Es la afirmación que con mayor énfasis están repitiendo desde diferentes instancias del Gobierno Vasco al referirse al importante conflicto que está sufriendo el conjunto de la Escuela Pública Vasca. Es fácil sumarse a dicho eslogan, sobre todo si se prescinde de otras opiniones que acompañan a dicho mensaje («familias secuestradas», «nula voluntad negociadora»…). Pero estaría bien recordar que tan importante como querer superar un conflicto es conocerlo a fondo, intentar analizar sus razones y ver las formas y posibilidades de solucionarlo o ponerlo en vías de solución. No me invento nada nuevo, son directrices que vienen recogidas en diferentes documentos del propio departamento de educación.

Uno tiene la impresión de que todas esas declaraciones que últimamente escuchamos de manera bastante reiterativa pretenden relacionar el conflicto únicamente con las huelgas y movilizaciones llevadas a cabo por las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública y las anunciadas para los próximos meses. Desde lehendakaritza hasta las viceconsejerías dan a entender que no hay motivo para protestar, que hay abierto un proceso de negociación, que a qué viene perjudicar al alumnado y a las familias…

No estaría mal dejar las demagogias a un lado. Nada mejor que remitirnos a los datos. He participado en la mesa sectorial de educación ininterrumpidamente desde 2007 a 2014 en representación del profesorado como miembro del sindicato Steilas, y creo que esto me autoriza a poder decir algo al respecto, sin hablar de oídas, como más de un tertuliano hace sin cortarse un pelo. He seguido trabajando en la enseñanza pública hasta hace escasamente un año, por lo que también he participado activamente en movilizaciones referidas a este conflicto.

Mienten el lehendakari y la consejera de Educación cuando afirman o dan a entender que quienes se movilizan o hacen huelgas tienen secuestradas a las familias, cuando dicen que la parte sindical ha llevado el conflicto a las aulas. En los casi seis años de legislatura del lehendakari Urkullu, el departamento de educación no ha puesto sobre la mesa una sola propuesta de negociación hasta que se han visto obligados a hacerlo por las contundentes respuestas llevadas a cabo por el conjunto del sector. Han empezado a hablar de algo en diciembre de 2017. Tampoco es nueva esta actitud por parte de las autoridades educativas o del lehendakari. En la anterior legislatura, el lehendakari López y la consejera de Educación dieron inicio a una fase en la que se aplicaron todos y cada uno de los recortes que a la sombra de la crisis se decretaron para limitar e impedir el desarrollo de políticas públicas. No solo eso, tuvieron la desfachatez de firmar un acuerdo con la minoría sindical (25% de la representación), despreciando los resultados de las elecciones sindicales, desoyendo las protestas del sector y marginando a la mayoría sindical; un acuerdo que, por cierto, antes de su publicación en el BOPV se vio mutilado por nuevas medidas «anticrisis».

Como decía, la actual consejera de educación ha sido incapaz de presentar propuesta de negociación alguna y se ha dedicado a trasladar a la mesa sectorial la información de las medida que su departamento iba adoptando en todo lo referido a las condiciones de trabajo y el resto de temas del ámbito de negociación: planificación, plantillas, OPEs…, siempre bajo el manto de los recortes y a tono con otras políticas antisociales.

Convendría recordar que, fundamentalmente por parte de la mayoría sindical, las denuncias de esta situación se han repetido continuamente, acompañadas de movilizaciones puntuales que se han ido dando durante estos últimos nueve años, tanto en el propio sector, como con el conjunto de trabajadores y trabajadores, contra las reformas laborales, de las pensiones, políticas de recortes…

Porque no olvidemos que el conflicto que vive la enseñanza pública viene de lejos, y que no son precisamente quienes trabajan en ella las y los que lo han llevado a las aulas.

Repasemos. ¿Quién decidió que las sustituciones no se cubrían hasta entre 5 y 10 días más tarde de tener que hacerlo? ¿Quién hizo que las alumnas y alumnos no tuvieran a su tutor o tutora en clase? ¿Quién decidió castigar al profesorado que enfermaba? ¿Quién decidió subir los ratios, reducir las ayudas, no ampliar las plantillas ni siquiera en la misma proporción del aumento de matrícula? ¿Quién se ha pasado casi 9 años diciendo que no hay más dinero para los servicios públicos aunque las necesidades se han multiplicado, y han seguido poniendo dinero para los bancos, las infraestructuras faraónicas…? ¿Quién ha llevado el conflicto a las aulas?

Según el Gobierno Vasco son responsables quienes se han atrevido a protestar, a decir ya basta de palabras bonitas. ¡Queremos una escuela pública que recupere su calidad, tanto en las condiciones en las que se imparte, en las que viven nuestros alumnas y alumnas, como en las que debe tener el conjunto del personal que trabaja en la misma! Y ésa es la causa principal de las movilizaciones. Esa y que el departamento de Educación y el propio Gobierno Vasco se preocupan más de demonizar y desprestigiar las movilizaciones que de buscar soluciones reales al conflicto. Ha sido necesario llevar a cabo importantes movilizaciones para que pongan una propuesta (insuficiente a todas luces) encima de la mesa. Eso sí, han echado el grito al cielo porque la mayoría sindical ha puesto encima de la mesa, junto a sus propuestas, un calendario de movilizaciones. ¿Qué se esperaban quienes no han puesto un solo euro más en los presupuestos para poder hacer frente a alguna de las demandas sociales? ¿Cómo quieren que se entienda que las negociaciones de la mesa sectorial no tengan detrás ningún respaldo económico y la negociación con el PP para la aprobación de los presupuestos recoja más inversiones para la enseñanza concertada?

Pero es más que eso, se les llena la boca de Europa, de liderazgos, de avances, de salidas de la crisis, y, en cuanto se encuentran con una mínima protesta en frente recurren a lo de siempre, a compararnos con quienes están peor, cuando no a insultar al profesorado y al conjunto de trabajadoras y trabajadores.

Tenemos un Gobierno Vasco y un departamento de Educación que no solo han sido incapaces de resolver de manera mínimamente digna los problemas relativos a la negociación colectiva, tenemos un gobierno que los ha agravado con la aplicación de la LOMCE, de los aspectos más discutidos y retrógrados de Heziberri en línea con dicha ley, que ha hecho que la mayor parte de la comunidad educativa de la enseñanza pública le dé la espalda y que solo concita sospechosos apoyos de la enseñanza concertada. Eso sí, para todo ello cuenta con el apoyo de su socio de gobierno, como de una forma u otra lo vienen haciendo desde el llamado Pacto Escolar de 1992.

Resumiendo, poca autoridad moral tiene para vender el «sacar el conflicto de las aulas» quien es máximo responsable de introducirlo. Pero más grave aún es que sigan aplicando las mismas medidas que hace ocho años cuando, según sus palabras, estamos saliendo de la crisis.

¿A qué esperan para poner soluciones encima de la mesa? Tiempo tienen, la duda es si realmente hay voluntad política para reforzar la enseñanza pública, permitir que las trabajadoras y trabajadores recuperen, al menos, lo que se les ha robado y dejen las administraciones públicas de fomentar el empleo precario.

Ánimos para quienes no tienen más remedio que seguir en el empeño de conseguir una Escuela Pública Vasca de calidad, de todas y para todos, que respete a sus alumnas y alumnos, a las familias, a trabajadoras y trabajadores. El camino va a seguir siendo largo, pero el conjunto de la comunidad educativa está empeñada en ello.