Miembros de Solasbide-Pax Romana, MPpU, Etiker y Elkarbizi, respectivamente
«Por una memoria al servicio de la convivencia»

Cada crimen ha sido el inicio de una historia concreta de sufrimiento. Los que han sufrido estas situaciones han quedado seriamente afectados de por vida. Nada en adelante será igual para ellos. Una sociedad que ha sido herida de esta forma por la violencia necesita tiempo para encontrarse a sí misma y reencontrarse.

08/11/2018

La historia y la memoria tienen, desde luego, dimensiones discordantes. Ciertamente, la historia reciente trabaja entre otras fuentes con la memoria viva, aunque busca fijar los hechos desde una distancia académica. Por el contrario, conforman la memoria la experiencia trasmitida y los hechos vividos, dotados todos ellos de un significado moral, que es aleccionante para la vida social.

La memoria no debe ser una evocación obsesiva del pasado que condicione nuestra vida presente, sino que debería hacer posible que el recuerdo de los males sufridos en el pasado nos ayude a impedir que se repitan tales injusticias en el presente y en el futuro. Sería un error, por lo tanto, desdeñar la preservación de la memoria como tarea social.

Hay una tentación de construir una sociedad desmemoriada, sobre todo lo relacionado con sucesos que son desagradables para el recuerdo. Sin embargo, no se puede construir sobre un olvido injustificable ni avanzar en la convivencia sin admitir de dónde venimos, una autocrítica y condena sincera de la injusticia y el compromiso de no ensalzar hechos sangrientos y a personas que los han llevado a cabo.

No podemos estar siempre mirando para atrás, pero tampoco falsear el pasado del que muchos hemos sido testigos. Hay males y crímenes que no prescriben, pero hay que recordar… para curar, no para atacar y humillar, pero recordar. Es necesario acercarse honestamente a la verdad sobre el pasado, y trasmitirla. Ahí actúa la memoria, como lección que se extrae de los ejemplos negativos para no repetirlos en el futuro. El valor moral de la memoria es que mantiene vivo lo que el oportunismo político o el derecho da por concluido. No podemos negar que es un tema delicado y doloroso, pero es también clave para abordar la convivencia de manera constructiva. Las experiencias de «malvivencia» deben contribuir a la reconstrucción de las convivencias.

En este país hemos vivido bajo el impacto de una espiral de violencias injustas. El crimen, como la extorsión y la persecución, han quebrantado las reglas de juego de la convivencia. El crimen no es un asunto sólo privado, sino altera también la convivencia y compromete a toda la comunidad. Tras cada coche-bomba, secuestro, tiro en la nuca, tortura etc. hay personas muertas o mutiladas cuyo dolor toca también a sus familias y amigos. Cada crimen ha sido el inicio de una historia concreta de sufrimiento. Los que han sufrido estas situaciones han quedado seriamente afectados de por vida. Nada en adelante será igual para ellos. Una sociedad que ha sido herida de esta forma por la violencia necesita tiempo para encontrarse a sí misma y reencontrarse.

Al hablar de víctimas, memoria y convivencia, no es fácil huir del concepto de revancha. La memoria que atiza el odio debería ser corregida. Una memoria integral que represente a todas las víctimas ha de abrirse al sufrimiento injusto del otro. Las víctimas son significativas en sí mismas, en su humanidad truncada, no tanto en los alineamientos con los que las identifican. Esto no significa caer en la equidistancia. Todas las víctimas son seres humanos a los que se les han mutilado injustamente sus opciones de vida.

Aun así, perseguir, torturar o matar no ha sido suficiente. Los perpetradores de tales actos criminales han querido protegerse tras relatos legitimatorios. Medir el daño al otro, haya sido realizado escudándose en el pueblo trabajador o en la seguridad de la ciudadanía, en función de la utilidad política que reporta es una gran injusticia. Hay que denunciar que, tras el descargo político con el que se pretende justificar el daño infligido, lo que se pretende es que las víctimas queden invisibilizadas.

La acción de deslegitimar las violencias injustas implica rechazar la perversión de los marcos ideológicos que las justifican como medios adecuados para conseguir cualesquiera finalidades. Siendo la persona el fin de toda sociedad que se tenga por buena, ¿de qué otra manera podría calificarse a aquellos planteamientos sociopolíticos que aprueban la amenaza, la extorsión o el asesinato de seres humanos para el logro de sus objetivos sociales?

El acto criminal quiebra la dignidad humana de quien lo sufre, pero deshumaniza también al que lo perpetra. Una situación que nos ha afectado como sociedad, en la misma medida en que se ha hecho en nuestro nombre. Por eso, al daño social sufrido le corresponde una acción de búsqueda de reconciliación que implique al conjunto social, sin que por ello se concluya una socialización de la culpa ni un falseamiento de la verdad de lo ocurrido. En este sentido, lo que a la sociedad vasconavarra le corresponde es asumir una responsabilidad colectiva en el mantenimiento y la trasmisión de la memoria de la injusticia para que pueda ser útil al servicio de una convivencia reconciliada.

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