La inmensa mayoría de lo que acontece en el Estado español, en cualquiera de los diferentes ámbitos, es aborrecible y abominable; consecuencia directa de aquel ignominioso engendro sociopolítico que permitió, tras la muerte del cruel dictador, Francisco Franco, seguir con todo el entramado jurídico, legislativo y político, tal y como lo había diseñado el sistema golpista, que se alzó contra la II República mediante un cruento y brutal golpe militar.

El régimen político que surgió, en 1978, con una Constitución aprobada ese mismo año, mediante una vergonzosa, claudicante, bochornosa y decepcionante actuación de los dos partidos mayoritarios y sus adláteres dio lugar a la instauración de un insoportable e inaceptable neofranquismo.

Transcurridas prácticamente cuatro décadas continúa inamovible, sólidamente instaurado y afincado en las estructuras mentales de millones de personas que habitan ese país.

Durante esas décadas grises, oscuras y anodinas el Estado español se ha tenido que enfrentar a diferentes situaciones muy graves, críticas y en principio muy comprometidas para cualquier gobierno democrático, pero claro, a ese Estado se le puede poner cualquier adjetivo menos el de democrático, por eso a pesar de todo lo acontecido jamás se ha sentido inmutado, señalado, desasosegado o responsable y eso que la lista de acontecimientos siniestros, terribles, increíbles y aciagos es insólita y extensa.

1981, un «fracasado» intento de golpe de estado; 1982, el PSOE gana las elecciones generales, por amplia mayoría, mediante viles y falsas promesas, esperanzas e ilusiones que jamás se cumplieron; 1983, se impulsa, se genera y se crea una organización inconcebible y asesina, algo propio e inherente a los sistemas fascistas y dictatoriales: los GAL, desde las mismísimas estructuras del Estado; se continúa, al igual que se había hecho durante la brutal e inhumana dictadura, con la mayor aberración y brutalidad que se puede cometer contra un ser humano: la tortura, permitiéndola, impulsándola, alentándola, ocultándola y negándola; 1987, se pone en práctica el alejamiento, la dispersión y el aislamiento del colectivo de presas y presos vascos con la única finalidad de añadir un castigo, una pena y una venganza, clara y meridiana, al colectivo en su totalidad y a todos sus familiares, amigos, amigas, abogados, abogadas…; 1998, se cierran medios de comunicación como "Egin" y "Egin Irratia", mediante la razón de la fuerza jurídica y legislativa, enarbolada por el inefable juez: Baltasar Garzón. Once años después, en 2009, El Tribunal Supremo de ese país, determinaba meridiana y taxativamente la ilicitud del cierre de Orain S.A., editora del periódico "Egin"; 2002, el año estaba finalizando cuando el petrolero Prestige se hundía frente a las costas de Galicia, ocasionando el mayor desastre ecológico en la historia de ese país; 2003, la Sala Especial de ese mismo Tribunal Supremo tenía la osadía, desfachatez y brutal arrogancia, impulsada por una decisión política injustificable y dictatorial, de ilegalizar Batasuna. La ilegalización se extendió también a Euskal Herritarrok y a Herri Batasuna…

Ese degradado Estado –que jamás ha palidecido, ha sentido vergüenza ni ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento o enmienda a pesar de ocupar el bochornoso y deleznable segundo lugar en el mundo, tras Camboya, en el número de desaparecidos– todavía mantiene los restos mortales de más de 140.000 personas asesinadas en fosas comunes, diseminadas por el extenso y abrupto erial español.

La Ley de Memoria Histórica, que ha cumplido 10 años desde su promulgación, es un conjunto volátil de buenas intenciones, inalcanzables y utópicas en un país donde el sistema le dedica cero euros para su aplicación y desarrollo efectivo.

