Estudiante de antropología social y cultural
Precariedad sumergida de los sanfermines

La precariedad sumergida ha jugado en los últimos años con la amplia bolsa de desempleados y tanto las condiciones como los sueldos de los extras sin contrato han bajado. Las empresas manejan bien esa situación, pues la falta de alternativas lleva a la gente a trabajar como sea.

05/07/2018

Para hablar de economía sumergida o informal habría que definir qué entendemos por ese concepto. Distinguir entre actividades comunitarias, vecinales y domésticas de autoayuda, por un lado; las relaciones laborales asalariadas no reguladas y cuantas actividades económicas no son fiscalizadas por un Estado, por otro; y, finalmente, algunas actividades consideradas criminales. Nuestro contexto es el de una economía capitalista y este es el marco de la economía sumergida en una sociedad de mercado autorregulado donde, en la teoría neoliberal, cualquier intervención del Estado no sería sino un impedimento al «libre» y armónico juego de la oferta y la demanda. Básicamente, hay ciertas diferencias entre pedirle a tu cuñado, «el manitas», que te arregle el armario a cambio de un favor en el futuro, un servicio que un carpintero cobraría; contratar verbalmente a un amigo de tu hijo en el bar familiar para los sanfermines y una empresa bien asentada que contrata sin papeles a gente para las fiestas patronales. Diferencias todas ellas que sin embargo pueden operar mediante retóricas tanto familiares, de amistad como empresariales.

La información que proporcionan los trabajadores y trabajadoras del sector turismo-hostelería refieren a un campo amplio de situaciones. Trabajar sin contrato en este sector sería estar dentro de la economía informal; ahora bien, se puede trabajar con contrato pero por encima del horario estipulado en el mismo como forma de evitar el control fiscal; se puede tener diferentes coberturas administrativas (contrato en otras empresas como la automoción, subsidios de desempleo) y trabajar sin contrato como forma de sobresueldo o complemento salarial; o, se puede, en última instancia, trabajar con contrato en tales condiciones de precariedad que la entrada y salida son parte del modus vivendi cotidiano considerándose el trabajador como desempleado «intermitente»; y, trabajar sin contrato y aparentemente en muy buenas condiciones.

Para entender la economía informal habría que dimensionarla en sus cifras y en cómo opera en cada sector de actividad. El economista Santos M. Ruesga (2000) entiende «la expansión del fenómeno de la economía sumergida como un mecanismo de reacción «defensiva» frentes a los impactos de la crisis económica». A mi modo de ver también hay elementos culturales que tienen que ver con la concepción de las fiestas patronales como espacios de laxitud, las mentalidades o ideologías fiscales o la propia concepción de la economía como el espacio socialmente consensuado del laissez-faire, supuestamente consensuado. No hay datos reales de economía sumergida en Navarra y menos de los sanfermines. El único informe que hay del 2012, coordinado por el economista Ignacio Mauleón Torres, utiliza extrapolaciones económicas más o menos indicativas. Analizar una actividad económica considerada ilegal (contrataciones, suministros en negro, etc.) siempre se encuentra con la dificultad de que nadie va a decirlo motu proprio, de ahí la necesidad del estudio antropológico. No obstante, los datos indicativos nos dan una idea de su dimensión. Como otros informes sociales abundantes, el citado informe apunta al turismo, la hostelería y los servicios como varios de los mayores atractores de este tipo de economía. Al igual que el último Plan de lucha contra el fraude fiscal 2016-2019 (PLCFF), asume entre un 15-20% del PIB en economía sumergida, lo que supondría una declaración líquida no declarada entre los 358-477 millones de euros, siendo el importe estimado en movimiento de unos 2.823-3.763 millones. Estas cantidades, por supuesto, refieren no exclusivamente a los sectores económicos apuntados sino a la economía sumergida en general en Navarra.

