La historia social y política de la Segunda República sigue alumbrando una enorme cantidad de investigación y publicaciones. El grueso de los libros más populares se puede dividir en dos grandes categorías. La primera orbita en torno a la reivindicación acrítica del período republicano, idealizando una legislación laboral o educativa, sus planes de modernización y un respeto por el parlamentarismo burgués.

Esta versión predominante durante décadas ha servido de guía para una izquierda gubernamental que, como es de sobra conocido, se ha resistido con uñas y dientes a reparar con justicia a los cientos de miles de víctimas de la dictadura. Sus pactos con los herederos del franquismo en los años de la «transición» alumbraron el régimen del 78, legitimaron la monarquía borbónica y garantizaron la impunidad de aquella represión execrable.

La otra categoría por autores como Pío Moa o César Vidal no es más que la secuela de revisionismo histórico y manipulación obscena que pretenden blanquear a los golpistas del «18 de Julio», justificando el exterminio de decenas de miles de activistas de izquierdas y la supresión de las libertades democráticas durante cuarenta años. Como versión modernizada de los folletines falangistas de los años del terror, su lectura produce el mismo efecto nauseabundo.

Pero existe otro enfoque diferente, minoritario, pero mucho más fiel a la verdad, que sitúa en el centro de aquel drama histórico a los trabajadores y campesinos sin tierra que enfrentaron el fascismo mediante la poderosa revolución socialista: "Obreros en armas: República, revolución. antifascismo" 1931-1939» Juan Ignacio Ramos.

En 1977, en un diccionario sobre el franquismo, Manuel Vázquez Montalbán escribió que la Brigada Político Social (BPS) conocida popularmente como la «secreta» era la «verdadera guardia pretoriana» de la dictadura.

La represión franquista tuvo una gran importancia no solo en los años de la posguerra, sino también en el ecuador y en el final del régimen. Gracias a ella consiguió modular el miedo entre la población, aplicando el terror para mantener como fuera una dictadura que con el paso del tiempo iba perdiendo adeptos. La «Brigada Político Social», la policía política, estuvo involucrada en las principales operaciones contra los luchadores antifranquistas, ya fuera en los montes, en la época de los guerrilleros, en los centros de trabajo, en las universidades, en los despachos laboristas e incluso desde los años cincuenta, en los teatros de la mayor parte de los opositores al régimen pasaron por las garras de sus agentes y tuvieron que padecer sus contundentes métodos represivos.

En los últimos años, se ha generado un intenso debate social y político difundido por los medios de comunicación, entre las organizaciones de defensa de la memoria histórica y diversas formaciones políticas, sobre la importancia de la «BPS», la forma de actuar de los agentes y las torturas que estos practicaban.

Desde los primeros momentos del «golpe de estado de 1936», los franquistas fijaron entre sus objetivos la creación de un aparato represivo que sirviera a sus intereses porque sería clave para la construcción de un «Nuevo Estado».

El ejército se puso manos a la obra, al principio. Con la ayuda de la Falange, y tantos jueces militares como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Armada, tuvieron como misión reprimir a quienes habían luchado del lado de la República y en contra de Franco, La Secreta de Franco. Pablo Alcántara.

Transición

Frente a la historia idílica que nos ofrecen sobre la Transición Española tenemos que decir que la realidad fue diferente.

La afirmación de que la caída de la dictadura, la conquista de las libertades democráticas en nuestro país, todo aquello de lo que los medios de comunicación de la burguesía tanto se jactan de decir que fue una «obra conjunta de todo el pueblo español» (metiendo en el mismo saco a capitalistas, obreros, curas, militares etc.) bajo la sabia y paternal dirección de nuestro Rey y es una tergiversación interesada y repugnante.

Debemos insistir una y otra vez, lo que provocó la crisis y el colapso de la dictadura fue la fuerza de la clase obrera. Casi 200 muertos a manos de los cuerpos represivos del Estado y de los pistoleros fascistas, miles de heridos y detenidos, fue el precio que tuvimos que pagar los y las trabajadores/as y los jóvenes de nuestro país en ese periodo.

El finde la dictadura no fue producto de las concesiones de la clase dominante. Fue la consecuencia directa de la lucha heroica de millones de personas, hombres, mujeres, jóvenes en fábricas, tajos en el campo. Las universidades y los barrios.

