La última década ha sido especialmente dura para quienes trabajan en la industria. Los expedientes, concursos y cierres se han convertido en habituales, con el sufrimiento que suponen para quienes los padecen.

Ante estas situaciones, la clase trabajadora ha sido capaz, en muchos casos, de organizarse, pelear y conseguir modificar los planes de las direcciones de las empresas. Detrás de cada drama, también hay mucha dignidad.

Los y las afiliadas de ELA han sido y están siendo protagonistas de muchas de estas luchas. Nuestro aprendizaje colectivo ha sido inmenso. Cada empresa o situación conflictiva merece su análisis propio, pero podemos concluir que, en casi la totalidad de los planteamientos de bajadas salariales o despidos, las direcciones o dicen solo una parte de la verdad o directamente mienten.

El planteamiento empresarial en Productos Tubulares es un ejemplo más. La dirección traslada que se ha producido «una menor demanda mundial de petroleo y gas, por la caída de precios de los tubos y por un desfavorable cambio euro-dólar». Por eso, tras meses de análisis, planteó un innovador (permítanme la ironía) paquete de medidas: 157 despidos, un 25% de reducción salarial, aumento de jornada y cierre de la acería. Hace escasos días la dirección ha retirado el ERE, pero nos tememos que sus objetivos no han cambiado.

Cualquier analista conoce que la demanda de petróleo y gas, y por supuesto del cambio euro-dólar, es por naturaleza fluctuante. La formalización del ERE ha sido retrasada además por las posibles medidas que Trump pueda adoptar frente a las exportaciones europeas. Determinadas informaciones interesadas han intentado trasladar a la opinión pública que es el presidente de Estados Unidos el principal problema de la empresa de Trapaga. Sabemos perfectamente que no es así.

Creemos imprescindible huir de las situaciones coyunturales para analizar la situación de PT y del Grupo Tubos Reunidos. El grupo ha repartido durante décadas cuantiosos beneficios a sus accionistas. Desde 2002 a 2008, los accionistas se repartieron 87,5 millones de euros en dividendos. Sin embargo, el capitalismo no se suele conformar, ni siquiera con mucho, y siempre quiere más. El endeudamiento financiero en 2007 era de 35,6 millones de euros, una cantidad muy baja. En 2008, la empresa lanzó una OPA de 170 millones para adquirir acciones propias, «realizada para mejorar la liquidez y rentabilidad del accionista», pero que elevó la deuda del grupo a 199,9 millones de euros, según la documentación oficial.

Es decir, a pesar de haberse repartido ya 87,5 millones, con el objetivo de que el accionista reciba otra lluvia de millones de euros, se endeuda la empresa, comprometiendo el proyecto industrial. Los accionistas tuvieron la oportunidad de apostar por el futuro del Grupo. Prefirieron repartirse el dinero. A día de hoy, la firma dice afrontar una deuda financiera de 213 millones de euros. Tenemos que denunciar que esa deuda ¡la han generado los propios accionistas! Sin ese lastre generado por los 170 millones de euros abonados para «mejorar la liquidez y rentabilidad del accionista», tanto el grupo como los y las trabajadoras, podrían afrontar las situaciones coyunturales del mercado con mucha mayor tranquilidad y sin despidos, ni mermas salariales.

Además, queremos también señalar el papel de 3 actores principales:

1. BBVA, principal accionista del grupo. Es uno de los principales responsables de la OPA de 2008. La sed de beneficio de la banca compromete proyectos industriales. Detrás de miles de empleos perdidos en los últimos años están las entidades financieras, vanguardia del neoliberalismo.

2. Guillermo Ulacia. Desde 2017 preside un consejo de dirección que ha recibido retribuciones millonarias. Los conteni­dos de su "Plan Estratégico" son despidos, bajadas salariales, recortes en condiciones de trabajo y el cierre de la acería. Ante las protestas de las y los trabajadores, por un lado intentó sumarse a una concentración de protesta en una clara provocación, que solo la contención de la plantilla permitió que no terminase con incidentes.

y 3. Arantza Tapia. Desde que es consejera de Desarrollo Económico han cerrado decenas de empresas tractoras en nuestro país y otra gran parte ha deslocalizado su centro de decisión. Ha justificado sistemáticamente las decisiones empresariales, mostrándose completamente escorada hacia los intereses patronales. Cuando en una concentración, un delegado del comité le intentó explicar la verdadera situación del grupo y le solicitó su ayuda para mantener las condiciones y los puestos de trabajo, Arantza contestó con un coloquial «ya hablaré con Guillermo».

Hay un cuarto actor y para ELA es el más importante: son quienes trabajan en PT y en el conjunto del grupo. Ezkerraldea está sufriendo un proceso que solo se puede calificar de desindustrialización. Quienes trabajan en PT están informados, y saben que los problemas de la empresa no son ni los salarios, ni los puestos de trabajo. Saben que sin la acería no hay futuro. Saben que es una lucha clave para quienes trabajan ahora en PT, pero también para quienes lo pueden hacer en el futuro. Saben que se juegan el sustento de quienes trabajan en las subcontratas. Es por ello que han decidido luchar. Saben que no van a repartirse mediante una sucia ingeniería financiera 170 millones de euros, pero saben que su sustento y el de sus familias depende de un puesto de trabajo con condiciones dignas. Cuentan con todo nuestro apoyo, ni un despido, ni un paso atrás.