José Ángel Ubieta (1926-2024) fue uno de mis formadores en el Seminario de Derio en la década de los 50-60 y posteriormente vicario general de la Diócesis de Bizkaia con Mons. Añoveros. Formó así parte de la autoridad eclesiástica bajo cuya disciplina me encontré como sacerdote en los tiempos de represión franquista que nos obligó a cientos de personas a sufrir la cárcel o exilio. Mi dependencia disciplinar, por tanto, lo fue por poco tiempo, ya que, tras mi exilio, abandoné la Iglesia oficial.

Fue años después cuando conecté con José Ángel. En el año 2011 decidimos editar un libro sobre la cárcel concordataria de Zamora, creada por la Iglesia y el Estado español, elaborado por quienes padecieron allí largas pena y algunos compañeros suyos, como yo mismo... "Zamorako apaiz-kartzela, Eliza eta Estatuaren Presondegia (1968-1976)", fue su título.

Decidimos que en este libro, editado por Txalaparta, estuviera presente también la versión oficial de la Jerarquía de la Iglesia vasca. Ubieta podía ser su mejor representante como Vicario episcopal que fue durante los años de represión franquista, en 1968-1970. Por esa razón me tocó preparar un cuestionario para trasladarle.

Con más de veinte preguntas, le pedía que recordara la postura oficial de la Jerarquía de Bizkaia e incluso de la de España y el Vaticano ante aquellos hechos. Ubieta prefirió no contestar de forma individualizada, sino plantear una reflexión general.

Como autor de aquel cuestionario, me imaginaba que a Ubieta le costaría contestar porque sus respuestas implicarían una responsabilidad personal, social y eclesial. Por ello eludió sus respuestas. Creo, por ello, de interés que se conozca ahora el contenido sustancial de aquellas preguntas que no recibieron respuesta. Eran preguntas que por su respuesta positiva muchos de nosotros sufrimos, detenciones, torturas, cárcel o/y exilio.

Conviene situar el contexto histórico franquista. Eran los años 1968-69. Se produjo una represión muy dura con muchas detenciones y exilios y tres muertes. Un guardia civil, José Pardines; un militante de ETA, Txabi Etxebarrieta; y un taxista, Fermín Monasterio. Los dos primeros perdieron la vida en un enfrentamiento en 1968. El tercero resultó muerto en Arrigorriaga en 1969, cuando otro militante de ETA, gravemente herido, Mikel Etxebarria, intentaba huir de la policía. En plena clandestinidad y persecución policial, Mikel necesitó de médicos y casas refugio. Varios sacerdotes, yo entre ellos, laicos, médicos y algún convento nos vimos implicados.

Finalmente, para poder huir de la policía franquista y del Estado español, Mikel necesitó ser trasladado desde Bizkaia a Catalunya para desde allí por los Pirineos llegar a Perpignan, en el Estado Francés. También aquí estuvimos implicados algunos sacerdotes. Toda esta historia provocó cientos de detenidos, torturados y exiliados.

Años después es cuando nos planteamos la edición del libro citado y, por tanto, el cuestionario que yo mismo presenté a José Ángel Ubieta. Estas fueron sustancialmente algunas de aquellas preguntas al ex vicario episcopal.

«Usted, como vicario episcopal cuando sucedieron aquellos hechos, ¿hubiera aceptado buscar un médico para el militante herido gravemente y a quien perseguía la policía? ¿Le hubiera acogido en su casa? ¿Hubiera buscado alguna casa para su refugio? ¿Hubiera aceptado trasladarlo en coche a Barcelona, buscar allí una casa refugio y colaborar también a trasladarlo personalmente por el monte hasta Perpignan? O, por el contrario, dada su condición de sacerdote y vicario episcopal, ¿hubiera respondido que aquello era «meterse» en política... o incluso que tendría que dar parte a la policía?».

El cuestionario planteaba también estas otras preguntas: «Si la Iglesia defiende incluso la guerra como legítima defensa, ¿un militante católico de ETA no podría considerar su opción de lucha armada como parte de esa legítima defensa contra la opresión nacional, social, política de la dictadura franquista? ¿No cree que la Jerarquía de la Iglesia vasca, española y el Vaticano están siendo cómplices con la dictadura franquista por su silencio ante la represión, detenciones, torturas, etc.?».

Finalmente, recuerdo aquí una última pregunta relacionada con las ocupaciones de Obispado y Seminario de Derio en 1968. «¿Usted no cree necesario el nombramiento de obispos vascos, así como, ante la dependencia territorial eclesiástica de Burgos, la creación de una Conferencia Episcopal Vasca con las diócesis tanto de Hegoalde como de Iparralde?».

Haber contestado a estas preguntas hubiera sido lógicamente todo un compromiso para el vicario episcopal, y por ello prefirió eludir el cuestionario e irse por aspectos más generales y anecdóticos. Bien es verdad, sin embargo, que, al menos, hubo una parte de su respuesta que recogía una inédita confesión personal de Mons. Cirarda en 1996, en su día obispo administrador apostólico de Bilbao: «Jubilado ya, y sin responsabilidades de gobierno, solo me atrevo a decir que si hace veinte años hubiera tenido las ideas tan claras como las tengo hoy, hubiera sido más decidido en mis intervenciones episcopales, tanto para la denuncia pública de las torturas como para reclamar el debido respeto a los derechos del Pueblo Vasco».

Lo que Ubieta no aclaró es a qué respondió esa confesión de Mons. Cirarda. Este, como Mons. Argaya, que fueron testigos directos de torturas policiales incluso en dos de sus sacerdotes, Martin Orbe y Jon Etxabe, a quienes visitaron en 1969 en la cárcel de Basauri, no se atrevieron a denunciarlas, cuando en una pastoral posterior dijeron que «si fuera verdad que la policía tortura» entrañaría injustas violaciones por parte de algunos agentes de la autoridad... si fuere infundado o exagerado supondría una injusta violencia en la propaganda contra la autoridad». Y así, ¿con poca vergüenza?, se expresaron dos obispos que fueron testigos directos de las torturas de dos de sus sacerdotes.


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