La madre pariendo en un hospital gazatí sin luz, la campesina desafiando la amenaza de los colonos para cosechar sus olivas, el prisionero en huelga de hambre y el refugiado esquivando las balas en su casa destrozada en Damasco son la fuerza viva que Israel no ha podido derrotar.

El sionismo tiene ojivas nucleares, tanques Merkava, misiles Iron Dome, aviones F35 de última generación, subvenciones millonarias del Tío Sam y un vasto elenco de políticos y periodistas en nómina pero, aún así, Palestina sigue resistiendo.

La resistencia del pueblo palestino también incomoda a nuestros gobiernos porque deja expuesta la hipocresía implícita en su permanente invocación de los «valores occidentales» como el estado de derecho, la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia.
 
Cuando Israel aplica abiertamente un sistema de apartheid, comete crímenes de guerra contra civiles en Gaza o  construye colonias ilegales en tierras robadas de Cisjordania  la UE y la ONU responden con leves protestas diplomáticas. Tal es el nivel de impunidad que, cuando, en enero pasado, el ejercito israelí asesinó un cabo del ejercito español en misión de paz en la frontera con Líbano, el gobierno español aceptó sumisamente la versión israelí, sin realizar denuncia alguna.

Las personas y los colectivos que conformamos el movimiento de solidaridad con Palestina agudizamos su incomodidad. Les molestamos a los políticos cuando damos testimonio de la ocupación sionista, cuando exigimos que nuestros gobiernos dejen de vender armas para matar niños en Gaza o cuando denunciamos la presencia del apartheid israelí en el deporte internacional.

Es en este contexto en el que hay que entender la petición de ilegalización de la organización internacionalista Askapena y del colectivo de comercio justo Elkar-Truke y pena de seis años de cárcel para cinco de sus militantes. La acusación de la fiscalía contra ambas organizaciones es que su trabajo «puede beneficiar a ETA» pero es, en realidad, un ataque contra la solidaridad internacionalista en Euskal Herria y contra todas las personas y los colectivos que trabajamos en ella.

Nuestra respuesta debe inspirarse en la experiencia palestina. Unidos tendremos la fuerza de denunciar y resistir este atropello a los derechos democráticos y buscar las formas para implicar a nuestra sociedad cada vez más en la solidaridad con el pueblo palestino y con todos los pueblos oprimidos.