Profesor
Progreso, Libertad y Koldobika

Alguien se preguntará qué tipo de gente era esta que ni siquiera permitía que los padres y las madres pudieran poner a sus hijos el nombre que quisieran.

17/05/2019

Sirva este artículo como complemento al de Iñaki Egaña (GARA 4.5.2019), recordando al recientemente fallecido Progreso Mangado, hijo de Narciso, vecino de Sartaguda y asesinado en 1936. Dos nombres que revolverían las tripas del fascista Tomás Domínguez Arévalo, conde Rodezno. No solo porque fueran republicanos, sino, también, por las resonancias progresistas y clásicas de sus nombres. Demasiada carga semántica «pagana» para unas orejas nacionalcatólicas como las de Rodezno. Veamos por qué lo digo.

En plena guerra civil, este «dandy carlista» formó parte del primer gabinete golpista, liderado por Franco, en 1938. Le endilgaron la «cartera de Justicia» en un Estado que no era de Derecho, sino encarnación negrísima de lo que el cuñadísimo Serrano Suñer reconocería como Justicia al revés. Y es que en una Dictadura nunca hay Justicia. Esta solo es compatible con un Estado de Derecho y, a veces, conseguida a puro esfuerzo, gracias a la presión democrática.

A Rodezno, como abogado que era, le endosaron los asuntos de Justicia, Registros Civiles, Notariado, Prisiones y Asuntos Eclesiásticos. Lo cesaron en 1939, pero su impronta fascista dejó tiznadas esas secciones. A ello habría que añadir su fijación por anular aspectos del Código Penal, para facilitar la reintegración en sus cargos a antiguos jueces antirrepublicanos y que durante cuarenta años ocuparían el establishment jurídico español.

El 18 de mayo de 1938, Rodezno dictó una orden que revelaría, no solo su catadura antidemocrática –fue parte de su esencia política–, sino el talante fascista del nuevo régimen al que aquel sirvió de un modo servil. Dicha orden tuvo que ver con las normas dictadas a la hora de poner nombres a los recién nacidos.

Ya existía una Real Orden (9.5.1919) que exigía cómo debían padres y madres coordinarse a la hora de imponer el nombre sus hijos, pero, según Rodezno, esta ley durante la República «en lugar de usar nombres que individualizaran a la persona», convirtió «tales palabras en nombres que expresan conceptos generales» y «presentaban la ideología de un gobierno». En su opinión, el interés público había sido suplantado por el interés político y ahí estaban los golpistas, ¡qué delicadeza!, para devolver al individuo su honra perdida.

Rodezno opinaba que con la República el extravío de esa orden adquirió tal grado de libertinaje que «se admitieron como nombres de personas palabras que expresaban conceptos tendenciosos, que decían encarnados en su régimen como Libertad o Democracia, o nombres de las personas que había intervenido en la revolución ruso judía, a la que la fenecida república tomaba como modelo y arquetipo». La orden del 18 de mayo de 1938 terminaría con la permisividad que la ley de 1919 había generado.

En la exposición de motivos dados para prohibir nombres como Progreso, Prosperidad, Democracia, Libertad y Justicia –sinónimos de República–, Rodezno añadiría que «el origen de las anomalías registradas», no estaba solo en la masónica República, sino «en «la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista, que llegó a determinados registros buen número de nombres que no solamente están expresados en idioma distinto al oficial castellano, sino que entrañan una significación contraria a la unidad de la Patria».

El decreto no se anduvo con carantoñas y calificará de atentado terrorista lo que «ocurre en las Vascongadas, por ejemplo, con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldobika y otros que denuncian indiscutible significado separatista». Metido a lingüista de corral, Rodezno señalará que «no obstante hay nombres que solo en vascuence o en catalán o en otra lengua tienen expresiones genuinas y adecuadas como Aranzazu, Iciar, Monserrat, Begoña, etc., y que pueden y deben admitirse como nombres netamente españoles y en nada reñidos con el amor a la Patria Única que es España».

La conclusión se veía venir: «en la España de Franco no puede tolerarse agresiones contra la unidad de su idioma, ni la intromisión de nombres que pugnan con su nueva constitución. Es preciso, por lo tanto, volver al sentido tradicional en la imposición de nombres a los recién nacidos con las oportunas variantes». En consecuencia, «quedaba terminantemente prohibido inscribir a los recién nacidos con nombres abstractos, tendenciosos o cualquiera otro que no fueran los contenidos en el Santoral Romano para los católicos».

Solo quedaba un consuelo que, «cuando se trate de bautizados de otras confesiones y de no bautizados, se pueden admitir también nombres de calendarios de otras religiones o de personas de la antigüedad que disfrutaron de honrosa celebridad», sin olvidar que «en todo caso, tratándose de españoles, los nombres deberán consignarse en castellano». En su último artículo, de un total de seis, dictaminaba: «Quedan derogados la Orden del Ministerio de Justicia del 14 de mayo de 1932 y demás disposiciones que se opongan a la presente».

Alguien se preguntará qué tipo de gente era esta que ni siquiera permitía que los padres y las madres pudieran poner a sus hijos el nombre que quisieran. Más aún. ¿Existieron alguna vez tales energúmenos? No solo. Gobernaron España durante más de cuarenta años. Increíble, ¿no? Pues aún queda lo peor. Ya que, aunque parezca mentira, hay gente en la actualidad con ganas de repetir tal infamia. Gente capaz de llevar al pelotón de fusilamiento a personas por llamarse Paz, Rebeldía, Progreso o Libertad y ya no digamos si su conducta es trasunto de sus nombres. Y, por supuesto, a los llamados Andoni, Joseba... y ¿Arnaldo, aunque sea de origen germánico? Tú mismo, lector.

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