Las personas en el centro

La reivindicación histórica por parte de vascos y catalanes para abolir esa «mordaza» constitucional al derecho cívico que nos asiste a expresar nuestro sentir mediante consultas populares, y que tanto gasto económico, sufrimiento estéril y bloqueo institucional y judicial viene provocando, parece que resuena por primera vez en el estamento judicial encargado de hacerla cumplir, al igual que las consecuencias penales derivadas de la aplicación del artículo 155.

06/06/2019

Ya más sinceras las formaciones políticas tras la «espuma» mitinera y posterior recogida de la dote electoral, la bella Navarra vuelve a ser la disputada consorte desde la mirada nacional. Pero, ¿que motivación política de fondo subyace en el PSOE, para que dándose de socialistas, dudan en entregar el Gobierno de Navarra a la derecha mas extrema del Estado, antes que al otro sector de izquierda de Navarra cuyo desarrollo por el cambio social ha dejado una «huella» inédita en las estadísticas socieconómicas de ese territorio?

El corporativismo político-estratégico entre quienes comparten de manera pendular y soterrada una ideología del nacionalismo supremacista, (no se si lo digo bien) heredada por la derecha del franquismo pasional y del franquismo nacional por una «izquierda» no republicana ni confederal, hacen que en la política de este país se den tantas anormalidades, como el que desde una tribuna parlamentaria tuviésemos que escuchar: «Haber ganado la guerra tenían»... y ahí sigue con voz y sin mayor alarma social ni signo de apología.

Uno de los botines robados al Gobierno de la República por parte de los vencedores de esa guerra, es el punto 32 del silenciado artículo 149 de la Constitución. Epicentro de las motivaciones del terrorismo de ETA y de la desobediencia al Estado por parte de los impulsores del procés en Cataluña.

Las consecuencias belicosas de esos hechos cruentos, en mayor o menor medida las hemos vivido-sufrido todos. Las consecuencias de las resoluciones judiciales, hasta hoy mismo, sólo para quienes siendo actores de primera línea de fuego terrorista y político respectivamente contra el Estado, siguen siendo «estigmatizados» por la prensa canalla de este país.

La reivindicación histórica por parte de vascos y catalanes para abolir esa «mordaza» constitucional al derecho cívico que nos asiste a expresar nuestro sentir mediante consultas populares, y que tanto gasto económico, sufrimiento estéril y bloqueo institucional y judicial viene provocando, parece que resuena por primera vez en el estamento judicial encargado de hacerla cumplir, al igual que las consecuencias penales derivadas de la aplicación del artículo 155.

La última semana de mayo de 2019, el Tribunal Supremo desestimaba la admisión a trámite del recurso de la Abogacía del Estado contra una decisión del Pleno del ayuntamiento de Basauri a favor de una consulta ciudadana sobre el Plan de Regeneración Urbanistica: «La sentencia es firme, avala la forma de proceder del Ayuntamiento y sienta doctrina» aseguraban desde el consistorio.

Será el signo de que estamos en la antesala 20-20, pero dentro de esta década a punto de concluir, cabe recordar otras dos consultas de ámbito local y asunto doméstico, frustradas por aplicación del «constrictor» artículo 149. El año 2009 el ayuntamiento de Usurbil cambió el sistema de recogida de basuras a condición de que al año de experimentación se volviera o no al anterior en función de una consulta ciudadana. El año 2017 el de Legorreta hizo lo propio.

Municipios de 6.000 y 1.500 habitantes respectivamente que no pudieron llevarlo a cabo, ni la Diputación Foral, ni el Gobierno Vasco autorizarlo (y callan), porque la competencia exclusiva es del Gobierno del Reyno de España.

A pesar de que la rémora cívica que supone la vigencia del artículo 149, mantendrá latente la confrontación política, les puede mas el pánico democrático a consultar a su ciudadanía en cuestiones tan evidentes como la restauración de la República y la revisión de la Constitución en artículos tan restrictivos como el citado. Pero muy en particular la Ley 46/1977 de 15 de octubre que eximía de toda pena ante la justicia civil y militar a quienes habiéndose alzado en armas contra el gobierno legítimo de la República, lo derribaron, arrasando y destruyendo todo vestigio cultural, intelectual, material, artístico y de afecto, encarnado en personas, hasta el límite de hacerlas desaparecer de la manera más cruel jamás conocida hasta entonces en la historia de las guerras hacia una población civil desarmada en particular a mujeres... en pueblos alejados de las zonas de fuego.

Volviendo al tema de arranque y una vez con los de casa, me detengo en la contestación del lehendakari Urkullu a la portavoz de la coalición abertzale Maddalen Iriarte tras la invitación al PNV para avanzar junto a EH Bildu en la vía soberanista: «El Estatuto de Autonomía incluye herramientas suficientes para impulsar políticas que mejoren la calidad de vida y que permitan impulsar la economía y el empleo en Euskadi. Tener aspiraciones es legítimo; yo las tengo pero esas aspiraciones no pueden ocultar la necesidad de responder con realismo a las necesidades del día a día».

Me sorprende en quienes estimo ser los mas coherentes y sinceros, que a sabiendas que el PNV, de palabra, jamás les va negar la compañía para ese «viaje», aún confíen abiertamente en ello y en aras de esa esperanza «gaseosa» perdamos otros cuatro años evitando enfrentarse en temas socioeconómicos de calado como son la precariedad, dependencia, retorno de servicios públicos, claúsulas sociales en licitaciones de obra y servicios públicos, etc... y muy particularmente el cierre de la brecha socioeconómica, a través de políticas fiscales con nuevos tramos y mas progresivas como principal indicador de democracia económica a favor de un mayor empoderamiento ciudadano.

Dentro de la Izquierda por el Cambio, en Navarra apuestan neto priorizar el trabajo a favor de la soberanía social; en cambio desde «azoteas» políticas más acomodadas, en la CAPV se dan a reivindicaciones soberanistas de salón mas mediáticas y oportunistas. A los pensionistas que lo venimos haciendo a pie de calle cada lunes, nos encajaría más que también sin miedo a molestar se lo recordaran al lehendakari en estos cuatro años, y «forzarle» esa voluntad en sus palabras... como trabajo social de una izquierda política que se «moja».

«Responder con realismo a las necesidades del día a día»... si hace soberanos a las ciudadanas dentro de una comunidad. Gobierno Vasco y diputaciones sí tienen «herramientas suficientes» para eliminar la precariedad e ir cerrando la brecha socioeconómica, pero no creo que el lehendakari se refiriera a este sector afectado por sus políticas neoliberales... tampoco al artículo 149.

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