Ahora que ha terminado el verano, es momento de hacer balance sobre los incendios y sus causas. Y es que cada verano, alargado ya a los 4 meses, arden con más ferocidad montes y campos, y es más palpable el calor asfixiante y la falta de precipitaciones. El cambio climático ya no es una cuestión teórica, se conjuga en presente. Es una realidad de origen antropogénico cuyos efectos ya sufrimos y que genera condiciones cada vez más favorables para incendios extremos. De hecho, mientras que en Navarra todavía guardamos en la retina los devastadores incendios de 2022 que arrasaron más de 15.000 hectáreas, o más recientemente el de Urzainki, que ha sido el más longevo que se recuerda, en el Estado español han ardido solamente en este año 300.000 hectáreas, el triple que la media histórica. 

A estas alturas, el negacionismo climático de la ultraderecha resulta tan insostenible como insultante. Nos recuerda a la película "No mires arriba", protagonizada por Leonardo Di Caprio, donde autoridades y medios de comunicación invitaban a obviar el enorme cometa que se aproximaba amenazante a la Tierra. El escenario que plantea esta película es un patrón habitual de la derecha extrema, tratar de buscar chivos expiatorios a problemas complejos. Porque es más fácil culpar a los movimientos ecologistas, a las regulaciones ambientales o a los supuestos complots de la Agenda 2030, que asumir que existe una responsabilidad colectiva (aunque desigual) que apela a un modelo de sociedad que precisa transformaciones radicales. La parábola de esta película es que no es posible continuar con las viejas inercias, mientras el enorme cometa se acerca inexorable sobre nuestras cabezas. 

Ahora bien, el cambio climático no es la única explicación de estos incendios que sufrimos y que son cada vez más voraces. Existen otros factores, entre los que se encuentra uno del que se habla bastante menos: la despoblación. 

Un reciente estudio del Eixo Atlántico, elaborado por Juan Picos, profesor de la Universidade de Vigo, vuelve a poner sobre la mesa la relación entre despoblación e incendios forestales. Allí donde desaparece población también van desapareciendo actividades agroganaderas y un conocimiento del medio forestal que, durante generaciones, han cuidado y ordenado el territorio. 

A este respecto, los datos de Navarra no son ajenos a esta realidad, son alarmantes y a la vez muy ilustrativos. Mientras Navarra es la cuarta comunidad donde más crece la masa forestal, ocupando ya el 60% de nuestro territorio, en apenas diez años hemos perdido el 34,5% de las explotaciones agrarias y el 21,1% de las personas agricultoras a título principal. 

No hablamos únicamente de empleos que se extinguen. Cuando cierra una explotación, desaparece también una forma de gestionar el territorio. Se abandonan parcelas y pastos y desaparece el paisaje en mosaico, el que forman en una misma zona los espacios forestales, agrícolas, pastos y matorrales, y que son claves porque dificultan la propagación de las llamas. 

Precisamos de una ganadería extensiva que, además de producir alimentos, mantenga pastos, gestione el paisaje y contribuya a reducir combustible vegetal y, para ello, necesitamos recuperar infraestructuras ganaderas e incluso estudiar el pago en compensación por las acciones de prevención de quienes ejercen estas labores. 

Es por ello que, en gran medida, los mapas de los principales incendios coinciden con zonas en despoblación. Esta relación nos ayuda a entender que la despoblación es mucho más que un problema demográfico de las zonas rurales. La despoblación es el combustible estructural de los incendios que, junto con la crisis climática, crean la tormenta perfecta para estos incendios de sexta generación o megaincendios que sufrimos. 

En cuanto a la evolución demográfica de Navarra, la Cámara de Comptos constató que, aunque Navarra en su conjunto aumentó su población un 27% entre 1992 y 2022, más de la mitad de los municipios navarros perdieron habitantes. Y en 2022, de los 272 municipios que cuenta Navarra, 166 se encontraban en riesgo de despoblación. Es decir, existe un gran problema de despoblación en un contexto de crecimiento global de población. Y esto se debe porque la población se está concentrando cada vez más en la comarca de Iruñerria. 

Por todo ello, sobran motivos para una Ley Foral contra la Despoblación y el Desarrollo Rural. Necesitamos un marco jurídico transversal que sea capaz de cambiar inercias. Que ponga la cuestión de la despoblación en el centro. Que garantice derechos, servicios, vivienda y oportunidades sin importar el código postal de residencia. Que ayude a mantener la agricultura y la ganadería; que genere actividad económica y facilite que quien quiera desarrollar su proyecto de vida en nuestros pueblos pueda hacerlo. 

Y para ello, tan importante como acertar con el contenido es acertar con la manera de llevarlo a la práctica. Y en este sentido no partimos de cero. El Plan Estratégico del Pirineo nos ha enseñado un camino. Hay que escuchar primero al territorio, identificar sus necesidades junto a quienes viven en él, establecer prioridades compartidas y trabajar conjuntamente entre Gobierno de Navarra, entidades locales, agentes sociales y ciudadanía. 

En esa misma dirección merece ser destacado el proceso participativo impulsado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. En 2025 participaron cargos electos de 113 entidades locales, de cuyo trabajo surgieron 74 propuestas concretas. Y ahora, conocido el Anteproyecto de Ley, la FNMC ha vuelto al territorio para contrastar hasta qué punto aquellas aportaciones han sido recogidas y qué aspectos deben todavía mejorarse. 

Porque no se trata de que la Administración diseñe desde Pamplona las soluciones y después las traslade al territorio. Se trata de que el propio entorno rural sea partícipe de ellas. De reconocer que quienes viven y trabajan en nuestros pueblos no son meros destinatarios de las políticas públicas, sino que deben ser protagonistas de su diseño, desarrollo y evaluación. 

Pronto nos embarcaremos en el Parlamento de Navarra en la tramitación y negociación del Proyecto de Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural. Tenemos mucho en juego y debemos conseguir que el resultado esté a la altura. Porque no nos jugamos únicamente una cuestión demográfica de unos pueblos, es una cuestión transversal, con importantes efectos en el conjunto de la sociedad. 

Un territorio habitado es un territorio cuidado y con menos riesgos. Y un territorio escuchado es un territorio con futuro.