La policía de ese mismo Estado, el 1 de octubre en Catalunya, cometió una flagrante y brutal conculcación de los más elementales y básicos derechos de los seres humanos, golpeando, intimidando, arrastrando, aporreando, dando increíbles y brutales patadas, disparando bolas de goma –proyectiles o munición prohibida en esa comunidad catalana– contra una población inerme e indefensa, que de manera absolutamente pacífica deseaba exclusivamente expresar su opinión mediante el uso de papeletas y urnas.

Un país donde la corrupción, el latrocinio, la mentira, la ocultación, la evasión de capitales, los delitos fiscales… corroen desde los cimientos al propio Estado, al sistema que lo sustenta, pero que, según parece, deja indemne al partido gobernante que lo promueve, impulsa y lo permite, dejando al país empobrecido y sumido en la miseria energética, alimentaria, salarial, laboral, cultural…

Según el indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión social: AROPE, acrónimo de At Risk Of Poverty and/or Exclusión, el panorama del mencionado estado es de auténtica desolación y abatimiento. Casi 15 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión y pobreza. Uno de cada tres niños se encuentra en esa misma situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En concreto tres millones, de niños y jóvenes menores de 18 años, no pueden comer cada día como deberían.

En ese contexto de absoluto caos sociopolítico –en el que los medios de comunicación, proclives al sistema, han intentado crear, dibujar y transmitir una realidad opuesta a la que realmente sufre y padece la población– durante años y años el dolor, el sufrimiento, los padecimientos, los quebraderos de cabeza y los innumerables inconvenientes que ha producido en decenas de miles de personas la inhumana y vengativa política penitenciaria, de ese estado, contra el colectivo de presas y presos políticos vascos, en una de sus más brutales y despiadadas consecuencias, ha permanecido durante muchísimo tiempo invisibilizada, concretamente todo lo relacionado con los menores. Muchos de ellos auténticos niños y niñas sometidos a esos interminables desplazamientos para ver a sus seres queridos, a sus progenitores.

Bilbao, viernes, a las 18.30 sale el autobús con destino a Algeciras: una niña de tres años, su amutxu y la amona se disponen a realizar un interminable viaje – que cruzará la península en toda su extensión norte-sur– de 2.200 kms, de ida y vuelta, para visitar al aita, al compañero y al hijo. Miles de kilómetros, un fin de semana, para asistir, exclusivamente durante cuarenta breves y efímeros minutos, a una visita a través de un cristal blindado, en un espacio reducido, controlado, vigilado y grabado, donde cualquier signo de la más mínima humanidad hacia la persona presa y sus familiares es un producto exclusivo de la imaginación.

Cientos de niñas y niños, cuyos padres y madres están encarcelados a cientos de kilómetros, de sus lugares de residencia, sufren esta aberrante, excepcional, inadmisible e ilegal situación. 
Los daños físicos –deterioro y alteración del sueño, los riesgos evidentes y reales de accidentes en carretera– y las alteraciones psicológicas que se producen: estados de ansiedad, nerviosismo, estrés, inquietudes, miedos, desconcierto… suponen una brutal, despiadada e inhumana conculcación de los derechos de los menores, incumpliendo deliberadamente, por parte del Gobierno español, todos los tratados internacionales de protección y amparo a los menores.
Un escándalo mayúsculo, de dantescas proporciones, que dibuja y refleja con increíble exactitud el auténtico vacío, inmenso y siniestro, de falta de valores éticos, universales y humanos por parte de ese estado.

Hay indicadores sociales que reflejan con gran exactitud y precisión el talante y el ser de un estado. Entre todos ellos, dos son fundamentales y básicos: uno, posibilitar, impulsar y gestionar la toma de decisiones a través de consultas públicas y otro, el tratamiento, protección y cuidado de los menores por encima de cualquier otro tipo de circunstancias.

