Militantes de la izquierda abertzale
Las pensiones y las instituciones vascas

¿No debe ser función del Gobierno Vasco, o en su caso del Gobierno de Navarra, potenciar un sistema universal y público de pensiones y en su defecto subsanar dichas deficiencias aportando lo que falta para llegar a los 1.080 euros?

09/08/2018

El diputado general de Bizkaia, señor Rementeria, aprovechando la recepción que ofrece anualmente con motivo de la festividad de San Ignacio lanzó a bombo y platillo una propuesta de pensiones privadas complementarias, con una petición a los empresarios y sindicatos para implicarse en ella –según todos los indicios, sin contar previamente con los afectados– ni aclarar muchos de sus extremos suficientemente. A la mañana siguiente, Erkoreka en nombre del Gobierno Vasco, confirmó dicho plan pero añadiendo que lo tienen en estudio.

En primer lugar, tenemos que mostrar nuestra sorpresa y severa crítica por la forma y el momento que han realizado dicho anuncio. Por la forma, porque abordar un tema de enorme complejidad y gran sensibilidad social de esta manera tan frívola e inconsistente no es serio. ¿Si es un tema que tienen en estudio por qué lo anuncian con esa solemnidad?

De todas maneras, lo más grave del tema no son las formas sino el contenido del asunto. Lo preocupante es constatar que dicho anuncio deja en evidencia la estrategia que marca el PNV en el tema de las pensiones. La misma que el PP o el PSOE: unas pensiones públicas que cubran las necesidades mínimas pero sin garantizar una vida digna y el resto a subsanar por medio de pensiones privadas. Por lo tanto, ninguna novedad. Es una tendencia que viene de lejos. En la Comunidad Autónoma de las tres provincias vascas hay más de 450.000 trabajadores que disponen de planes de pensiones de empresa. Y muchas son las grandes empresas –CAF, Mercedes, Michelín o Tubacex entre otras– las que ya disponen de sus propias fórmulas. Es la propuesta más generalizada que impulsa el neoliberalismo en muchos países de Europa. Vamos, el camino para aumentar el número de pobres y marginados.

En la propia administración vasca existen planes de pensiones privados. Novedoso es que el PNV trate ahora de impulsar un Consejo Vasco de Previsión Social con el objetivo de centralizar la gestión de los diversos EPSV y de esa manera pretende controlar importantes sumas de dinero. Entra en la lógica de descapitalizar las pensiones públicas, fomentando progresivamente la privatización de las pensiones. Pero ese objetivo no responde a la preocupación de los pensionistas que salimos todos los lunes a las plazas de nuestros ayuntamientos.

El principal objetivo del Gobierno Vasco como del Gobierno de Navarra y del resto de las instituciones debería ser, si realmente les preocupa el futuro de las pensiones, garantizar pensiones públicas y dignas para toda la población. Y para ello, tarea prioritaria de los gobiernos, sindicatos y población en general debería ser superar la precariedad laboral en todos sus extremos: generalizar sueldos dignos y desterrar los contratos temporales y parciales, para de esa manera poder aportar a la Seguridad Social lo suficiente para garantizar las pensiones del futuro. Si hay un sistema público de pensiones con capacidad para responder a las necesidades de toda la población, no hace falta planes de pensiones privadas. O en todo caso, sería totalmente voluntarias. Porque no se trata de ir en contra de todo tipo de pensiones privadas, sino de evitar privatizar los servicios básicos.

Los planes privados de pensiones de las que hablan estos representantes de las instituciones vascas, además de justificar el progresivo desmantelamiento del sistema público, fomenta la dualización de la sociedad. Los planes privados solamente los pueden sostener los que tienen empleo fijo y, por lo tanto, los cada día más numerosos autónomos, trabajadores temporales, trabajadores a tiempo parcial, etc., quedan en la esfera de la pobreza. Nosotros no queremos un sistema de pensiones que dejan al 50% o 60% de marginados. Hay suficiente riqueza para que todo el mundo tenga ingresos dignos y a una sociedad mínimamente humanitaria le corresponde garantizarla. El problema simplemente es repartirla equitativamente.

¿No debe ser función del Gobierno Vasco, o en su caso del Gobierno de Navarra, potenciar un sistema universal y público de pensiones y en su defecto subsanar dichas deficiencias aportando lo que falta para llegar a los 1.080 euros? La Carta Social Europea marca dicha cifra con unos criterios objetivos y estudiados. Ha calculado el salario medio europeo y según sus previsiones ha concluido, que para que la ciudadanía pueda vivir en dignidad, necesita como mínimo el 60% de dicho sueldo. Como se puede apreciar dicha cifra no es ningún lujo ni capricho, está bien justificada.

Resulta lamentable que precisamente sean las propias instituciones las que fomenten la privatización de las pensiones. Y sean sus representantes, que dicen recaudar cada año más, los que eluden sus responsabilidades sociales volviendo a cargar sobre las espaldas de los trabajadores. La solución no pasa por planes privados de pensiones, sino de una política pública que garanticen servicios públicos universales.

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