El mes de junio de 2015 surgió la iniciativa social Sare, con el objetivo de crear una red ciudadana que tenía como trabajo fundamental exigir a los poderes públicos la aplicación de la legislación en vigor a los presos y presas vascos, en ese momento ingresados en prisiones de todo el Estado. Éramos conscientes de la dificultad que presentaba este objetivo, por tener que salvar obstáculos políticos, judiciales, administrativos y policiales, además de una situación social muy dañada, tras demasiados años de sufrimiento y enfrentamiento.
La actividad que llevamos desarrollando, durante estos seis años, no tiene otro objeto más que el dar cobertura al cumplimiento del Derecho y de los derechos de las personas ingresadas en prisión. Sare es una red ciudadana, con colaboradores y colaboradoras por toda Euskal Herria, de opiniones e ideología diversa, unidas por compartir ese mismo objetivo que tenemos desde nuestra creación. No somos una organización jerárquica, por lo que, cada uno, aporta su granito de arena como puede y cree más oportuno.
En el transcurso de estos años, esta realidad, y la dificultad del tema que tratamos, ha hecho que nuestra labor sea inspeccionada con lupa, así como valorada y enjuiciada públicamente. En ocasiones, también, con oportunismo y motivaciones política como presión para que la situación penitenciaria no cambie o con intención de incidir de manera negativa sobre la labor que realiza Sare en la sociedad. Nosotros somos autocríticos con nuestra labor, intentando siempre afinar nuestro mensaje para aportan en la convivencia, con respeto de todos y todas las víctimas y sentimientos, sin permitir por ello la vulneración de derechos de ninguna persona, pero siempre, con la vista puesta en la resolución y la paz.
En este sentido, nos vemos obligados una vez más a aclarar lo ocurrido con la marcha organizada para el pasado 18 de septiembre en Arrasate. Esta marcha solo tenía como objetivo central pedir la derogación de la Ley 7/2003, que eleva el cumplimiento efectivo de las penas hasta 40 años y está fuera de toda lógica reparadora y de reintegración y el cese de una política penitenciaria inhumana, no ajustada a la legalidad. La mala voluntad retuerce los objetivos de esta convocatoria y todo se vuelve contra una iniciativa que no perseguía nada más que el objetivo señalado. Ni se quería ensalzar ni humillar a nadie ni a nada. Hacemos la autocrítica que nos corresponda, pero también denunciamos la campaña de distorsión y linchamiento político y mediático contra Sare, soslayando el fondo de la cuestión que no es otro que el cese de una política penitenciaria inhumana, no ajustada a la legalidad ordinaria.
Creemos que con esta campaña se ha buscado un doble objetivo; por un lado desacreditar la labor de Sare de humanización de la situación penitenciaria de todas las personas presas y de exigencia de aplicación de las normas penales ordinarias a que tienen derecho. Y por otro lado, condicionar los pasos que se están dando en el cambio de política penitenciaria.
Nos negamos a contraponer o condicionar la atención a todas las victimas de todas las violencias y el trato humanitario a las personas penadas.
Nuestra preocupación como organización seguirá estando en las personas en prisión, que desde fechas recientes reciben un trato más ajustado al mandato de las normas. Así, desde el verano pasado, se inició una política penitenciaria que finalizó el 1 de julio de este año, con el traslado de presos y presas vascos, en especial de los que estaban a miles de kilómetros de Euskal Herria. Estos traslados no ponen fin a la política de alejamiento y dispersión, pero indudablemente producen un cierto alivio en un importante número de familias que estaban obligadas a la realización de largos desplazamientos a cárceles situadas en Andalucía, Levante o Galicia. Hoy en día ese alejamiento continúa en prisiones situadas en Castilla, Madrid o Aragón, entre otras.
El camino de cumplimiento de la legalidad se está viendo obstaculizado por actitudes beligerantes dirigidas desde alguna prensa y también por parte de algunos jueces o tribunales. No podemos afirmar otra cosa cuando nos encontramos con que solamente un 6% de las personas internas en prisión están en tercer grado penitenciario y el resto en segundo grado, a pesar de llevar cumplidos en algunos casos más de 30 años de prisión, la práctica totalidad de esta condena en primer grado penitenciario.
La intervención de la fiscalía y de algunos jueces dirigida contra las progresiones de grado o los permisos penitenciarios constituye una práctica habitual. Con su actitud, sustituyen a las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, que por lógica, son quienes mejor conocen la evolución de estos presos y presas. Se da el caso de presos que tienen bloqueados tres o cuatro permisos por la acción del juez o de la Fiscalía. Esto nos preocupa sobremanera y a impedirlo dedicamos también nuestros esfuerzos.

Creemos que ahora viene un cambio, no exento de problemas. La Administración de la CAV tiene ya la competencia de prisiones. La normativa a aplicar es la estatal, obviamente, porque suyas son las competencias legislativas. En la ejecución de esa normativa esperamos el respeto de los derechos humanos hasta ahora conculcados, dejando de entender la excepción como la regla. No exigimos privilegios, solamente que se aplique la legalidad y se respeten especialmente los derechos que el ordenamiento interno e internacional reconocen.

La Administración vasca se ha manifestado claramente en esta línea de respeto de la legalidad. Esperamos que los hechos se correspondan con las palabras.

Abogamos por la reclamación, desde el Gobierno de la CAV el Gobierno de Navarra y la sociedad civil, de traslado de todas las personas presas vascas a cárceles de Euskal Herria, pudiendo así aplicarse en toda su amplitud una política penitenciaria humanitaria.

La oportunidad de superar una situación no deseada, de eliminar las violaciones de derechos y todo ello con la simple aplicación de la normativa en vigor enciende nuestra esperanza. En todo caso, creemos que en este proceso se debe reforzar el trabajo conjunto: partidos políticos, sindicatos, Instituciones y sociedad civil. Es este consenso alcanzado en los dos o tres últimos años, un valor de una gran importancia, tanto hacia el interior de nuestro país, como hacia fuera. Trabajemos por reforzarlo.

Sare continuará defendiendo estos objetivos en las instituciones, y manteniendo un diálogo permanente con todos aquellos partidos políticos y sindicatos, sin excepción alguna que, quieran hacerlo con el propósito de buscar acuerdos que nos permitan avanzar respetándonos en nuestra área de actuación.

La defensa de los derechos fundamentales de los presos y presas vascos justifica nuestra preocupación y su manifestación en la calle. Como siempre lo hemos hecho. Buscando la pluralidad en estos objetivos. Caminando juntos y juntas.

El 23 de octubre, tenemos esta primera prueba. Nos encontraremos en Donostia, defendiendo la paz, la convivencia, dentro de la dinámica Ibilian Ibilian, etxerako bidean, que hemos puesto en marcha. No será fácil, pero nuestra intención y deseo exclusivo es la defensa de los derechos de los presos y presas vascos, así cómo exigir el cumplimiento de las normas internacionales y estatales que afectan a esta materia.