El desolador, terrible, angustioso y triste caso protagonizado, involuntariamente, por la presa vasca Sara Majarenas –como consecuencia de la agresión brutal, despiadada y machista de su expareja, cometido contra su hija Izar, que fue acuchillada por su progenitor, y se debatió entre la vida y la muerte en la UCI pediátrica del Hospital La Fe de Valencia– refleja en toda su extensión y dimensión la inmensa crueldad, venganza, odio, sadismo y absoluta ilegalidad estatal e internacional por parte del Estado español hacia el colectivo de presas vascas y como consecuencia directa a las niñas y niños, que por la mentalidad retrógrada y medieval de ese Estado, se ven inmersos en esa inconmensurable espiral de venganza y sistemática conculcación de los más elementales derechos que asisten a las personas presas. Desde el mismísimo momento en que se conoció el intento de asesinato de la pequeña Izar, la única obsesión enfermiza e inhumana de Instituciones Penitenciarias fue mantener a toda costa a Sara alejada de su hija, mediante las excusas más absurdas y mediante un implacable y cruel reglamento.

Etxerat cifra en torno a mil las niñas y niños afectados por la ilegal política de dispersión de presos y presas. Lo cual implica un drama, oculto e invisible, de dolor, sufrimiento y alteración de la vida de esas menores de proporciones absolutamente inaguantables, inadmisibles y totalmente rechazables en cualquier sociedad mínimamente democrática.

Los hechos con toda su fuerza sociohistórica y de manera sistemática e irrefutable demuestran la nula y total ausencia de una mínima base democrática en el mencionado país.

Para los familiares y allegados de presas y presos vascos resulta muy difícil cuantificar el número de menores que se han visto envueltos en esa danza trágica y nefasto trasiego –que suponen las carreteras, las cárceles, los funcionarios de prisiones, el estricto régimen de visitas…– desde que hace más de un dilatado cuarto de siglo se instauró la aberrante, ilegal y deshumanizada dispersión. Pero con los datos que tienen surge un número, de cuatro cifras, realmente escalofriante por la dimensión que ha tenido y sigue teniendo esta auténtica tragedia: 5.000 niñas y niños.

Por ahora, y a pesar de las presiones ejercidas dentro y fuera del Estado español, nada se ha conseguido para terminar con esta lacra social que supone la dispersión: una execrable e inadmisible excepcionalidad penitenciaria.

En 1995, El Parlamento Vasco aprueba una proposición de ley –basada en el propio código penal del mencionado reiterativamente Estado español– a favor del cumplimiento de las penas de las presas y presos en cárceles vascas. Han transcurrido más de veinte insoportables años de sufrimiento y dolor para cientos y cientos de menores, pero a la metrópoli le importa un comino lo que le acontece y sucede a las personas y a los menores de ese neocolonía vascongada.

Tres años después, en 1998, el Parlamento Europeo reconoce el derecho de ese colectivo –privado de todo tipo de derechos y libertades– a cumplir sus condenas en Euskal Herria. La metrópoli española, nuevamente, permanece ajena y absolutamente indiferente.

Ha transcurrido más de un lustro desde aquella histórica fecha, 20-10-2011, en la que la organización vasca ETA comunicaba el cese definitivo de su actividad armada, tras los acuerdos alcanzados en Aiete, pero la política penitenciaria de excepcionalidad no se ha movido ni tan siquiera un milímetro, es más, el alejamiento, la dispersión y el aislamiento se han incrementado en contra de la razón, la ética política, la legislación internacional y los principio básicos y fundamentales que rigen las sociedades de derecho.

El 17 de diciembre del 2015, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba las denominadas "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", a las que el propio texto denomina Reglas Mandela, en homenaje al que fue presidente de Sudáfrica tras el derrocamiento del brutal y aborrecible apartheid, que le mantuvo durante 27 años, literalmente, enjaulado en una celda.

Las Reglas están constituidas por 122 guías, válidas y aplicables en todo el mundo y se consideran principios fundamentales.

