Aparentemente no hay diferencia, pero realmente tanta, como la que se da entre el tratamiento a los beneficiarios de las SICAV debido a la ínfima presión fiscal (1%) que aplica el gobierno a este “vehículo” financiero y su rentabilidad consecuente para las clases adineradas, comparado con la ínfima subida que aplica a las pensiones (0,25%) con su pérdida de poder adquisitivo consecuente afectando principalmente a las clases empobrecidas, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución.

Un agravio comparativo que incrementa la brecha socioeconómica, siendo esta el parámetro de medida que más fielmente se ajusta como indicador de evolución o involución ético-democrático de cualquier país.

Con el fraude por adulteración del pan integral y mil cosas mas, por falta de información, tampoco se da una alarma social mayoritaria. Pienso que ello, no debería ser razón para sostenerlas por mas tiempo, máxime cuando en la UE ese producto financiero no existe y la legislación para control fiscal y de calidad del pan, etiquetado general de alimentos y libre mercado para productos naturales y complementos alimenticios, es mucho mas progresiva, particularmente en Alemania y Austria.

Parece ser que al pan ya le ha llegado su hora y los legisladores van a dignificar ese producto. Dignificación, no solo del incremento con arreglo al IPC, sino de las propias pensiones al valor trazado según criterio plasmado en la Carta Social Europea, y no adulterar la razón de la negativa del gobierno y partidos que le apoyan, con condicionantes políticos coyunturales, que como con el falso pan integral, solo sirve para beneficio del dispensador y perjuicio del consumidor-perceptor.

Para dibujar el escenario y cuadro donde se mueven y manejan actores políticos y espectadores sociales, una imagen vale mas que mil palabras, y la estadística comparada y unos cuantos números siempre trazan de manera mas nítida el guión y la escena, que montañas de literatura.

2.017 batió el récord de recaudación en las arcas de Hacienda estatal; también en las diputaciones de la CAPV con un superávit de 869 millones de euros sobre lo estimado a diciembre de ese año. A la vista de ello, la idea de los tres diputados generales (los tres del PNV) ha sido rebajar 4 puntos el Impuesto de Sociedades y además la de Gipuzkoa estudia rebajar el impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas que nos supondrá una pérdida de recaudación de 13 millones.

Quinto año consecutivo con 0,25%, que lleva a una pérdida de poder adquisitivo del orden del 8% en ese mismo período. Suponen 21 euros al año de media por pensionista; subir el IPC equivaldría a 251 euros de media al año, y al gobierno un gasto añadido de 2.300 millones de euros, calderilla comparada con los 67.000 millones que saquearon del Fondo de Reserva de los pensionistas entre 2.012 y 2.016.

El gobierno reconoce nuestro esfuerzo y lo agradece en carta personalizada; agradece  al PNV por apoyar la subida del 0,25% incluida en las negociaciones con el PP para la aprobación de los PGE-2.017. Por ello como corresponsable de la misma, también el lehendakari agradece nuestro esfuerzo obligado.

¿Será capaz el PNV de dar su firma de apoyo a los PGE-2.018? Inicialmente lo lo condiciona a un cambio de actitud por parte del gobierno del PP respecto a levantar el estado de excepción en Catalunya y para lo sucesivo una relectura del artículo 155 de la Constitución; le honra el gesto desde el punto de vista de justicia, solidaridad, equidad y civismo democrático, pero.... a verlas venir.

El presidente español dice que técnicamente es imposible subir las pensiones  al IPC ya que causaría un descalabro económico. El lehendakari tampoco se lo cree pero calla, asumiendo el infame predicamento y reafirmación en su demostrada xenofobia de clase. No quieren reparar en el agravio comparativo que supone para la gran mayoría, el déficit recaudatorio provocado por la rebaja en la fiscalidad a los de su clase, donde según los técnicos de Hacienda (Ghesta) es el ámbito donde se genera el 72% de ese fraude por elusión recaudatoria estimado en 90.000 millones al año a través del Impuesto de Sociedades (en los últimos 10 años bajó del 35 al 25% por acuerdo PP-PSOE-PNV) al capital (Sicav) y la banca (entre 9 y 0%).

