Cierto es que si se quiere que una mentira se trastoque en verdad, no hay como replicarla mil veces para transmutar su naturaleza intrínseca. Esto está ocurriendo con la supuesta necesidad de implantar peajes en el conjunto de las infraestructuras viarias del Estado. Para ello se están acuñando interesados mantra, principalmente auspiciados por el lobby de constructoras y concesionarias de autopistas Seopan, que conviene, cuando menos, contrastar.

Se dice que las infraestructuras viarias, la firme apuesta que se hizo en los años 60 del pasado siglo como principal modo de transporte de personas y mercancías (en detrimento de la red ferroviaria que se diezmó en este país), son deficitarias. Lo cual sería verdad si se obviara lo principal: quienes las usan lo hacen con su moto, coche, furgoneta o camión, que en número actual de 27.463.321 circulan matriculados en el Estado. Al hacerlo asumen una ingente y constante carga impositiva. Su adquisición les supone casi el 30% de su costo, entre IVA e impuestos de matriculación y circulación, y durante su vida útil, cada vez que repostan carburante en una gasolinera, la mitad de su factura va para Hacienda a través del impuesto de carburantes, uno de los más altos que se aplica a un producto de consumo.

Lo que ocurre es que la tan constante contribución del ciudadano, la administración la diluye en la caja común olvidando, intencionadamente, la naturaleza de la imposición. Por lo que, sin sonrojos, afirma que las infraestructuras viarias le son deficitarias, cuando la realidad es que el balance de ingresos que le supone la aportación de sus usuarios es, a todas luces, infinitamente mayor que los gastos que acomete en construcción y acondicionamiento de las mismas. Por lo que si, en pura lógica, se invirtiera tan solo una parte del dinero que se recauda en ellas, no habría tal déficit.

Se nos quiere invitar a la solidaridad medioambiental con la premisa de que, quien contamina paga, con la que comulgamos dado el incuestionable cambio climático, pero vemos que esta máxima solo la quieren aplicar a los sufridos conductores, cuando hay sectores más contaminantes a los que no lo hacen. Señalando que las vías rápidas como autovías y autopistas son menos contaminantes, por circular en ellas a velocidades constantes, que las carreteras convencionales donde la intensidad de la marcha es más lenta y por ello, mayor el consumo y emisiones. Por lo que, en aras de mitigar las emisiones, debieran fomentarse –sin ningún sobreimpuesto en forma de peaje– estas vías.

Afirmar que en el resto de Europa se paga en las vías rápidas es de una intencionalidad de parte, para justificar el atraco al bolsillo del contribuyente, que no se sostiene con un análisis de la situación. Como en todos los parámetros comparables, en cada país de la Unión Europea hay disparidad, pues no hay normativa europea alguna que obligue a implantar peajes, solo recomendaciones muy específicas a quienes lo instauran. En algunos se aplica el peaje y en otros no. Unos con intensidad y en otros apenas existe, como en el caso de Alemania, modelo que aspiramos a emular, en el que los automóviles no pagan ningún tipo de peaje y solo lo aplican en contadas infraestructuras como puentes y túneles a camiones de gran tonelaje.

Una singularidad es nuestro vecino Portugal. Tras la última crisis económica, y por la indicación impuesta por los hombres de negro, se vio obligada a poner peajes en todas sus autopistas, pero a día de hoy, a petición de la mayoría de su arco parlamentario, está levantando esta presión impositiva en forma de reducción de los peajes en un 50% para aliviar la economía de sus ciudadanos y mantener la competitividad de sus productos.

Aparte de estas apreciaciones habría que señalar lo dañino que supone aceptar la filosofía ultraliberal de pago por uso de los servicios que encomendamos a nuestras administraciones, por lo que convenimos el pago solidario de los impuestos para cubrirlos, pues su extensión a otras necesidades (algo a lo que estaría dispuesto el voraz apetito capitalista), como educación, sanidad, bienestar social, etc., los cuales sí son lógicamente deficitarios al no tener enganche económico directo en su uso, como es la tenencia de un vehículo, socavaría la base de nuestro estado de bienestar.

Frente a esto la ciudadanía debe exigir a sus representantes instaurar el derecho a una movilidad segura, eficiente y sostenible que no discrimine entre ciudadanos que puedan costearse el peaje y ciudadanos de segunda que se vean obligados en sus desplazamientos, muchas veces obligados por sus condiciones laborales, a jugarse la vida en carreteras en un estado lamentable por la desidia de su conservación, al haber priorizado los distintos gobiernos el fomento de las vías de peaje para engordar las cuentas de resultados de las empresas concesionarias a las que se les dio inusitadas facilidades para su construcción, prolongándoles las concesiones para su enriquecimiento. Una política que ha dejado la red estatal de carreteras, por su falta de modernización y mantenimiento, en una situación que hoy se manifiesta preocupante con los parámetros de calidad que se requiere en la movilidad del siglo XXI.