La primera frase de la regla número uno deja entrever meridianamente el propósito que guió a la ONU para establecerlas: «Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos». «Pero quizás la filosofía de estos principios se recoja mejor en la Regla 5», concretamente en su primer apartado, donde proclama textualmente: «El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano».

El Estado español está tan alejado del reconocimiento y puesta en práctica de todas esa reglas y de la ética social y filosofía humana que las inspira y sustenta como Alfa Centauri del planeta Tierra.

Yuval Ginbar, asesor jurídico de Amnistía Internacional, expresaba la siguiente opinión respecto a la aplicación de las Reglas Mandela: «podrían ser el anuncio de una nueva era en la que se respeten plenamente los derechos humanos de los presos. Las Reglas, si se aplican plenamente, contribuirían a que el encarcelamiento dejara de ser un tiempo desperdiciado de sufrimiento y humillación para convertirse en una etapa de desarrollo personal que condujera a la puesta en libertad, en beneficio de la sociedad en su conjunto».

El propio Nelson Mandela, con un espíritu crítico encomiable y un agudo sentido de la crítica, sentenciaba magistralmente, como si estuviese literalmente hablando del Estado español: «Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos».
Todo lo que haga la ciudadanía para sacar a esas criaturas aún invisibilizadas de la aterradora fuerza centrípeta del dolor, sufrimiento y terror –que ha supuesto decenas y decenas de accidentes con 16 víctimas mortales y un interminable reguero de personas heridas– será poco, ya que quien mantiene esa política de excepcionalidad tiene una mente anclada férreamente en los tiempos más desgarradores y brutales de la Inquisición.

Pero no solo es a la metrópoli a quien hay que convencer de que otra realidad diametralmente opuesta es posible, sino que en el territorio de la propia colonia se asienta un gobierno pretoriano nada proclive, ni receptivo ni dispuesto a que esta situación insostenible, aberrante y brutal contra cientos y cientos de menores cambie.

Los cuadros dirigentes de la formación jeltzale en 1986, extienden la idea de que ETA dirige y coacciona a los presos impidiendo su reinserción. Esas mismas personas llegarían a sugerir al PSOE –ligado al PNV por un pacto de legislatura– la necesidad de apartar a unos presos de otros y de favorecer el desagrupamiento, y por lo tanto la dispersión.

En una etapa sociohistórica tan compulsiva, como la que se está viviendo actualmente en el Estado español –enfrentando y opuesto completamente a las legítimas aspiraciones del pueblo catalán– la cúspide del PNV no ha dado ni el más mínimo paso solidario con ese pueblo. Y nunca se ha solidarizado –y eso que oportunidades ha habido muchas– con el independentismo, ni ha llamado a sus bases ni simpatizantes a mostrar públicamente su solidaridad y apoyo ante los antidemocráticos y brutales ataques de la metrópoli.

Tampoco nunca jamás llamó a su militancia ni realizó el más mínimo esfuerzo de sensibilización y empatía con la tragedia del alejamiento, la dispersión, el aislamiento y los cientos de miles y miles de horas en las carreteras que han padecido y continúan sufriendo las niñas y niños, hijas e hijos de las presas vascas, y eso a pesar de que esa sociedad lleva más de un lustro acudiendo a una cita anual, en enero; que ya se ha convertido en una marea de indignación contra la represiva e inhumana política carcelaria y en un inmenso abrazo cálido y sentido de solidaridad con las familias y allegados de los presos.

Para entender esa frialdad, distanciamiento y total falta de empatía, por parte de esa formación autonomista vascongada con el sufrimiento y el dolor que padecen esas criaturas invisibilizadas, tal vez sea necesario recordar cuáles son los indelebles lazos que la unen con el Estado español.

Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta del subsodicho Gobierno), en septiembre de 2016, mencionaba y exponía una pista clave para la comprensión global y en toda su extensión de la política de la mencionada formación jeltzale: «A Urkullu lo que le preocupa es a quién se adjudican las obras del TAV».