Como previo, señalaré que bastantes de los principales cambios introducidos con respecto a la Ley 3/1991 no son de aplicación porque ya han sido superados por la vorágine de las reformas financieras del gobierno central. No tiene ningún sentido hablar de la representación en el consejo de administración de los cuota partícipes, dado que esta figura no existirá porque las tres principales cajas de Hego Euskal Herria son ya una sociedad anónima llamada Kutxabank y que de Caja Navarra no queda ni un vestigio. Y antes de citar otros ejemplos de la inutilidad de la Ley en ciernes, so pena de ser repetitivo, recordaré que Kutxabank, S.A.U. , como su nombre indica, no es un banco público. Tampoco es un banco vasco. En todo caso, será un banco vasco- cordobés. Y si el PNV y el PP, dueños y señores  del consejo de administración de esta entidad financiera, finalmente ganan la puja por Catalunya banc, será un banco vasco-catalán-andaluz.
En los cambios introducidos en el título II se contemplan importantes modificaciones en diversos aspectos, tales como el establecimiento de órganos de gobierno adicionales, para las cajas de ahorros que desarrollen su actividad directamente. O sea, se referirán a las que no se hayan convertido en bancos. Cabría preguntarse: ¿cuáles son esas cajas?  Por si  a  alguien le vienen a la cabeza los nombres de Caja Laboral, Ipar Kutxa o Caja Rural Navarra, diré que éstas son sociedades cooperativas de crédito.
Se señala también en la Ley que, con el objetivo de profesionalizar el sector, se contempla que el ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de Administración y de vocal de la Comisión de Control pueda ser retribuido. Todo el mundo sabe que el papel de estos dos órganos de gobierno de las cajas, en relación al control y dirección del banco, es testimonial. Para más inri, se indica que se armonizarán las funciones de la Comisión de Control, cuando  la existencia de ésta ha pasado a ser potestativa  con la reforma del pasado febrero.
Para no aburrir al lector con muchos más ejemplos de la atemporalidad de la nueva Ley vasca de cajas, citaré la inclusión en ella de una regulación “precisa” para la constitución y funcionamiento de la Comisión de Inversiones. Precisa sí será, pero absurda también. Las inversiones se deciden en los órganos de dirección del banco Kutxabank.   
La merma de  la representación de las instituciones públicas al 40 %, frente al 50 % anterior, tiene especial gravedad. Es  muy significativa la rebaja en la representación de los ayuntamientos. Para que se visualice, en la actualidad en la BBK, por estas instituciones, de 100 consejeros generales en la Asamblea de la caja, 30 son de corporaciones municipales en cuyos términos tiene oficinas y habría que sumar 10 consejeros por  el Ayuntamiento de Bilbao como entidad fundadora. Con la reforma de la Ley los ayuntamientos, las instituciones más cercanas al pueblo, tendrán solamente el 17%.
Además, las corporaciones municipales que tengan la condición de entidad fundadora de una caja de ahorros ostentarán en ella su representación como tal entidad fundadora, no pudiendo estar representadas simultáneamente en el grupo de corporaciones municipales, salvo que por esta última representación obtuvieran mayor número de consejeros o consejeras generales, en cuyo caso solo podrá simultanearse el exceso en la representación correspondiente.
A tener en cuenta también, que, en el supuesto de que los llamados grupos constituyentes de la Asamblea de las cajas mantengan algún poder sobre Kutxabank, el banco  surgido de BBK, Kutxa y Vital, con la adquisición de nuevas entidades se deslocalizarán más las decisiones y, por Ley, ganará presencia en los órganos de gobierno la representación de localidades de la expansión.
La pérdida de peso de las instituciones en las cajas repercutirá, sin lugar a dudas, en el futuro de Kutxabank. Cuanto menor control público, mayor riesgo de privatización. La aceptación  de la bancarización de las cajas vascas, aunque fuese, por parte de algunos, de buena fe, como “mal menor”, ha supuesto un gran retroceso en aras de un sistema financiero propio. Se ha cumplido aquello de “nunquam est fidelis cum potente socíetas”.  A etas alturas, hablar de nuevo de caja pública vasca no tiene sentido, porque todos los pasos, los dados y los venideros, van en la dirección del control privado de  Kutxabank. Tampoco  ayudará  el cambio en el criterio para la elección de los representantes de cada caja en el Consejo de este banco, que en el proyecto original se regía por un sistema que tenía en cuenta la proporcionalidad de las asambleas de cada entidad. Ahora, la elección se hará por mayoría, de forma que quien controle el 51 por ciento designará a toda la representación. Y si, en el mejor de los escenarios, por Gipuzkoa, se consigue copar su mermada representación, entrarían 4 personas al Consejo de Administración, pero no en la Ejecutiva, donde realmente se toman las decisiones.  
Ligar a Kutxabank con el necesario proceso de construcción de un instrumento financiero vasco, si no cambian mucho las cosas con una nueva mayoría soberanista en el futuro Gobierno de Gasteiz, me temo, vistos los derroteros que sigue el banco, va a ser imposible. Se necesitaría un impulso político de gran calibre y contar con la alianza de los que, hasta ahora al menos, son fervientes defensores de lo privado frente a lo público, para impedir que el grupo directivo que está obsesivamente centrado  en operaciones expansionistas y especulativas, diluyendo nuestra solvencia y eficiencia, se fije en el tejido industrial de Euskal Herria.
En fin, la ley de cajas venidera, no va a servir para que Kutxabank sea un banco ni más democratizado ni con más control público, sino todo lo contrario. La mayoría de sus disposiciones serán desatendidas porque han sido rebasadas por lo dictado en los reales decretos de Madrid.  La nueva Ley de cajas solamente servirá como espejismo para todos los que quieran aferrarse a la idea de que las cajas todavía pintarán algo en Kutxabank, para los que confíen en que, por medio de ella, se puede sacar algo en limpio y defender  la función social y el control público. Esta Ley cumplirá también la función de señuelo para perpetuar la confusión, para no hablar claro a los ciudadanos de lo que ha pasado con nuestras cajas, para que no se delimiten las responsabilidades que ha tenido cada cual en su desaparición. Si queremos un banco público vasco, ya podemos ir pensando en otra cosa que no sea Kutxabank.  Y si algún ingenuo piensa que, con la actual relación de fuerzas, participando en el Consejo de Kutxabank, se va a impedir su privatización, que se olvide y que vaya pensando en las consecuencias de su cooperación. Si ya se hacen alusiones maliciosas en la radio pública vasca buscando interrelacionar la mala gestión en la Kutxa y las “nuevas autoridades de la provincia”, a sabiendas de que éstas no están en ningún órgano de gobierno de la caja guipuzcoana, la que les caería si Kutxabank fuese mal.