Vivimos un momento histórico en el Estado español. Es la primera vez que prospera una moción de censura en la historia de nuestra democracia. No prosperó ni la moción de censura de Felipe González contra Adolfo Suárez, ni la de Antonio Hernández Mancha contra Felipe González. Tampoco prosperó la de Unidas Podemos contra Mariano Rajoy de hace sólo unos meses, precisamente porque al PSOE en ese momento no le interesó estratégicamente, y hemos perdido un tiempo muy valioso. En definitiva, es una evidencia que en el Partido Popular era protagonista del expolio que estábamos sufriendo en todo el Estado.

Una putrefacción que, como se ha demostrado, no afectaba a unas personas a título particular sino que estaba presente en las propias estructuras de este partido. Estructuras diseñadas para robar millones de euros del dinero público, que llegaban a manos de sus cargos políticos y al propio grupo para continuar en el poder con el dinero de todas y de todos. Y, al mismo tiempo, nos decían a la ciudadanía y a las administraciones públicas que no había dinero para pensiones, sanidad, educación, o igualdad.

Mariano Rajoy, como presidente del gobierno central, máxima figura pública de este partido político, ha tratado durante demasiado tiempo de «torear» todas las atrocidades políticas que el Partido Popular estaba realizando con el dinero de todas y de todos, cuando la pobreza y la precariedad está empezando a campar a sus anchas en gran parte de la población. Ahora ser «mileurista» no es la excepción sino un privilegio para muchas. Mariano Rajoy, como último responsable del bienestar de todas las ciudadanas y ciudadanos, no podía seguir liderando la presidencia de nuestro país.

La moción de censura fue apoyada por la mayoría de la cámara, exceptuando al propio Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos, y con la abstención de Coalición Canaria. Mucho nos da qué pensar sobre estos grupos que han decidido mostrar públicamente su preferencia por la corrupción en lugar de ponerse del lado de los y las ciudadanas. Grupos como UPN, con amplia representación en Navarra, han decidido seguir apostando por sus propios intereses partidistas antes que echar de las instituciones al líder de un partido con más de trescientas personas condenadas por diferentes delitos de corrupción. Con sus votos nos dicen que son aliados de esta podredumbre.

Ciudadanos tampoco «defrauda». Aunque han tratado de confundir a la ciudadanía con sus discursos demagógicos, desde luego con esta votación ha dejado claro que prefiere la corrupción a apostar por el bien común. A pesar de los discursos de UPN y Ciudadanos contra la gangrena de la corrupción, sus actos nos retrotraen a las dietas de la CAN, a la época del ladrillo, a las obras faraónicas que de poco valían más que para repartir beneficios entre las empresas constructoras y la oligarquía, donde muchos serán enchufados a través de las puertas giratorias.

No obstante, el escenario político que se abre en el ámbito institucional es bien interesante. Es la primera vez que se podría dar a escala estatal un gobierno multipartidista, dado que hay una gran cantidad de agentes implicados. Se ha comentado mucho que en las pasadas elecciones de 2011, se había roto el bipartidismo, con la entrada de Podemos y de Ciudadanos. Pero ahora damos un paso más: se rompe el turnismo, ya no puede haber un gobierno sostenido por un sólo partido, porque los pilares no pueden ser sólo de un sólo grupo político. Es una nueva fase abierta a la expectativa: entramos de lleno en la etapa de la nueva política, pues Pedro Sánchez va a estar obligado a lo que podríamos llamar «multipactos», a buscar el consenso con el resto de partidos.

Por otro lado, Pedro Sánchez ha dicho una cosa y la contraria demasiadas veces. Desde el «No es No» a Mariano Rajoy, al absoluto apoyo a la aplicación del artículo 155 en Catalunya y, a la leguitimación de la persecución de personas por sus ideas políticas. Por ello, tenemos claro que, hasta que no conozcamos el programa de gobierno que va a plantear el nuevo presidente, no vamos a confiar en su acción política.

Desde Aranzadi-Pamplona en Común consideramos que los ayuntamientos de todo el Estado español debemos tomar la iniciativa y dirigirnos al nuevo presidente de gobierno; porque no nos basta con quitar al presidente del partido más corrupto de nuestra historia. No nos vale un «Quítate tú para ponerme yo». Era necesario echar a Mariano Rajoy, pero no es suficiente. Ahora hay que dar más pasos y pensar en qué medidas vamos a poner en marcha dirigidas a afianzar el reparto de la riqueza, a alcanzar la democracia directa, y a apuntalar las libertades y los derechos fundamentales.

Queremos que en este nuevo ciclo político que se abre se lleve adelante en todo el territorio una agenda valiente, una agenda social, que dejé atrás la época de recortes y de usurpación de la democracia. Porque desde nuestras realidades municipales, las más cercanas a la ciudadanía, sabemos que todos estos retrocesos económicos y democráticos para nuestras vecinas y vecinos han supuesto más pobreza, más precariedad y menos libertades, algo impensable en pleno siglo XXI.

Por todo ello, instamos al nuevo gobierno central y a su nuevo presidente a que lleven adelante tres medidas urgentes: derogar la Ley Montoro, porque está asfixiando a los ayuntamientos de este país, también al de Iruñea; derogar la Ley Mordaza, para que se deje de reprimir a la población en sus demandas legítimas; y un compromiso real con una política feminista transversal con presupuestos acordes, para poder desarrollar verdaderas políticas feministas, porque nos queremos libres y vivas.