Otro aspecto a analizar es el contexto social. Algunos camareros y camareras creen que trabajar sin contrato les beneficia pues lo que consiguen en 9 días, no lo conseguirían en un mes (pese a la bajada paulatina del precio hora sin contrato de los últimos años, de 5 euros a 16 euros); lo que no es producto sino del no reconocimiento de una situación que a la larga les perjudica: pan para hoy, hambre para mañana. Lo que todo trabajador se merece es tener un buen contrato y un buen sueldo, especialmente en condiciones de sobrecarga de trabajo; de tal manera que uno, con sus papeles en regla, luego pueda cobrar su paro y tener su jubilación bien cotizada. Por el contrario la precariedad sumergida ha jugado en los últimos años con la amplia bolsa de desempleados y tanto las condiciones como los sueldos de los extras sin contrato han bajado. Las empresas manejan bien esa situación, pues la falta de alternativas lleva a la gente a trabajar como sea. Este manejo tiene que ver con las características y las condiciones del sector, a la situación laxa de control administrativo durante las fiestas, estacionalidad, temporalidad. Además de haber muchas empresas pequeñas, solidaridad difusa y cierta presencia sindical, la anomía social y la atomización caracterizan a una fuerza de trabajo deslavazada y aquejada, además, de diferencias salariales internas, de estatus e inestabilidad. Para volver a trabajar el año siguiente has de callarte por una especie de ley de silencio sudado, la confianza del vínculo empresa/trabajador parece como exclusivo y personalizado; lo que fragmenta la solidaridad colectiva y al colectivo en sí mismo, que objetivamente trabaja en similares condiciones.

A raíz de la pequeña campaña de colectivos de parados y paradas en el 2016, los ideólogos de las asociaciones empresariales y comerciales mostraron nítidamente sus zonas de inquietud; se quejaban de lo que desde las ideologías neoliberales habitualmente se entiende como una de las claves de la economía informal: la presión fiscal y, por otra parte, del exceso de vigilancia. Hay diferencias entre situaciones: una cosa es un pequeño grupo de amigos que respondiendo a su situación económica y personal en un contexto de crisis deciden coger un pequeño bar y hacer algún apaño irregular de pura supervivencia; lo que es totalmente comprensible; y determinados establecimientos, pequeñas cadenas, hoteles, etc. perfectamente asentados que aprovechándose de la crisis pueden operar manejando a su antojo una amplia bolsa de desempleo. Ni la presión fiscal es la misma, ni las inspecciones deberían operar en el mismo sentido, a mi modo de ver. A los primeros habría que ayudarlos, pues sí son realmente pequeños y supervivientes; y a los segundos analizar realmente cuáles son sus cuentas y, en su caso, hacer que contraten y declaren legalmente. Dicho esto y con los datos en la mano, la estructura de investigación de inspección laboral y de fraude fiscal dista mucho, en mi opinión, de ser la «máquina del terror» para la dimensión a la que tienen que hacer frente (¡2.823-3.763 millones de euros!). Si nos circunscribimos solamente al sector de referencia, turismo-hostelería, y a los datos de la Federación Española de Hostelería (2017), el número de empresas de hostelería en Navarra que podrían ser inspeccionadas es de 3.801, aunque es más que probable que sean más y, además, que el dato fluctúe al alza en fiestas patronales. Hablamos de un volumen laboral de entre 15.000 a 17.000 trabajadores regulados a los que habría que añadir el empleo estacional. Por otro lado, el número de inspectores de trabajo y seguridad social para el conjunto de la economía sumergida y otras actividades (de extensión más grande que el sector hostelero) es de 25 personas en total, 11 de los cuales son subinspectores a pie de obra, a 2016, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Comparando la cifra estimada para la economía sumergida a la que deben hacer frete y solo el campo de turismo-hostelería, el sistema de inspección parece escaso. La Inspección de Trabajo y seguridad Social (ITSS), además, no desgrana los datos sobre fiestas patronales, lo que es del todo sorprendente, dado que como apuntan todos los informes sociales al respecto se consideran espacios de riesgo. La ITSS ofrece datos generales del 2017: 1051 actuaciones inspectoras que incluyen 336 visitas a centros de trabajo que se realizaron en horario nocturno, en día festivo o festivo nocturno. Todo lo cual induce a pensar que, en realidad, no se hacen inspecciones laborales durante fiestas patronales. Con respecto al organismo foral de Hacienda Tributaria de Navarra, dedica 36 inspectores de tributos y 4 agentes tributarios al conjunto de la actividad contra el fraude fiscal, bastante más amplia que la economía sumergida. En 2017 realiza 21 expedientes en el sector de la hostelería y aunque los periodos de investigación incluyen las fiestas patronales; tampoco se desprende de la información remitida por este organismo y contrastada con otras fuentes que, claramente, haya una dedicación especial para el periodo de fiestas patronales más allá de la comprobación de que los bares expenden tickets y facturas a sus clientes o el asunto de los balcones del encierro. Ambas instituciones se quejan en sus informes de falta de personal. Todo apunta hacia una presencia débil de los mecanismos de derechos sociales de los trabajadores.

