El mes pasado se recordó el 85 aniversario de los bombardeos de Gernika y Durango como consecuencia del golpe franquista de Estado, así como a sus numerosas víctimas. Quien suscribe recordó de forma muy somera también aquí la complicidad del Vaticano y de la Jerarquía de la Iglesia española.

Cuando se cumplen 62 años del histórico documento de los 339 curas vascos al Vaticano, creo necesario reivindicar la memoria y lucha de una parte del clero vasco durante aquel período franquista. Y reclamar también por parte de la actual jerarquía de la Iglesia vasca y del Vaticano un reconocimiento expreso del compromiso de aquellos curas con su Pueblo, así como de la complicidad de la jerarquía de la Iglesia con el Franquismo. Lo que hasta ahora nunca se ha hecho.

No me extraña que así haya sido, porque quien fuera en su día administrador apostólico de Vitoria (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), el obispo Mons. Javier Lauzurika, nacido en Iurreta, llegó a afirmar en una visita a Mungía que los 339 curas vascos que firmaron el documento del 30 de mayo de 1960, además de «rebeldes», fueron unos «ama putean semeak» (hijos de puta). Así lo recogió Ander Landaburu en “El País” el 7 de abril de 2008. Lógica reacción la del obispo vasco quien dijo también ser «un general más a las órdenes del Generalísimo para aplastar al nacionalismo».

Mientras el «generalísimo Franco» mantenía su dictadura y reprimía a su Pueblo y también al nuestro, gozaba del privilegio de ser recibido en las Iglesias bajo palio. En aquel contexto de falta de libertades políticas, sociales, sindicales, de detenciones y utilización sistemática de la tortura contra quienes se resistían, se registró un importante movimiento de 339 curas vascos. Pertenecientes a cuatro de sus herrialdes (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa) no quisieron ser cómplices de aquella barbarie franquista y levantaron su voz con un documento público conscientes de las consecuencias que habrían de tener para su futuro personal.

Aquel contundente documento fue entregado a los cuatro obispos de Hego Euskal Herria (Francisco Peralta, de Araba; Pablo Gurpide, de Bizkaia; Jaime Font i Andreu, de Gipuzkoa y Enrique Delgado, de Iruña), así como al resto de obispos del Estado español, nuncio y secretaría de Estado del Vaticano.

Presidido por una frase del cardenal Saliege: «Resignarse ante la injusticia sin protestar contra ella, sin luchar, no es digno de un hombre ni de un cristiano», estaba dividido en tres partes. Se reafirmaban en los derechos naturales del hombre y de los pueblos; denunciaban la situación de injusticia creada en el Estado Español; y analizaban el caso concreto de los derechos violados del Pueblo Vasco y su clase trabajadora.

Destaca su denuncia de la tortura «sistemática» en las comisarías como método de exploración y delación. Denunciaban asimismo la falta de libertad de prensa, así como la falta de libertad de asociación, tanto política como social. En la defensa de los derechos del Pueblo Vasco afirmaban que «los sacerdotes vascos amamos a nuestro Pueblo con el mismo derecho, con la misma obligación de piedad natural y cristiana con que el sacerdote castellano ama a Castilla y los Obispos de Uganda a la familia humana de la que Dios quiso que formaran parte».
 
Añadían que «ahora denunciamos, ante los españoles y ante el mundo entero, la política que hoy impera en España, de olvido, cuando no de encarnizada persecución, de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos…».

«El euzkera, decían, instrumento necesario para la evangelización y cultura del Pueblo vasco, tiene derecho ante la Iglesia y ante la civilización, un derecho a la vida y a ser cultivado, cuyo desconocimiento denunciaría en la Iglesia un absurdo y una descarada contradicción, y en la sociedad una política reaccionaria y antihumana hasta el genocidio… Y no hay razón histórica, social ni política que justifiquen semejante crimen».

Este documento, silenciado en el Estado español, tuvo una gran repercusión a nivel internacional. Cabe destacar que los movimientos políticos de las juventudes nacionalistas (EGI) y la incipiente ETA, encontraron apoyo ideológico y logístico en esta parte del clero vasco.

Para valorar lo que supuso aquel compromiso con su Pueblo por una parte del clero vasco durante el período franquista, conviene recordar algunas cifras. Según “El País” fueron 16 los curas y religiosos vascos fusilados, otros 250 los encarcelados en la prisión de Carmona (Sevilla) y unos 700 los que tuvieron que exiliarse.

A partir de este documento público fueron numerosos los curas de las cuatro diócesis vascas (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa) removidos y desterrados por sus obispos, cambiándolos de parroquia. En el caso de Durango, que lo conocí muy de cerca, dos de sus firmantes, los sacerdotes Francisco Santamarina e Isaac Uribesalgo, fueron desterrados a las parroquias de Ortuella y Patronato de Sestao respectivamente.

Posteriormente, a partir de 1968, y tras nuevos documentos y especialmente actuaciones como ocupaciones de obispado y seminario, huelga de hambre en Bizkaia y ayudas a militantes obreros y abertzales, otros 50 sacerdotes y religiosos vascos inauguraron como cárcel concordataria la de Zamora y otra veintena nos vimos obligados a exiliarnos. La película documental “Apaiz Kartzela”, que sigue exhibiéndose en Euskal Herria, es fiel testimonio de esta última etapa.

Para monseñor Lauzurika, todos, los fusilados, encarcelados y exiliados, como los 339 firmantes de 1960, y los que en la década de los 60-70 les siguieron, fueron lógicamente «ama putean semeak». Para gran parte de la ciudadanía vasca sin embargo fueron hijos de este Pueblo por el que se comprometieron hasta la muerte, la tortura, la cárcel o el exilio. Lo que él fue, es evidente: un fiel lacayo del dictador Franco. El «obispo de Franco».