La solidaridad. Como dice el jurista francés A. Supiot, «A diferencia de la caridad... la solidaridad no divide el mundo entre los que dan y los que reciben. Todos deben contribuir al régimen según su capacidad y todos tienen la facultad de beneficiarse de él según sus necesidades. La organización de la solidaridad, como expresión de la dignidad de todos los seres humanos por igual, es un freno a la extensión de la lógica mercantilista en todas las actividades humanas. Por esta razón, desde hace treinta años, es el blanco privilegiado de las políticas neoliberales».

Algún dato para valorar el alcance de la solidaridad en la CAPV: el presupuesto del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos (SVGI), que comprende la RGI, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las AES, asciende en el 2014 a 460 millones de euros, el 4,5% de los Presupuestos de la CAPV. Ello permite afirmar que tiene una alta rentabilidad social, más aún si se tiene en cuenta de que el gasto en el conjunto del sistema de protección social (que incluye partidas tales como la asistencia sanitaria, las pensiones, etc.) es 4,8 puntos inferior en la CAPV en relación con la UE y su equiparación exigiría, según un estudio del sindicato ELA, un aumento anual de 3.125,8 millones de euros. Quienes insisten en que la población inmigrante es perceptora de la RGI en una proporción superior a lo que representa en el total de población se olvidan de que en partidas sociales de mayor cuantía, como las pensiones de la Seguridad Social, existe una gran desproporción de sentido contrario entre las personas inmigrantes que cotizan y quienes perciben pensiones. Olvidan también que el acceso a la RGI está relacionado con tasas de desempleo superiores a las también muy elevadas de la población autóctona.

Pobreza y exclusión social. En la CAPV, según el informe del Gobierno Vasco Encuesta de Necesidades Sociales 2014, todos los indicadores de la pobreza y la exclusión social han crecido durante la crisis. Si se escoge el indicador Arope de la UE se aprecia que la situación de pobreza y exclusión social afecta al 22,7% de las personas en 2014, frente al 17,9% de 2008.

RGI, salarios, desempleo y pensiones. La campaña contra la RGI tiene cierto eco en una parte de la población autóctona, entre otras razones por el deterioro en las condiciones laborales y de protección social. La cuantía máxima de la RGI se modula según el número de miembros de la unidad de convivencia y puede ir acompañada por la PCV, hasta alcanzar en conjunto un total máximo de 1.125 euros/mes. Aunque la cuantía de la RGI es muy superior a la de la gran mayoría de prestaciones similares de otras Comunidades Autónomas y la CAPV gasta el 40,2% del total del Estado en este tipo de prestación, no llega a eliminar sino solo a reducir la pobreza. Por un lado, porque el SVGI no cubre a toda la población en riesgo de pobreza sino, al 72,9% de la misma. Por otro lado, porque un elevado número de personas (71.092) continúa en situación de «pobreza real» (indicador del Gobierno Vasco), tras recibir las prestaciones sociales. Los ingresos conjuntos de la RGI, PCV y AES suponen el 71,4% de los ingresos de la población beneficiaria. Todo ello muestra la necesidad no ya de mantener, sino de mejorar estas prestaciones.

Las reformas laborales de los últimos años, que acrecientan el poder empresarial, han favorecido que una parte de los salarios se aproxime a la cuantía máxima de la RGI, más aún debido a que los salarios no tienen en cuenta el número de miembros de la unidad de convivencia y las prestaciones por hijos a cargo (los antiguos «puntos») son casi inexistentes. Esa tendencia se ve favorecida por un salario mínimo que incumple la recomendación de la OIT de ser equivalente al 60% del salario medio. El salario medio en la CAPV era de 26.535 euros/año en 2012, pero las medias son engañosas: el salario de las mujeres es el 76% del de los hombres; se reduce en el caso de los contratos temporales; en los de tiempo parcial el salario anual es de 10.321 euros y menos el de las mujeres. Y tanto la temporalidad como la parcialidad de las contrataciones se mantienen en niveles muy altos y afectan mayoritariamente a las mujeres (el 83% de los contratos a tiempo parcial les corresponde). Una parte de las nuevas contrataciones se realiza con salarios próximos al salario mínimo. Ello da lugar a que, según un informe de 2014 de Foessa, el 4,1% de los hogares en que el sustentador principal está ocupado se encuentra en riesgo de pobreza, que asciende al 10% entre quienes tienen un contrato temporal y al 40% del empleo irregular.

En materia de Seguridad Social está empeorando el acceso a las prestaciones. En el subsidio de desempleo que protegía la pérdida de empleo de la gente mayor, a partir de 2013 ha aumentado la edad de acceso desde los 52 a los 55 años, siendo necesario tener esa edad cuando se agote la prestación de desempleo. Y el acceso al mismo ha pasado a condicionarse no a los ingresos de la persona beneficiaria, sino a los de la unidad familiar, de forma que no se percibe el subsidio si los ingresos de una unidad de dos miembros sobrepasan la cuantía de 968 euros/mes brutos. El no acceso al subsidio va acompañado de la pérdida de cotizaciones para jubilación, con lo que ello supondrá de pensiones más bajas. El atraso en la edad de jubilación prolongará este período sin ingresos y, cuando se acceda a la jubilación anticipada, las penalizaciones serán mayores. La ampliación del período de cálculo de la pensión y del número de años cotizados para alcanzar el 100% de la misma presionan hacia abajo su cuantía, especialmente para los colectivos más sujetos a la precariedad laboral.

El deterioro de los salarios, de las pensiones y de las prestaciones de desempleo, trae consigo que, en los términos del Informe del Gobierno Vasco, para las personas que cobran bajos salarios o bajas pensiones se acentúa «la distancia existente entre los ingresos disponibles y el umbral de la pobreza de mantenimiento», lo que da lugar a que su situación tienda a deteriorarse en comparación con la población beneficiaria de la RGI. Para favorecer el apoyo social a la RGI, dejar sin efecto los recortes de la misma y ampliar su cobertura a colectivos que están fuera, es importante una mejora de los salarios, especialmente mediante la fijación de un salario mínimo decente, así como de las pensiones y las prestaciones de desempleo y de una política de pleno empleo mediante la reducción del tiempo de trabajo y la creación de empleo público. En el actual marco jurídico esas medidas son competencia del Estado. Un marco de soberanía política en Euskal Herria favorecería la posibilidad de otra política social y de empleo y, con ello, del apoyo a unas prestaciones, como la RGI, que cubren las situaciones de necesidad de quienes no tienen acceso a un empleo digno.