El trabajo de campo refiere a la contratación verbal de extras en sanfemines como una verdadera costumbre local que proviene de los años 70 y 80. Todo una cultura de lo «comprensible» que puede tener que ver con lo que he apuntado más arriba como factores culturales: la concepción de las fiestas como un periodo de laxitud también empresarial (de mayor laissez-faire), las costumbres locales del trabajo (la percepción per se de las actividades estacionales como normales para la economía sumergida y la precariedad), la imagen de la juventud como «carne laboral fresca», de las fiestas patronales como momento único a aprovechar, de la moralidad fiscal, etc., etc. Ruesga relaciona algunos factores socioculturales de la toma de decisiones subjetivas empresariales en el ámbito de la economía sumergida: posibilidad de penalización, eficacia inspectora, moralidad fiscal, reprobación del entorno social, actitud «exculpatoria» reforzada por los medios de comunicación y ámbitos oficiales…

Parece evidente que para un estudio serio de la economía sumergida en Navarra, como el solicitado por el Gobierno de Navarra, los denominados «indicadores navarros» deberían establecer como objetivos diana aquellos que los estudios de campo, más antropológicos, apuntan aquí y allá como espacios de economía sumergida, es decir, las fiestas patronales y sus sectores económicos locales; pero no especialmente para machacar más a estratos ya de por sí machacados sino mirando a determinados sectores asentados y con buenos negocios que se aprovechan de las crisis y de la cobertura de un estructura tradicional aparentemente inabarcable por la costumbre histórica de informalidad económica, como por la masificación, la estacionalidad o la ampliación de la bolsa de parados y paradas disponibles.

Analizando los discursos sobre las fiestas de última hora, parece que lo único que preocupa es la imagen, como si todo se arreglara con una campaña de marketing, la tendencia mercantilizadora. En mi opinión, que el debate social, institucional y mediático en torno a los sanfermines sólo contemple la vertiente lúdica, mercantil y más tradicional de las fiestas deja bastante que desear si no se considera que son cientos de personas las que trabajan para la fiesta y que sus condiciones importan, especialmente la de los sectores precarios: hostelería, limpieza, cuidados... Y lo mismo vale para las propuestas de sellos y certificados turísticos a los establecimientos turísticos y de hostelería: sin una valoración social de los mismos, de poco vale una bonita decoración gastronómica.

Si realmente se quiere proteger a los trabajadores del turismo-hostelería, debería proporcionárseles apoyo y anonimato para que pudieran denunciar, de tal forma, que no puedan ser incluidos en ningún tipo de lista negra y puedan seguir trabajando en el sector. Como ya vimos en el 2016 de la mano de los cuadros burgueses de UPN, PSN y Geroa Bai en su defensa a ultranza del sector empresarial por encima de la defensa de los trabajadores y trabajadoras, el buen ambiente «sanferminero» entre la economía formal y la informal es una tónica habitual de un engranaje conveniente al sistema capitalista local. Abunda en la queja de los trabajadores de falta de reconocimiento social y político. La gente los consideramos prácticamente como siervos y los políticos como mera mercancía. Los sentimientos identitarios que borran las diferencias de clase, la navarridad renovada en nombre de una falsa cohesión social en tiempos de fiesta, no es sino una forma de reproducción social y fijación de las clases. La economía de los sanfermines sigue siendo un elemento discriminador, de precariedad y de desigualdades sociales que, o no se plantean, o se dejan ad calendas graecas.

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