La Carta de la Libertad se adoptó en Kliptown el 26 de junio de 1955, hace setenta años. Miles de delegados viajaron desde toda Sudáfrica —en tren, autobús o a pie— para participar en el Congreso del Pueblo. Se reunieron a cielo abierto, en un campo polvoriento donde se había erigido un escenario de madera. Policías armados observaban desde el perímetro, pero el ambiente era decidido y jubiloso. Una a una, las cláusulas de la Carta —sobre tierra, trabajo, educación, vivienda, democracia y paz— se leyeron en voz alta, y cada una recibió una aprobación unánime. La Carta fue la expresión destilada de meses de debate y una visión colectiva.

Los debates sobre la Carta rara vez la sitúan en su contexto histórico completo. Sin embargo, para comprender su verdadero significado, debemos verla como parte de un momento global más amplio: una era en la que los pueblos oprimidos de todo el mundo se alzaban contra el colonialismo.

Tras la derrota del fascismo en 1945, se respiraba una profunda sensación de posibilidad. La victoria impulsó un nuevo orden moral internacional, plasmado en la fundación de las Naciones Unidas y su Carta, con énfasis en los derechos humanos, la autodeterminación y la paz. En el mundo colonizado, todo ello vino acompañado de una ola de lucha anticolonial, con crecientes demandas de independencia e igualdad. India obtuvo su independencia en 1947. Ghana le siguió en 1957.

En abril de 1955, dos meses antes de la adopción de la Carta de la Libertad, 29 naciones recién independizadas y colonizadas se reunieron en Bandung, Indonesia. La Conferencia de Bandung dio voz a las aspiraciones del Sur Global: poner fin al colonialismo y la dominación racial, afirmar la autonomía en los asuntos mundiales y fomentar la cooperación entre los pueblos anteriormente colonizados. Bandung entusiasmó a las fuerzas anticoloniales de todo el mundo. La Carta de la Libertad surgió en medio de este entusiasmo. Fue una declaración de una mayoría oprimida que no aceptaría la dominación colonial.

Este período de esperanza se vio ensombrecido por una feroz reacción imperial. En Irán, la nacionalización del petróleo impulsada por el primer ministro Mohammad Mossadegh en 1951 se vio frenada por un golpe de Estado respaldado por la CIA y el MI6 en 1953. En Guatemala, las reformas agrarias del presidente Jacobo Árbenz provocaron una respuesta similar, y en 1954 la CIA orquestó su destitución.

En todo el mundo, momentos de soberanía popular fueron aplastados para preservar el poder imperial. La guerra de Corea (1950-1953) marcó la agresiva militarización de la Guerra Fría. En 1961, el primer líder electo del Congo, Patrice Lumumba, fue asesinado con el apoyo de la CIA. En 1966, Kwame Nkrumah, de Ghana, fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Occidente.

En Sudáfrica, la visión establecida en la Carta de la Libertad se encontró rápidamente con la represión estatal. Meses después de su adopción, 156 líderes de la Alianza del Congreso fueron arrestados y acusados ​​de traición. Luego vino la Masacre de Sharpeville en marzo de 1960. El régimen del apartheid prohibió ANC y el PAC, obligando a los movimientos de liberación a la clandestinidad. En respuesta, el ANC decidió recurrir a la lucha armada.

La Carta de la Libertad es inseparable del proceso que le dio vida: un proceso profundamente democrático, consultivo y arraigado en la vida cotidiana de la gente común. En 1953, el Congreso Nacional Africano y sus socios de la Alianza del Congreso hicieron un llamado a un diálogo nacional para preguntar, clara y urgentemente, «¿En qué Sudáfrica queremos vivir?».

La respuesta fue notable. En todo el país, en municipios, aldeas rurales, lugares de trabajo, iglesias y reuniones, la gente se unió para desarrollar sus demandas. Las propuestas llegaron escritas a mano, mecanografiadas o dictadas a los organizadores.

La Carta expresaba una visión de Sudáfrica basada en la igualdad, la justicia y la prosperidad compartida. «El Pueblo Gobernará» fue la cláusula inicial, que afirmaba no solo el derecho al voto, sino también el principio de que el poder debe residir en el pueblo. «La tierra será compartida entre quienes la trabajan» desafiaba la desposesión en la raíz del régimen colonial y del apartheid. Fundamentalmente, la Carta exigía una economía basada en el beneficio público, no en el lucro privado: «La riqueza nacional de nuestro país, patrimonio de los sudafricanos, será restituida al pueblo».

La educación, la vivienda y la sanidad debían ser universales e iguales. La Carta imaginaba una Sudáfrica sin racismo ni sexismo, donde todos fueran «iguales ante la ley», y donde se buscara la paz y la amistad en el extranjero.

