El Estado Español es el segundo país del mundo en número de desaparecidos: entre 100.000 y 150.000 personas enterradas en cerca de 2.300 fosas comunes. Consecuencia dramática de un alzamiento militar contra las instituciones elegidas democráticamente que llevó a cabo un exterminio planificado y sistemático de quienes defendían la democracia y la libertad e instauró una dictadura presente a lo largo de estos ochenta años, incluso en nuestros días (en simbología, en monumentos e incluso en homenajes al dictador en iglesias).

Se cometieron crímenes de lesa humanidad; desapariciones forzosas; torturas y tratos crueles de forma sistemática; delitos contra las mujeres; ejecuciones sumarias tras juicios sin garantías; encarcelamientos arbitrarios; trabajos forzosos; robos de bebés; persecución por motivos políticos y religiosos; saqueos; crímenes de guerra; genocidio contra el enemigo político; delitos contra un gobierno constituido legítimamente; terrorismo de Estado….Todos ellos considerados como figuras penales conforme al Derecho Internacional Penal.

En Navarra a pesar de no constituir frente de guerra, se dio la limpieza política alcanzado cotas inusitadas: 3.280 personas asesinadas de una población de 345.883 habitantes. Actualmente, únicamente un juzgado de Argentina es el que se ha atrevido a iniciar la investigación por esos acontecimientos.

Es el momento de que instituciones representativas de la ciudadanía como son los ayuntamientos, se impliquen aún más en acabar con esta insólita situación, auténtica vergüenza de la humanidad.

En el año 2013, el Ayuntamiento de Iruñea, entre otros, aprobó una moción de apoyo y adhesión a la Querella 4591-10 del Juzgado Nº 1 de Buenos Aires, por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo.

Ahora se plantea un paso más. Es el momento para que ayuntamientos interpongan querellas ante los juzgados del Estado Español, por los delitos de esa naturaleza cometidos contra sus vecinos y vecinas, incluyendo cargos electos. Dando un golpe sobre la mesa para que se rompa con la mordaza de la impunidad impuesta, que repugna al Derecho Internacional, pues se trata de delitos que no prescriben y no son amparables por leyes de punto final o de amnistía.

Se trata de que los ayuntamientos acuerden dirigirse a la justicia para que ésta investigue, califique y en su caso procese a los responsables. ¿Resulta algo tan inusitado el exigir justicia? Los ayuntamientos que adopten acuerdos en este sentido estarán ayudando a que finalice esta situación, única en el mundo, que ha provocado repudios y condenas de todos los organismos de Derechos Humanos, incluidos los de las Naciones Unidas.

No sería la primera vez que en Navarra, se plantea una línea de exigencia de implantación de una justicia restaurativa. En septiembre de 1946, el Consejo de Navarra en el exilio, constituido como continuador de la Diputación existente durante la República, es decir dotado de mayor legitimidad que la Diputación impuesta por el dictador, solicitaba lo siguiente: “Hay que establecer en Navarra un régimen de justicia… El decoro y la dignidad de Navarra exigen de una manera imperiosa que se haga justicia… Hay que garantizar una justicia con Tribunales que se atengan estrictamente a las normas del derecho y que aplique la pena merecida a todos los responsables de los crímenes cometidos en Navarra”.

De eso se trata; de establecer un puente entre nuestros días y aquellos anhelos de los representantes navarros en el exilio, para cruzar el río del olvido y la impunidad. Han pasado ochenta años, no debemos dejar pasar ni uno más.

La lucha de la memoria contra el olvido es la lucha de las personas contra el poder.