Hace ya varias décadas que en ciertos claustros universitarios se propaga un curalotodo que solucionaría los principales males del capitalismo, la renta básica incondicionada.

Esta línea de pensamiento no tiene nada que ver con la que planteábamos en la Carta de Derechos Sociales, que intentaba asegurar un ingreso mínimo para las personas que no lo tienen y que provocó un cambio de conciencias que desembocó en la creación de la Renta de Garantía de Ingresos, una RGI que hay que seguir defendiendo y mejorando frente a la lógica del beneficio privado.

No, esta renta se plantea para dar la misma cantidad a todo el mundo, independientemente de sus necesidades. Experiencias prácticas de esta auténtica panacea del liberalismo hay pocas. Alaska, donde se implementó (y se financia) a cambio de destrozar el ecosistema extrayendo petróleo y arenas bituminosas. Algunas reservas indias donde se financia gracias a las inauguraciones de casinos o a la venta de licores baratos a turistas maravillados...

Los dineros para financiar esta renta vienen de dos sitios, nos dicen. El primero, de eliminar todo tipo de ayudas, becas y subvenciones (desde el complemento a mínimos de las pensiones hasta las becas de estudio en todos los grados, desde la RGI a las ayudas para residencias). Se suprimen así los conflictos por una asignación más justa del dinero público y se da lo mismo siempre, independientemente de las necesidades de la persona y de la sociedad.

Pero el segundo sitio es todavía más kitsch, viene de un IRPF con un único tipo del 40,5% también para todo el mundo, inaugurando el impuesto sobre la renta más reaccionario de la UE. El IRPF a tipo único es la medida estrella de la extrema derecha económica y ya lo intentó Reagan en su momento en USA, aunque los «moderados» del partido republicano le forzaron a poner dos tramos.

Además, un tipo marginal único generalizado superior al 40% es totalmente inviable, salvo que se apoye en una dictadura o, al menos, en un régimen muy duro. Tras los crímenes y desastres del estalinismo, la izquierda debería ser muy cauta a la hora de apoyar ciertas derivas autoritarias.

Porque considerando que la capacidad de ahorro es menor (o inexistente) cuanto menos se gana, si bastante más de la mitad del último euro ganado (y gastado) se va en impuestos (incluidos los indirectos), muchas personas empezaríamos a considerar el fraude fiscal no como una actitud reprobable sino como un deber cívico.

Comparando con las actitudes en la pandemia, mientras se ponía el acento en fortalecer la sanidad pública y las campañas de vacunación, otra gente apostaba por el dióxido de cloro. Aquí, mucha gente intenta avanzar hacia una sociedad con pleno empleo de calidad en una economía de los cuidados financiada por un sistema fiscal justo y progresivo, mientras otra nos habla de esa renta. Y como es sabido, siempre hay gente para todo.