En primer lugar, quiero empezar felicitando a Osakidetza por haber hecho público el coste económico por ingreso hospitalario y sanitario para el tratamiento de las enfermedades. Aunque la información es limitada, estoy convencido de que ayudará a generar una ciudadanía más responsable con el servicio público, al aumentar su conocimiento sobre dónde se destinan los recursos generados por el pago de los impuestos.

Ahora bien, elude informar sobre el coste de las enfermedades tratadas que están aseguradas por la contingencia profesional. Aunque no es la primera vez que lo planteo, vuelvo a insistir. Algunas de las personas ingresadas en Osakidetza, mayoritariamente pensionistas, afectadas por enfermedades de origen laboral, algunas de ellas son más tarde reconocidas por el INSS o sentencia judicial como enfermedad profesional. Me refiero al cáncer profesional (mesoteliomas, cáncer broncopulmonar, cáncer de laringe, adenocarcinoma de próstata, etc.), así como a otras enfermedades respiratorias (neumoconiosis, asbestosis, silicosis), la mayoría de las cuales no han causado baja o incapacidad temporal al afectar a pensionistas, dado que la enfermedad expresa su gravedad 30 o 40 años más tarde de la exposición laboral, y cuyo tratamiento requiere varios ingresos hospitalarios, intervención quirúrgica, con importante gasto sanitario. Según el Cepross, registro del Ministerio, el año 2024, se han reconocido 35 cánceres profesionales en Euskadi y 4 en Nafarroa, de los cuales solo 3 causaron baja, además de 105 enfermedades respiratorias, de las que 57 no causaron baja (supuestamente por tratarse de pensionistas). En 2022, se reconocieron 54 cánceres profesionales en la CAPV y 45 en 2023, además de otras enfermedades profesionales. Datos que mejor que yo conoce la inspección sanitaria vasca, incluida la dirección de Osalan. A mi entender, fueron muchas más las enfermedades de origen laboral tratadas en Osakidetza y que no fueron reconocidas por el INSS, en tanto los profesionales sanitarios incumplieron el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, que les obliga a «comunicar sospecha» tras diagnosticar una enfermedad incluida en el Listado de Enfermedad Profesional.

Resulta evidente que, si el INSS reconoce las prestaciones de enfermedad profesional, es porque las personas afectadas cotizaron por accidente de trabajo y enfermedad profesional, cuyos recursos gestionan las mutuas patronales desde el 2006, anteriormente la Tesorería de la Seguridad Social. Por tanto, si el INSS reconoce las prestaciones de enfermedad profesional, es lógico que Osakidetza impute los cuantiosos gastos sanitarios y hospitalarios generados a las mutuas que gestionaron la contingencia profesional de la persona enferma. No hacerlo supondría un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos o de una interesada corrupción. Es evidente que las mutuas no están preparadas para tratar o curar enfermedades como el cáncer de pleura, pulmón..., tras ignorar durante décadas el riesgo en las empresas, incluida la adopción de medidas preventivas frente a las sustancias cancerígenas. Es indiscutible que el reconocimiento del origen laboral de muchos cánceres y enfermedades respiratorias se produce contra la voluntad de las mutuas que prefieren fortalecer su campaña contra el absentismo convirtiendo a los trabajadores y trabajadoras en simples objetos para usar y tirar, sobre todo cuando perdemos las capacidades productivas.

Osakidetza y el conjunto de las instituciones sanitarias autonómicas deben clarificar e imputar el coste sanitario de las enfermedades profesionales a las mutuas. Igualmente, debe convertirse en un reto para los parlamentarios vascos, responsables sindicales y sociales, dado que la correcta imputación del gasto evitaría la pérdida de recursos y el deterioro de la sanidad pública, dando pábulo a las mutuas que se vanaglorian de su gestión eficaz frente a Osakidetza. Además, evitaría la ocultación del origen laboral de muchas enfermedades, conllevando una mejora de la prevención de los riesgos laborales en las empresas.