Hace ocho años en el Parlamento Vasco aplaudíamos la aprobación de la Ley de Vivienda vasca con este lema: Sí se puede. Hoy, ocho años después, constatamos que no se han aplicado sus instrumentos más importantes por falta de voluntad política, que no por falta de medios.

Con la reciente aprobación del Decreto sobre el Derecho Subjetivo, por fin el PNV ha terminado de salirse con la suya ofreciéndonos un master de cómo inutilizar y convertir en papel mojado, una ley aprobada por la mayoría Parlamentaria y que el PNV rechazó y, cuya puesta en marcha, se ha convertido en el mayor fraude a la ciudadanía vasca de los últimos años.

Y debemos añadir que, como defensores de la ley en el Parlamento, nos duele especialmente que el principal impulsor de la misma, el PSE, haya colaborado activamente en la inutilización de una ley pionera, progresista y de las más avanzadas del Estado, si no, la que más, con instrumentos importantísimos como el canon a la vivienda deshabitada como instrumento de movilización de la misma, el derecho de tanteo y retracto de viviendas libres del art. 65, el reconocimiento por primera vez de la vivienda como un derecho subjetivo cumpliendo unos requisitos o la expropiación de uso en casos de desahucios por bancos, tumbada por el TC porque podía chocar con otras medidas que el Gobierno estatal había puesto en marcha…

Como hemos hecho una afirmación tan contundente pasamos a argumentarla y empezamos preguntándonos, ocho años después, si esta ley ha supuesto algún avance importante para la ciudadanía o ha cambiado radicalmente el panorama de la vivienda en Euskadi como estaba llamada a cambiar y los motivos por los que no lo ha hecho…

Pasamos a detallar los motivos en los que basamos tal afirmación:

En primer lugar, antes de 2015 veníamos de una política de vivienda protegida basada en la VPO en propiedad con mayoría de inscritos en propiedad en Etxebide, que cambió radicalmente con la crisis de 2008 y la pérdida del empleo de millones de personas. Al no poder acceder al préstamo bancario ni a una vivienda en propiedad, hoy día 9 de cada 10 inscritos lo son en alquiler, pero más de un 95% de las reservas legales para VPO, lo han sido en propiedad, con una reserva legal para VPO tasada que no sabemos a qué necesitados va destinada.

Nosotros defendemos una reserva específica para alquiler social o asequible y la eliminación de la VPO tasada, aunque defendemos que toda la VPO debería ser en alquiler y más, cuando ni siquiera se expropia a aquellos propietarios que no habitan o subalquilan las VPO (más de 1.000 sancionados) incumpliendo así que esas viviendas su función social y despilfarrando los recursos públicos en gente que no las necesita.

El único gran cambio que ha supuesto la Ley de Vivienda vasca y que el Gobierno Vasco no ha podido desactivar, es que la totalidad de los recursos públicos deben destinarse al alquiler, pero ni los recursos han aumentado al ritmo del cambio de demanda hacia el alquiler social, ni el ritmo de construcción de VPO en alquiler ha variado de forma sustancial lo cual nos lleva a decir que los recursos actuales son totalmente insuficientes, pero ¿pueden aumentarse significativamente? La respuesta es sí, y depende de solamente de decisiones políticas como argumentamos a continuación…

Si estamos de acuerdo en que el gran problema de la vivienda en Euskadi radica en la falta de alquiler libre y aún más, en la falta de alquiler social, ¿por qué las deducciones fiscales se destinan mayoritariamente (más de 300 millones que dejan de recaudarse anualmente) hacia la compra de vivienda, siendo la única comunidad autónoma que las mantiene (ni las del PP), y no hacia el alquiler (100 millones) y aún más, hacia el alquiler social, si es donde se centran los problemas de acceso a la vivienda?

Como contribuyentes nosotros queremos que nuestros impuestos y deducciones fiscales (y también las VPO) favorezcan a la gente que más lo necesita, no a los propietarios, bancos y constructoras.

Por eso decimos abierta y claramente que se debería eliminar la deducción fiscal a la compra, recaudar esos 300 millones, destinarlos íntegramente al presupuesto de vivienda con lo cual,  se triplicaría el presupuesto de vivienda para construir el triple de viviendas sociales anualmente. Asimismo, si queremos que la fiscalidad sea un instrumento de movilización de vivienda, deberíamos aumentar significativamente las deducciones fiscales a los propietarios que alquilen sus viviendas y aún más, si las destinan al alquiler social a través del Gobierno Vasco.

