Cumplir la Ley 3/2024, que señala que «el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi no colaborará con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar», no es una opción: es una obligación democrática.

La sociedad vasca se reconoce como una comunidad que ha defendido la paz y los derechos humanos en los momentos más difíciles. Ese patrimonio ético −construido por movimientos sociales, mundo académico, redes solidarias y agentes institucionales− no puede quedarse en eslóganes. Necesita coherencia. Y hoy, cuando el rearme se acelera en Europa y el gasto militar global bate récords, la coherencia se mide en decisiones presupuestarias, industriales y tecnológicas.

La Ley 3/2024 fija en su artículo 10 el principio de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y establece que el sector público de Euskadi no colaborará, en sus políticas de promoción económica, con personas o entidades dedicadas a la producción, comercialización o financiación de armamento o tecnología militar. No hay zona gris: ni subvenciones, ni acompañamiento a mercados, ni instrumentos financieros públicos para quien fabrique o financie guerra.

Este mandato legal debe orientar todas las áreas del Gobierno, diputaciones, ayuntamientos, universidades y sociedades públicas. No basta con que la política de cooperación sea impecable si, a la vez, la política industrial o de internacionalización abre la puerta −directa o indirectamente− a la economía de la guerra. La coherencia se prueba en los hechos: en las ayudas, en los clústeres que se impulsan, en las ferias a las que se acompaña y en cómo se usa la diplomacia económica pública.

En Europa, los discursos de «autonomía estratégica» y «reindustrialización» han incorporado la defensa como vector económico. Euskadi no ha quedado al margen: el lehendakari ha colocado la industria como palanca para «liderar la reindustrialización y la autonomía estratégica de Europa», mientras el Ejecutivo ha activado instrumentos financieros y grupos de trabajo −entre ellos el denominado Grupo para la Defensa Industrial− orientados a proteger cadenas de suministro y facilitar mercados.

Este Grupo ha desplegado una «escucha activa» a través de BasqueTrade & Investment, con encuestas a empresas y entrevistas a firmas representativas. Son herramientas de fomento económico aplicadas ahora a sectores incluidos en parte con vinculaciones militares. Aquí aparece la primera tensión con la Ley 3/2024: si existen empresas con actividad militar significativa, la política de promoción económica no debería favorecerlas.

En Euskadi operan empresas de alto valor añadido con actividad militar, integradas en cadenas europeas y atlánticas de defensa. ITP Aero participa en programas como el Eurofighter y el A400M y reconoce expresamente su área de Defensa. Sener opera en tecnologías críticas y ha anunciado alianzas en sistemas no tripulados. SAPA es referente en transmisiones para vehículos blindados y está presente en programas internacionales. Aernova participa en cadenas de suministro con aplicaciones civiles y militares. Satlantis desarrolla capacidades duales de observación y vigilancia.

Estos ejemplos muestran una realidad: existe presencia significativa en ecosistemas de defensa. Precisamente por ello, la Ley 3/2024 exige filtros claros en la promoción económica pública.

¿Dónde está la incoherencia? La incoherencia emerge al combinar tres planos:

Un mandato legal que prohíbe colaborar, desde la promoción económica pública, con quienes producen o financian armamento.

Políticas de fomento e internacionalización que no excluyen explícitamente sectores militares, e incluso han creado espacios ad hoc de defensa.

Declaraciones públicas que reivindican la centralidad industrial vasca en clave de autonomía estratégica y defienden operaciones empresariales controvertidas por su encaje en derechos humanos.

El caso CAF y el tranvía de Jerusalén. CAF, participada en un 3% por el Gobierno Vasco, continúa implicada en el proyecto del tranvía de Jerusalén pese a los avisos de organizaciones de derechos humanos y de la ONU respecto a su conexión con colonias ilegales. El Lehendakari ha oscilado entre pedir una «reflexión ética» y afirmar que «CAF no contribuye al genocidio». Más allá del debate jurídico, la cuestión es otra: ¿puede una administración que se ha dotado de una ley garantista mantener participación accionarial y apoyo discursivo en proyectos con riesgo de vulnerar el Derecho Internacional Humanitario?

Grupo para la Defensa Industrial tiene lógica si se trata de proteger empleo ante shocks geopolíticos. Pero la Ley 3/2024 no distingue shocks: prohíbe colaborar en promoción económica con actores militares. Si las empresas consultadas incluyen a SAPA, Sener, ITP, Aernnova u otras, hay un potencial choque normativo que exige transparencia: qué empresas se han beneficiado, en qué programas y con qué salvaguardas.

La narrativa de «autonomía estratégica» vuelve a situar a Euskadi en espacios donde la UE y la OTAN incrementan gasto en defensa. La cuestión es si esa orientación −explícita o implícita− se está respaldando con recursos de promoción económica pública, y si existen filtros conforme a la Ley 3/2024.

Medidas para aumentar la coherencia y transparencia podrían ir en línea con:

− Publicidad activa y auditoría social con listados completos de empresas con actividad militar que reciben apoyo público; importes, programas y cláusulas de exclusión.

− Criterios éticos vinculantes traducidos en declaraciones previas firmadas de no actividad y/o colaboración militar y muy especialmente en empresas duales, donde una parte de su actividad no es civil sino militar. La ley impide que fondos públicos amparen negocio bélico.

-Gobernanza clara de evitación de riesgos en derechos humanos, con cláusulas empresariales exigibles para garantizar que una empresa previene, identifica y corrige posibles impactos negativos en Paz y Derechos Humanos, exclusión de entornos con ocupación militar y alertas reforzadas en territorios de alto riesgo.

Rutas de reconversión industrial. Euskadi posee capacidades extraordinarias que pueden migrar hacia sectores civiles de alto impacto social: energía, movilidad, salud digital, resiliencia climática.

Participaciones públicas con voto ético que garantice que toda participación pública se alineará con la Ley 3/2024. Cuando existan riesgos severos, será necesaria la condicionalidad o la salida ordenada.

Quienes defienden que «sector defensa = empleo de calidad» omiten dos aspectos: la dependencia de decisiones geopolíticas externas y la coherencia ética. La fortaleza industrial vasca es indudable, pero su crecimiento puede orientarse hacia aplicaciones civiles críticas, blindadas por compra pública y cadenas europeas no militares.

No ayuda que, mientras se aprueba una ley que prohíbe la promoción de actores militares, desde tribunas institucionales se insista en «autonomía estratégica», ni que se apoyen empresas cuestionadas por derechos humanos. La ciudadanía necesita claridad, sino surge una pregunta inevitable ¿qué se protege exactamente y con qué límites?

Se trata, por tanto, de pasar de la ley a los hechos. La Ley 3/2024 no es un gesto simbólico: es un mandato exigente que, si se cumple, alineará la economía pública con los derechos humanos y reducirá la dependencia de rentas militares de alto riesgo. En un mundo de crisis ecológica y guerras, la economía de la vida no es un lujo moral: es la única estrategia de futuro.

Por ello, desde Gerrarik Ez pedimos cumplir y hacer cumplir la Ley 3/2024 en toda la política de promoción económica; publicar datos; poner límites reales a la participación pública en negocios de riesgo; y mover recursos hacia un horizonte civil de políticas en salud, educación, servicios sociales que cuiden la vida, la justicia y los derechos. Porque la paz se construye con presupuestos y prioridades, no con palabras.


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