Sindicalista de CCOO Euskadi jubilado y miembro de ASVIAMIE
Retos ante el amianto y sus víctimas

La epidemia de cáncer por la exposición al amianto (sin olvidar otros cancerígenos como la sílice, el polvo de madera, los humos de soldadura, el cromo…etc.), nos sitúa ante un enorme reto, que ni el sindicalismo, ni los profesionales sanitarios, ni el conjunto de la sociedad puede ignorar.

07/12/2018

El amianto es la sustancia más peligrosa con la que se nos obligo a trabajar en los años 60, 70, 80 y 90. Convivíamos con él, sin protección, ni información del riesgo, poniendo en peligro incluso a las familias al no lavar la ropa de trabajo en el mismo centro, condenando a muchas personas a morir de una grave enfermedad respiratoria y fulminante al contraer alguna modalidad de cáncer de pleura, pulmón o laringe.

Instituciones internacionales señalan 110.000 muertes anuales en el mundo a causa del amianto, 21.000 en la Unión Europea. Otros expertos señalan cifras muy superiores de muertes por dicha causa. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo oculta del registro CEPROSS, parte de las enfermedades profesionales reconocidas por el INSS a pensionistas enfermos desvirtuando la dimensión del problema.

En los 10 primeros meses de este año, el Ministerio registra 14 cánceres y 44 enfermedades respiratorias derivadas del amianto en el conjunto del Reino de España, un intento descarado de ocultar y silenciar la epidemia de cáncer profesional cuando ASVIAMIE (Asociación de víctimas de amianto de Euskadi) ya lleva contabilizadas 31 muertes en el mismo período

Tampoco es casualidad que Euskadi se sitúe a la cabeza de las estadísticas estatales de muerte por cáncer pulmonar, consecuencia de su pasado industrial, y nunca debido al tabaquismo como se pretende justificar.

¡Basta de culpabilizar exclusivamente al tabaco de la creciente epidemia de cáncer pulmonar! Ese mensaje solo favorece la utilización sin control ni medidas de prevención frente a sustancias cancerígenas en el ámbito laboral. ¿Por qué olvidan los médicos de preguntar al enfermo las sustancias cancerígenas con las que se ha trabajado? Tal como ya recomendaba Bernardino Ramazini en el siglo XVII.

Las empresas ignoraron las «Alertas Europeas», que ya hace 120 años alertaban de los riesgos del amianto. Aunque la asbestosis se incluyó en 1947, el cáncer de bronquio o pulmón, el mesotelioma pleural o peritoneal en 1978 como enfermedades profesionales para trabajadores expuestas al amianto, las enfermedades se declararon como comunes y se ignoro la aplicación de las normas de seguridad e higiene.

Las mutuas ayudaron a ocultar y despreciar el riesgo, que como hoy continúan tratando de ocultar el origen de numerosas enfermedades, posibilitando el fraude a la prevención de los riesgos laborales y el deterioro de la sanidad pública que asume costes que corresponden a contingencia profesional y las mutuas, burlándose por segunda vez de las víctimas sin las prestaciones económicas de la Seguridad Social correspondientes.

La epidemia de cáncer por la exposición al amianto (sin olvidar otros cancerígenos como la sílice, el polvo de madera, los humos de soldadura, el cromo…etc.), nos sitúa ante un enorme reto, que ni el sindicalismo, ni los profesionales sanitarios, ni el conjunto de la sociedad puede ignorar.

Por ello es necesario tener en cuenta, que:

1. Las enfermedades profesionales no son instantáneas. A diferencia de los accidentes de trabajo, el cáncer pulmonar y enfermedades respiratorias como la asbestosis o neumoconiosis (diagnosticadas erróneamente como EPOC, en muchas ocasiones) aparecen 20, 40 o 50 años más tarde de la exposición laboral. Es habitual por tanto, que la persona enferma se encuentre jubilada, haya cambiado de centro de trabajo o la empresa de actividad productiva, favoreciendo la ocultación del origen de las enfermedades laborales. Sobre todo, porque la mayoría, o todas las empresas, no evaluaron el riesgo, ni registraron las personas expuestas al amianto. Hechos que ayudan a proteger a las empresas infractoras.

2. Registrarse por haber estado expuesto, sin esperar a la enfermedad. Fuimos decenas de miles, los trabajadores y trabajadoras los que tuvimos contacto directo con el amianto en el trabajo. Unos lo manipulamos directamente, otros sufrieron exposición indirecta al no existir espacios estancos. Quiero alertar especialmente, a quienes trabajaron en tareas de mantenimiento mecánico, electricistas, soldadores, fontaneros, los que manipularon zapatas de freno... etc., pues están en riesgo por la puntual exposición.

Necesitan reclamar a OSALAN en Euskadi (o institución autonómica correspondiente) su inscripción en el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (las empresas incumplieron su obligación de notificar el personal expuesto), para acceder a la vigilancia sanitaria especifica, la detección precoz de enfermedades, además, es condición para que el INSS reconozca el origen de una enfermedad profesional y recibir las prestaciones económicas de la Seguridad Social, aunque el enfermo disfrute de pensión.

