Alberto Frías
Militante de Lurra y doctor en Economía

Perroflautas y renovables

Se pretende sacrificar el patrimonio natural en el altar de la cuenta de resultados de la readecuación del monopolio eléctrico.

Frente al palacio de Ajuria Enea un enorme caballo de madera pintado de verde atraía la mirada de los anonadados paseantes. De su interior, emulando al caballo de Troya, comenzaron a salir una serie de personajes cuando menos extravagantes. Encabezando la comitiva un hombre y una mujer ya de cierta edad que contrasta con su atuendo.

El hombre alto, con pantalones campana, camisa de estampados colorines, chaleco largo en lana con amplios bolsillos, gafas a lo John Lennon aunque no melena sino una incipiente calvicie y un gran colgante con tres hojas de color verde, azul y amarillo. La mujer baja, con un vestido amplio estampado en flores, rastras de colores y una flor rojiverde en el pelo, chaqueta de cuero con flecos de pionera a lo Daniel Boone, cartera con escudo heráldico estampado y una sonrisa monjil. Lo que podríamos llamar dos auténticos perroflautas.

Al perroflauta alopécico y la perroflauta de monjil sonrisa, les franquea el gran portón de hierro Juan Mari Atutxa al son de los platillos. Una voz sorprendida se eleva entre las bocas abiertas de los mirones ¡si son el Galán y la Tapia! Vistos desde atrás, la diferencia de alturas trae a la memoria a Don Quijote y Sancho Panza junto a un Rocinante gigante de madera verde renovable. El desfacedor de entuertos de la emergencia climática lanza en ristre cargando contra los gigantes y la fiel escudera que avisa «mire vuestra merced, que no son gigantes eléctricos de la competencia, sino molinos», mientras sujeta sus pertrechos para hacer más fácil su cruzada energética.

A la entrañable pareja transmutada a perroflauta renovable, como al guardián de la puerta y a otros muchos ilustres políticos giratorios, les une su pasado o su presente en Iberdrola. También a Tapia cuyo curriculum como investigadora contó entre otros con la financiación de la transnacional. Así se entiende mejor que el pasado 24 de mayo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en una actuación sin precedentes Arantxa Tapia impidiese, visiblemente contrariada, que se sometiese a votación una propuesta de resolución del colectivo Lurra, donde se solicitaba la retirada de los proyectos eólicos en Araba promovidos por Aixeindar SA (empresa compartida por gobierno autonómico e Iberdrola, de nuevo Don Quijote y Sancho Panza compartiendo posada) hasta la aprobación de un Plan Territorial Sectorial habilitante. O que se negase a responder a preguntas sobre si el gobierno considera que una actividad empresarial puede sustituir la necesaria y preceptiva intervención pública a la hora de determinar los emplazamientos eólicos, así como obviar el debate institucional y la legítima participación social.

De raza le viene a la perroflauta. Ignacio Galán el del «intervencionismo terrorífico» con un sueldo en 2020 de más de doce millones de euros (un 17% más que en el ejercicio anterior) y se supone que muy afectado por la pobreza energética, es el mismo que ha sido imputado en junio de este año por la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía Anticorrupción, por delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad de las personas y falsedad en documento mercantil. Una presunta trama de facturas falsas utilizada por Iberdrola para enmascarar los pagos a Villarejo como tapadera de una organización criminal que lavaba fondos públicos aprovechándose de los fondos reservados del Ministerio de Interior.

Curiosamente, el primer encargo de Iberdrola a Villarejo tenía como objetivo desactivar el movimiento social contra la instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera. El mismo Galán al que se otorgó la distinción «lagun onari» concedida por el gobierno autonómico como reconocimiento a su contribución al desarrollo de las muy entrañables, transparentes y democráticas Vascongadas.

Por ese nuevo El Dorado transitan otros buitres financieros como Forestalia, promotor de tres nuevas líneas de alta tensión que desde la muga de Zaragoza con Nafarroa hasta Gasteiz y Gatika, pretenden clavar sobre la piel de nuestra tierra cientos de gigantescas torretas metálicas como puñales, en un interminable via crucis de conversos al timo del desarrollo sostenible y apóstoles de la fe en la alienación climática.

Fernando Samper, presidente de Forestalia, también será nombrado un día «lagun onari», pero igual en Singapur donde su fondo soberano (GIC) le financia con trescientos millones, u otros fondos especulativos como el Blackrock, el CIP Copenhagen o General Electric, que paradojas de nuestra historia fue la que aportó la tecnología de Lemoiz. Una gigantesca burbuja de renovables con inflación de precios y especulación, con base en licencias con conexión a la red otorgadas por el gobierno del Reino de España. Licencias que en el mercado están valoradas en 100.000 euros/MW pero que Forestalia ha llegado a vender por 400.000 tras conseguir su adjudicación en la macrosubasta de renovables.

Demasiadas similitudes con la crisis de 2008 como para no pensar que se otea en el horizonte una nueva crisis, que no pagarán los perroflautas que la han abonado con sus muy renovables excrementos, sino los de siempre, que nunca serán nombrados «lagun onari». Los mismos perroflautas, con distintos collares, ahora de color verde.

«Cuando Gregorio Samsa se despertó una noche de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto». Así comienza la Metamorfosis de Kafka, y así nos sentimos quienes fuimos calificados durante años como perroflautas, porque desde la lucha contra Lemoiz hasta aquí apostamos por un modelo energético basado en energía renovables sí, pero descentralizado, bajo control público, con sus pilares asentados en el ahorro energético, la ordenación del territorio y un tejido productivo no intensivo en capital y energía como el nuestro.

El debate en estos momentos sobre la energía eólica o fotovoltaica en Araba o Nafarroa no tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables, ni con criterio alguno de sostenibilidad, tiene que ver con la renuncia a la regulación de espacios y especies protegidas y dejaría en agua de borrajas el trabajo desarrollado durante los últimos treinta años para la protección de nuestro maltratado territorio. Se pretende sacrificar el patrimonio natural en el altar de la cuenta de resultados de la readecuación del monopolio eléctrico.

Nos encontramos lisa y llanamente ante la reinstauración de un nuevo derecho de pernada sobre el territorio, ahora de carácter energético, con manto verde renovable y además financiado con los fondos públicos post-pandemia. Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras. Pues eso, que hablen las piedras de Lemoiz.

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