Ongi Etorri Errefuxiatuak y Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
Pacto Social Vasco para la Migración

Un discurso contra el racismo requiere también reflexionar sobre el derecho a la vivienda y la seguridad ciudadana, que ha de vincularse con los derechos humanos

22/01/2020

El Pacto Social Vasco para la Migración se presentó el 30 de noviembre de 2019 en Vitoria-Gasteiz, en la sede de Lehendakaritza. El acto fue presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera Beatriz Artolazabal. En el mismo estuvieron presentes las instituciones vascas y un número importante de ONG y organizaciones del tercer sector.

El lehendakari señaló que los objetivos del Pacto conectan con una «ética preventiva y proactiva» para dar una respuesta «solidaria y responsable» a las necesidades de las personas migrantes.

Leyéndolo con detenimiento, se nos plantean algunos interrogantes que impactan directamente en la línea de flotación del Pacto. ¿Será que este acuerdo sirve de verdad para reparar daños en los derechos de las personas migrantes? ¿Garantiza derechos a las personas migrantes y establece una metodología eficaz para ello?

Entre las razones que se utilizan para defender el Pacto se alude a la necesidad de llegar a grandes acuerdos entre partes diferentes. Pero el consenso, en este Pacto, pasa por alto las relaciones asimétricas de poder que chocan con las distintas responsabilidades y grados de autoridad de los agentes firmantes. También sirve para evadir compromisos institucionales y construir laberintos discursivos muy funcionales al modelo dominante. Sumar ideas no quiere decir firmar pactos sin más.

¿Un Pacto contra la xenofobia y el racismo?

La adhesión al Pacto de agentes tan diversos, incluidos partidos de izquierda y diferentes organizaciones del tercer sector, parece avalar el contenido del mismo. Es como si ante la ola de xenofobia y racismo representada por la extrema derecha, el Pacto implicara aire fresco en el espacio vasco e internacional. Esta afirmación requiere ser contrastada mínimamente, ya que uno de los efectos de la consolidación de la extrema derecha es que provoca un giro de todo el discurso social e institucional hacia ideas profundamente «conservadoras». Eso conduce a que el hecho de aprobar un pacto ya parezca positivo en sí mismo.

Un discurso contra el racismo requiere también reflexionar sobre el derecho a la vivienda y la seguridad ciudadana, que ha de vincularse con los derechos humanos, las prácticas preventivas, los recursos económicos dedicados a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, las políticas públicas y las políticas normativas. Todo ello para combatir los argumentos racistas y xenófobos.

Lagunas y contradicciones

El Pacto no hace ninguna referencia al espacio comunitario y español, lo que implica desconectar ambas realidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Algunos partidos políticos e instituciones firmantes tienen responsabilidades concretas de lo que ocurre en ambos espacios; por eso, la falta de competencias no puede ser el argumento para no abordar los valores éticos y jurídicos que deben presidir las políticas migratorias en la UE y el Estado español.

No se alude a la necesaria derogación de la Ley de Extranjería española, ni a los acuerdos de subcontratación del control migratorio (con países como Libia, Marruecos o Turquía) en el ámbito europeo. La ausencia de medidas concretas vuelve a convertir en papel mojado las declaraciones retóricas a favor de los derechos de las personas migrantes. Estas lagunas no son un simple olvido: ponen de manifiesto que la brecha entre lo que se dice y lo que se hace es abismal, y muestran una fotografía muy borrosa de algunos de los actores firmantes.

En el ámbito autonómico, las contradicciones entre lo que se afirma en el Pacto y lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas migrantes son flagrantes. ¿Cómo encaja el Pacto con los derechos de las empleadas de hogar que mayoritariamente son migrantes? ¿Y con la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)? ¿Y con el derecho al empadronamiento?, ¿Y con los escasos presupuestos en educación para la integración de alumnado migrante? ¿Y con la acogida integral? ¿Y con los itinerarios integrales de inclusión y formación? ¿Y con el acceso a la vivienda? ¿Y con el suelo libre de industria militar?, ¿Y con las redadas policiales racistas? ¿Y con las personas migrantes que duermen en la calle? ¿Y con la situación de los manteros? ¿Y con las expulsiones en caliente en la frontera de Irun? ¿Y con el muro del puerto de Bilbao?

Estas preguntas no encuentran contestación en el Pacto. Este tampoco establece ningún camino para futuras respuestas, ni tan siquiera propone reparar los daños causados a las personas migrantes.

El Pacto mezcla y coloca en el mismo plano a instituciones, responsables políticos, sociedad civil, empresas etc. Eso provoca una confusión normativa a la hora de garantizar los derechos de las personas migrantes, así como una invasión del derecho blando, que es voluntario, no vinculante y sin exigibilidad jurídica. Igualmente, conlleva una atrofia en el desarrollo de nuevas normas y legitima proclamas vacías que no sirven para asumir responsabilidades concretas. El texto del Pacto está repleto de retórica jurídica y las responsabilidades se reenvían al limbo jurídico de autoevaluaciones, evaluaciones y certificaciones; a futuras regulaciones sin compromiso alguno y sin ninguna referencia a la derogación, o a la mera solicitud de derogación de normas existentes que dificultan la vida digna de las personas migrantes.

El Pacto Vasco construye un laberinto de ideas sin propuestas ni metodologías eficaces para la protección de los derechos de las personas migrantes. Ha llegado el tiempo de pasar de las palabras a los hechos.

Artículos
Eva Aranguren Arsuaga
27/02/2020
Jesús Valencia
27/02/2020
Fito Rodriguez
27/02/2020
Martintxo Mantxo
27/02/2020
Cartas
Manu Ballesteros
26/02/2020
Ainara Maya Urroz
25/02/2020
Aitor Ugartondo
25/02/2020
Enric Vivanco Fontquerni | Barcelona
25/02/2020
Últimos posts
Fito Rodriguez
26/02/2020