Esta magnífica lucha abrió el camino, no solo al restablecimiento de las libertades, sino a la posibilidad real de transformar la sociedad y empezar a construir el socialismo.

Esta realidad sigue siendo negada por la historiografía burguesa y por sus aliados reformistas y socialdemócratas en el movimiento obrero. Pero desde el punto de vista materialista, la lucha de clases había alcanzado tal nivel que la correlación de fuerza era favorable a los trabajadores y de haber existido un partido marxista de masas, la victoria del Socialismo hubiera sido posible.

El estado español tiene el segundo lugar del puesto mundial en desapariciones forzadas, más de 114.000 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre del año 1951, una cifra por detrás de Camboya, y por delante de Argentina o Chile, según un informe de Naciones Unidas de 2014.

Después de la muerte de Franco había ilusiones, pero en paralelo nuevas investigaciones atestiguan una violencia salvaje desde noviembre de 1975 a las elecciones generales de octubre de 1982: 700 asesinatos, 3.000 acciones violentas, miles de encarcelados y cientos de torturados.

Se vivieron muchos tipos de violencia, grupos de extrema derecha a como el Batallón Vasco Español, grupos armados españoles, o guerrilleros de Cristo Rey vinculados al aparato del Estado y por la extrema izquierda ETA, GRAPO y FRAP.

La investigación de Sophie Baby (Châtenay-Malabry, París, 1977) (4) que contabiliza 536 muertes en manos de la violencia contestataria y 178 los muertos a manos del Estado, una vez fallecido el dictador, sea por torturas, por «incidente policial» o por actos de brutalidad en represión de manifestaciones.

Ante esta violencia, el mito de la Transición pacífica cae, pareciéndose a los tenebrosos «avión de plomo» de los setenta en Italia, según la historiadora francesa.

El primer muerto en democracia a manos de las fuerzas de orden público fue el trabajador Teófilo del Valle, abatido a tiros en una manifestación en Elche (Alicante). Apenas una semana después, el 3 de Marzo se produjo la llamada «Matanza de Vitoria» en la que fueron asesinados cinco obreros y fueron heridas centenares de personas cuando la policía entró en la Iglesia de San Francisco.

Los trabajos de esta historiadora coinciden en denunciar que en esa senda entre el franquismo y la Transición no hubo proceso de depuración en los cuerpos represivos de la dictadura como el ejército, la policía, la Guardia Civil y sus respectivos servicios secretos. Esto generó un ángulo ciego que abonó un vasto campo de acción de prácticas de tensión y violencia, según Baby. Se dejó en puestos supuestamente democráticos a las fuerzas represivas de la dictadura, se le facilitó todo tipo de acciones para «imponer su propia visión del porvenir político del país».

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 1977, se produjeron 4.203 detenciones por delitos políticos. En esa labor tuvo mucho que ver la Brigada Político Social (BPS) temida por su violencia extrema y por el uso habitual de la tortura.

Ley de Memoria Democrática

La Ley de memoria democrática aprobada en el año 2022 contiene avances (como por ejemplo declarar ilegales los juicios del franquismo), pero sigue siendo insuficiente como así lo han manifestado la mayoría de los colectivos memorialistas. Una ley que en cuanto a investigación y archivos no dice casi nada o se queda muy ambigua, con generalidades sobre el acceso a los mismos. Pero viendo la reforma que preparan de la Ley de Secretos Oficiales, que al final es prácticamente los secretos oficiales, tal y como están, me temo que no va a ver mejoras sustanciales en este tema.

Mantiene el modelo de impunidad del franquismo al no derogar la Ley de amnistía de 1977, al no depurar el aparato del Estado de reaccionarios, los criminales franquistas seguirán campando a sus anchas. Esta Ley no permiten que se juzguen los crimines del franquismo en nuestro país.

En una ley que queda corta, pero no vamos a esperar otros 40 años para otra ley de memoria que mejore esta de manera sustancial la recién aprobada ley.

Solo la movilización, como se demostró en Argentina, es lo que logrará sentar a los represores franquistas en el banquillo. Gracias a los colectivos de memoria, investigadores e historiadores se han conseguido pasos en este tema. Sigamos clamando más. Los luchadores antifranquistas merecen una ley más avanzada.

¡Seguiremos gritando verdad, justicia y reparación!