más coherente con los objetivos que desee alcanzar.

El mundo del trabajo está sufriendo una transformación muy rápida en la que, la inteligencia artificial aplicada a la empresa, está conllevando la sustitución de muchos trabajos, incluso los muy cualificados, por robots inteligentes. Quizá no esté muy lejos el día en que en un ambulatorio nos atienda un robot en lugar de un médico. ¿Dónde quedarán las cotizaciones para pagar pensiones? No son pocos los que ven un impuesto a los robots para el pago de las cotizaciones.

Llegados a este punto podemos concluir que el sistema de pensiones es el último eslabón del modelo de sociedad que queramos formar. España, al igual que algunos países europeos, está caminando hacia un modelo donde los ricos son más ricos y la clase media se va empobreciendo.

La generación de riqueza no se reparte entre todos por igual. Existe redistribución de la renta entre los asalariados, pero las rentas de la propiedad aportan poco al sistema tributario, lo cual es una gran injusticia. De la misma manera, las rentas declaradas por profesionales, autónomos, comerciantes o empresarios son, en general, menores que las de un trabajador asalariado, ya que tienen más fácil escapar al control de la administración. Esta situación no es real ya que tienen salarios más altos. En la medida que estos dos aspectos se mantengan perjudican a un modelo futuro de pensiones al no contar con todos los recursos.

Apuesto por un modelo de sociedad como el de los países escandinavos donde el colectivo prime sobre el individuo, donde exista un equilibrio salarial entre rentas más altas y bajas, donde la generación de riqueza se reparta entre todos. Así se planteó en Euskadi hace 40 años con la implantación de la Renta de Garantía de Inserción por José Ignacio Arrieta en el primer Gobierno Vasco de la democracia. Nadie por motivos económicos puede quedar marginado de la sociedad.

El Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), donde las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas. La financiación vendría de una mayor presión fiscal a rentas no salariales, combatir el fraude fiscal o eliminación de los gastos no necesarios como, por ejemplo, los militares.

Con este modelo de sociedad, el sistema de pensiones podría contemplar un nivel básico público basado en las cotizaciones laborales. No se trataría de un sistema de reparto como el actual, sino un modelo de capitalización de gestión pública obligatoria, gestionada por el Gobierno Vasco. Cada trabajador/a va generando una bolsa a lo largo de toda su vida profesional que será su futura pensión o la de su cónyuge en caso de fallecimiento del primero.

Se trataría de dotar al sistema de una mayor equidad entre contribuciones y prestaciones y hacerlo financieramente más estable.

Igualmente la única vía de generar ingresos al sistema de pensiones viene de la mano de la productividad, de crear empleos de alta cualificación, dignamente remunerados y que coticen para una pensión futura.

Un segundo nivel, profesional de aportación conjunta empresa y trabajador, igualmente obligatoria y de gestión pública o privada, pero controlada por las instituciones públicas.

Un tercer nivel complementario, libre e individual, exclusivamente gestionado por el sector privado.

Por último, y de no llegar a la pensión mínima o para los que no hayan generado derecho alguno debería ser completada desde la administración vía impuestos. En este sentido, no es aceptable que las pensiones mínimas más bajas vayan perdiendo poder adquisitivo. Toda persona debiera tener derecho a una pensión mínima garantizada para vivir dignamente.

Cartas
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