Las políticas de vivienda han sido históricamente de las políticas públicas más antiguas y recurrentes que conocemos (como por ejemplo las relativas a los alquileres en la Villa de Madrid de 1610) y sin embargo han sido también las que más fracasos han cosechado durante su vigencia ocasionando a menudo escasez de oferta, alzas de precios y merma en calidad de los inmuebles disponibles. Y ello pese a que las medidas estrella de este tipo de iniciativas, como han sido tradicionalmente el control de precios o el arrendamiento forzoso, se han promulgado siempre aspirando a lo contrario de lo finalmente logrado.

En España los principales antecedentes que tenemos a las nuevas leyes de vivienda que se están impulsado en los últimos años, tanto a nivel regional como ahora a nivel estatal, son la ley de renta limitada de 1954 y la ley de arrendamientos urbanos de 1964 elaboradas por el régimen de Franco que provocaron la casi desaparición del mercado de alquiler y la degradación de las zonas urbanas más afectadas por el sistema de limitación de precios que se impuso. Este fue el caso de los cascos antiguos de muchas ciudades que en las décadas posteriores quedaron asolados por el abandono y la delincuencia.

Estas leyes fueron derogadas bien entrada la democracia por sendas iniciativas legislativas de 1985 y 1995 impulsadas por el PSOE de Felipe González que entre otros logros pueden adjudicarse el haber facilitado la revitalización de los centros urbanos convirtiéndolos en los importantes focos de comercio, ocio y turismo que tanto dinamizan hoy en día nuestras ciudades.

Y es el mismo PSOE que en su día tumbó unas medidas tan poco apropiadas quien lidera su resurgimiento empujado por una debilidad parlamentaria que lleva causando estragos a lo largo de toda la legislatura. Sus socios de gobierno y quienes les prestan apoyo hacen caso omiso de toda evidencia y lógica al respecto sacando pecho estos días en un llamativo alarde de desconocimiento y oportunismo al cual nos tienen ya demasiado acostumbrados pero el partido socialista lo hace comprendiendo las consecuencias que conllevan este tipo de leyes y los daños que acarrean para aquellos sectores de la población más precarios.

En Estocolmo, Berlín o París los controles de los alquileres llevan años fracasando. Dentro de nuestras fronteras Barcelona se lleva la palma con una pérdida de más de un 10% de su oferta de pisos en alquileres en el año y medio que estuvo vigente el decreto de contención de rentas aprobado por el Parlamento de Cataluña en 2020 derogado recientemente por el Tribunal Constitucional. La oferta destruida corresponde a la de los alquileres más económicos cuyos demandantes tienen que buscar vivienda en otros municipios desplazados por una subida del precio del alquiler de un 19,1% en los últimos 12 meses. En Navarra tampoco hemos tenido mucho más éxito y, a pesar de la nueva Ley Foral de Vivienda, Pamplona ha visto incrementar el precio de sus alquileres en un 5,2% desde marzo de 2022 que sin ser tan abultada como la de la ciudad Condal deja entrever el mismo fenómeno de destrucción de la oferta y expulsión de la demanda menos pudiente.

En realidad, lo raro es que hubiese ocurrido algo distinto a lo que siempre lleva pasando. En estas fechas en la que con motivo de las citas electorales nos vamos a hartar de escuchar las bondades y virtudes de unos y otros conviene tener presente las palabras del escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn: «Sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y, sin embargo, siguen mintiendo». Y nosotros seguimos votando.