Tras la prohibición de los movimientos de liberación en la década de 1960 y la brutal represión que le siguió, la Carta de la Libertad no desapareció, pero se desvaneció de la memoria popular.

En la década de 1980, resurgió con renovada fuerza en la vida pública. La formación del Frente Democrático Unido (UDF) en 1983 en Ciudad del Cabo y el surgimiento del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) en 1985 en Durban, dieron nueva vida organizativa a la Carta. Las organizaciones de base se apoyaron en sindicatos, organizaciones cívicas y grupos religiosos para sacar la Carta de los archivos y llevarla a las calles. Para el ahora poderoso movimiento de masas, la Carta prometía un futuro basado en la democracia radical y una redistribución fundamental de la tierra y la riqueza.

La Carta se convirtió en un punto de referencia vital para las negociaciones que comenzaron tras el levantamiento de la proscripción de los movimientos de liberación en 1990. Su lenguaje y principios moldearon profundamente elementos de la Constitución de 1996.

La insistencia de la Carta en que «Sudáfrica pertenece a todos sus habitantes» y en que «el pueblo gobernará» se tradujo en la afirmación constitucional del no racismo y el sufragio universal. Las garantías de igualdad de derechos, dignidad humana y derechos socioeconómicos como la vivienda, la educación y la atención médica reflejan la visión de la Carta.

Pero la transición implicó un compromiso. En la década de 1980, la Carta había sido un llamado a una profunda transformación estructural. En el acuerdo, cláusulas clave, en particular las que exigían la redistribución de la tierra y el reparto de la riqueza nacional, se suavizaron o aplazaron. El acuerdo final preservó los patrones existentes de propiedad privada y aceptó un marco macroeconómico moldeado en parte por las presiones neoliberales globales. Si bien se ganó la votación, las transformaciones más profundas previstas en la Carta se pospusieron.

El resultado es que hoy, treinta años después del fin del apartheid, persisten las desigualdades estructurales. En 1998, Thabo Mbeki describió a Sudáfrica como un país de «dos naciones»: una rica y blanca, la otra pobre y negra. Esta caracterización sigue siendo inquietantemente precisa. Las promesas económicas de la Carta no se han cumplido.

Las elecciones generales de 2024 marcaron un punto de inflexión histórico. En conjunto, los dos partidos dominantes obtuvieron el apoyo de menos de una cuarta parte de la población elegible. Casi el 60% de los votantes elegibles no participaron en absoluto. Esto refleja una profunda desilusión. La promesa de la Carta de que «el pueblo gobernará» exige más que un voto: requiere una participación sostenida.

Esto requiere reconstruir la participación democrática masiva desde abajo. Significa reavivar la cultura de las reuniones populares, los mandatos comunitarios y las iniciativas lideradas por los trabajadores que fundamentaron la Carta en la experiencia vivida. Significa ir más allá de las elecciones y restaurar el sentido de la autonomía democrática cotidiana, en las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades. Significa cumplir la promesa de redistribuir la tierra y la riqueza.

También significa reconstruir la solidaridad en todo el Sur Global. La formación del Grupo de La Haya en enero de este año para construir una alianza en apoyo a Palestina fue un gran avance. La reunión que celebrará en Bogotá en julio promete ampliar su alcance y poder.

Pero debemos reconocer la magnitud de la resistencia a dicha transformación. Fuerzas poderosas, tanto locales como globales, están profundamente comprometidas con el statu quo. Las élites económicas, las ONG, los centros de estudios y los proyectos mediáticos financiados por donantes occidentales a menudo trabajan para presentar las políticas redistributivas como ilegítimas o imprudentes. Estas redes no son nuevas, pero se han vuelto cada vez más audaces a medida que ha disminuido el apoyo al ANC.

En junio de 2023, la Fundación Brenthurst, financiada por la familia Oppenheimer, convocó una conferencia en Gdansk, Polonia. Denominada una cumbre para «promover la democracia», la conferencia emitió la "Declaración de Gdansk", ampliamente difundida como un intento de legitimar la oposición respaldada por Occidente a las políticas redistributivas en el Sur Global. La Alianza Democrática y el IFP estuvieron presentes, junto con el exeditor del Daily Maverick, Branko Brkic, y representantes de RENAMO (Mozambique) y UNITA (Angola), ambos movimientos reaccionarios respaldados por Occidente para oponerse a los movimientos de liberación nacional. El evento marcó el surgimiento de una alianza transnacional destinada a neutralizar cualquier intento de desafiar el poder de las élites en nombre de la justicia o la igualdad.

Es un recordatorio de que la lucha por hacer realidad la visión de la Carta no se ganará solo en términos morales. Requerirá una organización política eficaz, claridad ideológica y valentía. La Carta de la Libertad nació de la lucha. Ahora debe defenderse y renovarse mediante la lucha.