Pero creemos, señor Arriola, que a ustedes les falta valentía política para cumplir con esto y al PNV, le falta de voluntad, porque perjudica a los que ellos más favorecen, repetimos, propietarios, bancos y constructoras, y la gente debería cuestionarse más a quién van destinados sus impuestos y las deducciones fiscales…

En segundo lugar, no hay muchas formas de aumentar el parque público de viviendas y dos de ellas dependen de aumentar los recursos de forma exponencial, cosa que ustedes no han hecho, como son la compra de vivienda libre, utilizando el art.65. 5 de la Ley a través de los derechos de adquisición preferente, de tanteo y retracto o mediante la promoción, que ya hemos argumentado que es totalmente insuficiente.

La otra forma de aumentar el parque público gestionado es a través de la movilización de la vivienda deshabitada y aquí nos preguntamos ¿qué han hecho ustedes para utilizar los recursos de que disponen recogidos en la ley y si han movilizado mucha cantidad de viviendas?

Ya hemos visto lo que han hecho con la política fiscal como instrumento movilizador de vivienda, y aquí debemos preguntar si a día de hoy, después de seis años para aprobar el decreto que regula el canon, el alquiler forzoso y la expropiación y dos años después de su aprobación, hay algún municipio que lo aplique de entre los muchos que ustedes gobiernan, y también, de paso decirlo, de los que no gobiernan (que otros partidos también tienen que hacer los deberes) y los motivos.

Mientras, PSE y PNV dan palos de ciego utilizando el recargo del IBI, que tiene un carácter más recaudatorio que movilizador (hasta que demuestren a qué se destina el dinero recaudado), como recientemente han hecho en el Ayuntamiento de Donostia, apoyando sorpresivamente el PNV (cuando siempre lo ha rechazado) un aumento del mismo hasta el 150% eliminando la injustificable exención basada en el valor catastral de las viviendas (menos mal). Al mismo tiempo, la semana pasada un concejal del PSE en Astigarraga reprochaba públicamente al gobierno municipal que no se utilizase el canon en vez del recargo cuando Donostia, como capital, debería de haber dado ejemplo de su utilización.

Nosotros siempre hemos defendido el canon como instrumento movilizador porque el destino de lo recaudado va destinado a vivienda, porque tiene unas exenciones justas y no arbitrarias, porque es más costoso para el propietario, porque prevé una audiencia al mismo para explicarle los programas para movilizar la vivienda hacia el alquiler social que existen o las ayudas a la rehabilitación existentes y porque el objetivo es la movilización y es el propietario el que finalmente decide que se le aplique por no querer movilizar la vivienda.

Ustedes argumentarán que los programas de Bizigune y Asap sí que han movilizado vivienda vacía durante estos años, pero estos programas solo son un pequeño parche en el gran agujero de su gestión en materia de vivienda, ya que desde 2015 han incorporado al parque unas 2.000  viviendas solo después de que ustedes aumentasen el límite de renta a pagar a los propietarios que el PNV rebajó antes, lo que produjo una pérdida de viviendas, y que al final, solo suponen una subvención más a los propietarios que supone un gasto de 33 millones anuales que deberíamos aspirar a ir reduciendo y a destinar más a la promoción y no a subvencionar a los propietarios, como hemos dicho. Mientras, sigue habiendo entre 15.000 y 26.000 viviendas deshabitadas en Euskadi…

En tercer lugar, otro tema importante que queremos cuestionar porque afecta desgraciadamente a mucha gente ya en Euskadi es cómo han actuado ustedes ante la irrupción de los fondos buitre en nuestra comunidad y especialmente, ante los casos de Inmobiliaria Vascongada, Benta Berri o las VPO en alquiler que pierden su condición a los 20 años y esto tiene que ver con el uso del articulo 65 y especialmente su apartado 5 sobre los derechos de adquisición preferente de compra, tanteo y retracto de vivienda libre que regula este artículo y que ustedes no han tenido la voluntad de desarrollar, ya que supone un esfuerzo presupuestario que ustedes no quieren hacer, abandonando a su suerte a cientos de familias. Para el que esté interesado, que consulte en internet cómo ha utilizado este mismo artículo la Generalitat Valenciana incorporando al parque público en poco tiempo un montón de viviendas y evitando que edificios enteros caigan en manos de fondos buitre. Nos copiaron esto de nuestra ley, pero ellos sí han tenido voluntad de aplicarla…

Por último, vamos a terminar con la valoración del Decreto sobre el Derecho Subjetivo, que será igual de contundente que todo lo anterior y que el Gobierno Vasco ya conoce porque el grupo de vivienda lo llevamos repitiendo públicamente todos estos años.

En primer lugar, el derecho subjetivo que se lleva aplicando desde la ley de vivienda culminando en este decreto nos parece ilegal, discriminatorio y desvirtuado hasta una forma ridícula y evidente.