Especial mención para las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), que como asegura Julio Anguita: se crearon para quienes quieren pagar menos impuestos por su dinero...Por el dinero que les queda después de separar lo que necesitan para vivir, y que en el total de las 3.000 sociedades existentes suma un patrimonio de 32.000 millones de euros. Dos destacadas particularidades: no generan empleo y el gobierno les ha liberado del control de los técnicos de la Agencia Tributaria para pasar a ser tutelados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Subir la fiscalidad a la minoría adinerada es de justicia y bien común. Elevar el poder adquisitivo de pensionistas y perceptores del SMI favorecería el consumo interior como gran motor de ingresos por IVA. La Europa social no entiende que nuestro bajo SMI (hoy la mitad que en Francia cuando el pan y otros están al mismo precio), siga condenando a millones de personas a sobrevivir bajo un techo que impide dignificar las pensiones mínimas y otras prestaciones

Por otra parte ¿cómo entender que en España para adquirir productos de primera necesidad (hipermercado, energía, alimentación, vivienda, material escolar obligatorio como libros de texto, etc..) el esfuerzo de compra es muy superior al de los europeos debido a que el salario y pensión media de estos es superior y los precios parecidos?
 
El gobierno nos dice que este desfase se “justifica” por la gran diferencia en la presión fiscal media europea y la nuestra. La presión fiscal media en la UE es 41,3% y en España 34,1% aplicada de una manera muy desigual, (no la tasa sino el esfuerzo de pago), entre asalariados por una parte y de beneficiarios de rentas de capital, poseedores de patrimonio, grandes fortunas y empresarios... por otra.

Resulta inaplazable una reforma fiscal y tributaria que nos acerque a modelos, tasas de tributación y dotación de medios técnicos y humanos de inspección para reducir el fraude como mínimo a niveles de la media europea y se dejen de “justificaciones” y hechicerías mediáticas que no se justifican, como lo vienen haciendo con todo en esta fallida democracia.

Fallida por falaz, desidiosa y embustera: La OCDE denuncia de manera sistemática a España por los escasos medios que destina de manera progresiva a recaudar impuestos y perseguir el fraude fiscal situándonos a la cola en el primero y en cabeza para lo segundo, calculando en unos 200.000 millones de euros al año los que escapan del control de Hacienda...

Somos el último país de Europa en número de empleados de Hacienda y dotación de recursos económicos en relación al número de habitantes. Así para cada 10.000 habitantes a la cabeza está Hungría con 23 funcionarios, Bélgica con 22, Francia con 18... en la cola Turquía con más y España con menos de 6 funcionarios dedicados a recaudar impuestos, siendo nuestro país el que menos presupuesto sobre porcentaje del PIB destina a esta labor, el 0,11% (el 73% salarios para una plantilla con edad media 50 años), tres veces menos que Países Bajos y la mitad que Portugal, Alemania o Reino Unido. El dato mas elocuente de esta desidia recaudatoria de clase es que en el año 2.015 cesaron en la plantilla 980 empleados y se incorporaron 383.

Dado el elevado número de sumarios de corrupción política abiertos (1.700) y debido a su complejidad técnica, uno de cada cuatro inspectores destinados a detectar el fraude fiscal ordinario, hoy se dedica a “auxilio judicial”, estando ajenos a los ingresos fiscales. Situación que merma aún más los parcos recursos humanos destinados a aumentar la recaudación...y el presidente español dice que técnicamente es imposible subir las pensiones al IPC ya que por falta de de ingresos tributarios, ese gasto causaría un descalabro económico... ¡cuanta infamia democrática!

Se niegan a entender de otra manera lo que es gasto e inversión; también a equiparar nuestra presión fiscal a la media UE. Cuantitativamente supondría ingresar 75.000 millones de euros mas cada año, pero ¿cualitativamente?

Este es el gran debate pendiente al que también se niegan, ya que quedaría a descubierto que la subida de presión fiscal necesaria para alcanzar la media UE, se aplicaría por tramos de riqueza, y siendo así, afectaría de manera brutal a esa clase social adinerada que hoy tributan de manera desigual con la clase trabajadora, tanto en porcentaje de pago como en esfuerzo de pago, siendo este el principal parámetro de moralidad económica que determina el grado de civismo y calidad democrática de cualquier país.

Trampean también con los criterios utilizados para “ajustar” la subida salarial y de las pensiones (estos años ni eso) a la subida del  IPC oficial como falsa parámetro calculado con criterios alejados de una realidad de hábitos generalizados de consumo y desde una economía excesivamente corporativizada, intelectualizada y totalmente desligada de la ecología y crecimiento (o decrecimiento) medido en desarrollos de economía del esfuerzo humano.  
 
Toda esta negativa encuadra perfectamente en lo que en el siglo pasado se denominaba: Lucha de clases y hoy entre polos con fuerzas mas desiguales que entonces y medios de comunicación igual de intoxicadores, se denomina: Xenofobia de género y clase... propia de una democracia fallida.