3. Impulsar campañas para visualizar las enfermedades. No es suficiente denunciar la ocultación de EEPP. Aunque el artículo 5 del Decreto 1299/2006 obliga a los profesionales sanitarios a comunicar la sospecha a la Autoridad competente, cuando diagnostican una enfermedad de posible origen profesional, mayoritariamente no lo hacen, entre otras razones, por el desinterés de las autoridades y gestores sanitarios, pese a que conlleva la asunción de cuantiosos costes correspondientes a la contingencia profesional. No es suficiente que el sindicalismo denuncie la ocultación de estas enfermedades. Urge generar «sospecha social» sobre el origen del cáncer pulmonar, empezando por las empresas y asociaciones de jubilados, realizando campañas similares a las de reclamación salarial o fraudes en la contratación, evitando que las que tengan origen laboral, queden ocultas como comunes. De su reconocimiento depende la mejora de los planes preventivos empresariales.

4. Exigir compensación por el daño causado. Las enfermedades profesionales, al igual que los accidentes de trabajo, expresan que las empresas incumplieron las normas vigentes de seguridad e higiene o de prevención para proteger la salud de los trabajadores, por ello, animo a las personas enfermas y sus familiares a reclamar la indemnización por daños, incluido el recargo (del 30, 40 o 50%) de las prestaciones de la Seguridad Social por dicha infracción. Solo así (igual que ocurre con las multas de tráfico), verán las empresas la importancia y rentabilidad de la inversión preventiva frente a las sustancias cancerígenas.

5. Fondo de Compensación para las víctimas. Son innumerables las victimas sin derecho a la mínima compensación por él daño que sufren. Las mujeres que enfermaron por lavar la ropa de trabajo de sus familiares, las que se contaminaron trabajando en la economía sumergida, como sea comprobado en Navarra. Las afectadas por contaminación ambiental de las empresas, tras extender la fibra cancerígena al entorno de los barrios, con sus ventiladores y aspiraciones del polvo o por los residuos que vertían de forma incontrolada en el entorno. Asimismo, muchas empresas han desaparecido sin sucesión, dejando a enfermos y sus familias sin poder reclamar compensación alguna. Las noticias de prensa con las indemnizaciones a pagar, tras sentencias judiciales, no representan a la realidad de la totalidad de las víctimas. Por esta razón urge acelerar los trámites iniciados el 21 de noviembre en el Congreso de Diputados para crear un Fondo de Compensación, como reclaman las Asociaciones de Víctimas, apoyadas por CCOO y UGT.

Si los trámites para su aprobación y dotación de recursos quedan bloqueados por el adelanto electoral, generarán mayor frustración a las víctimas del amianto, así como situaciones complicadas para la viabilidad de algunas empresas condenadas judicialmente al pago de cuantiosas indemnizaciones ante la creciente epidemia de cáncer profesional.

6. Inventariar y erradicar el amianto instalado. Miles de toneladas de amianto, especialmente del fibrocemento o «uralita», continúan instalados en tejados, cobertizos de naves industriales o ganaderas, escuelas, tuberías de red de aguas, de viviendas construidas en los años 60, 70 y 80, jardineras y vertederos, como en el barrio de Alza de Donostia o los generados por los residuos de las acerías, vertidos incontrolados de obras... Es conocido, que instituciones públicas especializadas definen la vida útil del material de fibrocemento o uralita en 35 años. La mayoría de esos materiales han caducado y desprenden peligrosas fibras cancerígenas de tamaño de una micra, contaminando el aire que respiramos, amenazando una segunda oleada de cáncer pulmonar, ahora por la contaminación ambiental, como alertaba el Encuentro Internacional de Asociaciones de Víctimas, reunido en Barcelona, los días 4, 5 y 6 de octubre

Tratando de responder a este reto, el año 2015 el Consejo Económico y Social Europeo acordó la necesidad de unpPlan para erradicar el amianto instalado en los diferentes países de la Unión Europea. El Gobierno central, los gobiernos autonómicos o las diputaciones deben impulsar planes para inventariar los materiales de amianto, al ser la única garantía para evitar que más personas enfermen por exposición en su retirada.

Leyendo circulares que alertan del riesgo, como la emitida el pasado 16 de julio por las autoridades de Bordeaux acerca del deterioro de los cobertizos de fibrocemento, tras las tormentas de granizo en Aquitania (también en Euskal Herria) y las normas de seguridad necesarias, son la muestra de la desigual responsabilidad como la falta de sensibilidad de los responsables del Gobierno Vasco, navarro, diputaciones y ayuntamientos ante este riesgo cancerígeno, cuando todavía mantienen materiales de amianto en centros educativos o desaprovechan una oportunidad como la de los certificados de Eficiencia Energética de los edificios para inventariar el amianto instalado.

Actitud que parece indicar, que a las autoridades al sur de los Pirineos, no les importan tantas enfermedades o muertes, tal vez, que no han asumido riesgo alguno a pagar por su ceguera ante esta catástrofe sanitaria.

Durante las dos últimas décadas, contra viento y marea, hemos logrado romper el pacto de silencio que ocultaban estás enfermedades, superando la arrogancia empresarial, de las mutuas patronales, incluso de jueces reaccionarios, siendo el momento de pedir apoyo de las organizaciones sindicales y sociales, para que solidariamente se impliquen en frenar la epidemia de cáncer y lograr la justa compensación a las víctimas, acabando con tanto sufrimiento.

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