El Gobierno Vasco se ha amparado en que la mayoría de la gente no sabe qué es el derecho subjetivo a la vivienda ni lo que supone, salvo la gente que se mueve en este mundo de la vivienda. Explicaremos que el derecho subjetivo a la vivienda consiste en que, si cumples unos requisitos recogidos en la Ley, puedes exigirle al Gobierno Vasco que te proporcione el acceso a una vivienda, prioritariamente en forma de un alquiler social y subsidiariamente, en forma de una prestación llamada prestación económica de vivienda.

Si prioritariamente es en forma de vivienda, eso debería haber condicionado los Presupuestos para construirla, pero, como no ha habido voluntad de hacerlo, la regla subsidiaria se convierte en la general y aquí, el sistema chocaba con la existencia de otra prestación que ya recibían más de la mitad de los inscritos en Etxebide, que era la prestación complementaria de vivienda (PCV) de 300 euros unida a la RGI y las ayudas de emergencia social (AES) para los alquileres de los Municipios.

Esta existencia de la PCV era el argumento del PNV para rechazar el derecho subjetivo por innecesario, pero a su vez el Consejero Angel Toña, valoró el coste del derecho subjetivo en 750 millones de euros adicionales al presupuesto en 10 años y el coste del derecho subjetivo en estos ocho años no ha llegado a los 10 millones en los presupuestos, lo cual indica que Toña y el PNV sí eran conscientes de cómo debía aplicarse el derecho subjetivo y su trascendencia en los Presupuestos y no es lo que se ha aplicado hasta ahora.

Por lo tanto, hay 7 de cada 10 inscritos en Etxebide que ya residen en un alquiler libre y reciben ayudas para pagarlo y que presuntamente están inscritos para poder acceder a una vivienda de alquiler social en la que pagarían menos (el 30% de sus ingresos) que en el mercado libre y los otros tres de cada 10 quieren acceder a una vivienda de alquiler social por no poder pagar la de mercado.

El derecho subjetivo actual nos parece ilegal porque no es lo que aprobó el Parlamento. Te puede gustar más o menos pero, si no te gusta, el proceso es cambiar la ley y argumentarlo y no aplicar algo totalmente distinto al texto y al sentido de la Ley, y si hay algo que supone el derecho subjetivo es que es una prioridad en las adjudicaciones, cosa que también cambió el Decreto de Colaboración Financiera de 2019 que estableció de forma ilegal un reparto de cupos en las adjudicaciones de VPO de alquiler social de solo 4 de cada 10 viviendas a beneficiarios deel derecho subjetivo y un 60% a otros colectivos. Si esto es así y otros colectivos pueden entrar en las adjudicaciones antes que los del derecho subjetivo, ¿para qué sirve este derecho subjetivo?

También decimos que la cuantía fija de 300 euros de la prestación de derecho subjetivo es discriminatoria porque para la gran mayoría de la gente solo supondrá un cambio de nombre y gestor con la PCV, porque no tienen en cuenta cuánto estás pagando de renta (da lo mismo 500 que 800) ni tampoco tienen en cuenta tus ingresos, con lo cual discrimina también a los que recibían la PCV pero pagan rentas altas de mercado porque el esfuerzo sobre su renta superará con toda seguridad el 30% de sus ingresos frente a los que reciben una vivienda, que como mucho pagan el 30% de sus ingresos.

Por lo tanto, se puede dar el caso de que a dos personas que tienen reconocido el derecho subjetivo y cobren 1.200 euros mensuales, uno perciba la RGI y PCV y pague tal y como están las rentas de mercado libre, un mínimo de 600 euros, lo cual supondría al menos un 50% de sus ingresos mientras que a la otra le dan una vivienda de alquiler y pagará el 30% de 1.200 euros. Mismo derecho subjetivo pero diferente esfuerzo para pagar (si es que se puede) y con los ingresos medios que tienen los solicitantes inscritos en alquiler de Etxebide que perciben ayudas y pagan alquileres de mercado, creo que estamos empujando a la gente hacia el mercado negro, donde algunos se benefician, pero al final perdemos todos.

Nos gustaría haber expuesto otra realidad, pero la política de vivienda actual no está orientada hacia las necesidades reales y esperamos que esta crítica sirva para abrir los ojos a algunos, pensar y cuestionarse lo que tenemos y que haya valentía y voluntad para cambiar de rumbo por nosotros y por nuestros hijos, porque creemos que se pueden hacer las cosas mucho mejor y abrir un debate político y social real orientado a las necesidades del mercado.

Si se va en ese camino, nos encontraremos y si no, nos tendréis en frente. ¡Sí se puede, pero no quieren!