A mediados del mes de diciembre se presentaba públicamente el "Informe del Gobierno de Lakua sobre la tortura", llevado a acabo por la UPV/EHU, concretamente por el Instituto Vasco de Criminología.

El director, de este exhaustivo y riguroso trabajo científico, Paco Etxeberria –Doctor en Medicina, médico especialista en Medicina Legal y Forense, y en Antropología y Biología Forense; y una de las máximas autoridades del Estado español en este campo– resumía, durante la presentación, la inmensa y descomunal magnitud de la tragedia que han investigado, mediante la siguiente concisa y estremecedora frase: «No existen palabras en los idiomas y en los diccionarios para describir el nivel de sufrimiento de una persona que está siendo torturada». 
Durante los años de investigación –que abarca desde 1960 hasta 2014– de esta abominable e inhumana lacra social se han constatado y documentado, de manera minuciosa y académica, 4.113 casos de torturas que implican a 3.415 personas en total; ya que el 17% de ellas fueron sometidas a estas crueles y execrables prácticas en dos o más ocasiones.

El encomiable y sistemático estudio ha abarcado exclusivamente a los tres territorios históricos que conforman la realidad administrativa conocida como CAPV.

El tiempo transcurrido –tan largo y dilatado entre 1960 y el comienzo de esta investigación científica, hace unos pocos años– junto con la indeleble y brutal huella psicológica dejada por la tortura a tantas y tantas personas –incapaces de volver a recordar, expresar y exponer el atroz y despiadado infierno que sufrieron y padecieron– lleva indefectiblemente a pensar y creer que la dantesca tragedia tuvo mayores proporciones que las que han quedado reflejadas en ese trabajo.

Euskal Memoria, por ejemplo, maneja datos en torno a 5.500 casos y por «cálculos de extrapolación» podrían ser 9.000 o 10.000.

Durante décadas un amplio sector de la población de Euskal Herría, que abarcaba a diferentes generaciones y a miles y miles de personas de los más diversos y variados ámbitos: académico, laboral, sindical, político, asociativo, de la abogacía… ha tenido el sentimiento, la constatación, y por consiguiente la presunción absoluta, de que la tortura se aplicaba sistemáticamente, como herramienta, recurso y medio para reducir, doblegar y aniquilar la libre voluntad de la persona detenida e incomunicada y para expandir y extender el miedo y el terror entre la población de manera absolutamente deliberada y consciente.

Ahora, este paradigmático informe, de investigación empírica y científica, viene a constatar de manera irrefutable que aquellos temores, creencias y presunciones eran y constituían una realidad insoslayable e innegable. Igualmente da un valor académico y científico a las reiteradas denuncias realizadas por organismos internacionales contra la pasividad, abulia y negligencia del Estado español para investigar los numerosos casos de denuncias de torturas, mediante los que, increíblemente, se constataba la aquiescencia de ese Estado con el sistema judicial, policial y legislativo que no sólo no impedía semejantes prácticas degradantes, bestiales e inhumanas, sino que además fría y conscientemente las impulsaba, alentaba, protegía, ocultaba y premiaba.

Y todo ello a pesar de que el Estado español firmó en 1977, el "Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales" y lo ratificó en 1979. Pero las prácticas inhumanas y aborrecibles han sido sistemáticamente utilizadas contra las personas incomunicadas a lo largo de oscuros lustros y grises décadas. Y eso que el artículo 3 del mencionado convenio decía taxativamente: «Nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

El 18 del 12 del 2002, ese mismo Estado suscribía, y cuatro años después, el 22-06-2006, ratificaba "El Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes". Pero a pesar de todo ello la lacra no cesaba, ni remitía. 
El Estado español ha sido reiteradamente, hasta en nueve ocasiones, criticado, censurado, reprobado y sentenciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar suficientemente las denuncias de torturas.

El 16-12-2008, el informe del Relator Especial, para el Estado español –Martin Scheinin– sobre la Promoción y Protección de los DDHH y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo, en el marco del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, en Asamblea General, recomienda: «la completa erradicación de la detención incomunicada». Pide que se apliquen sistemáticamente medidas de prevención de la tortura y malos tratos… mediante la vídeo vigilancia continua de las instalaciones de detención y el examen de los detenidos por médicos de su elección.

Al Relator Especial le preocupan hondamente las denuncias de torturas y malos tratos… así como la información según la cual las autoridades españolas hacen sistemáticamente caso omiso de esas denuncias. Aboga por el respeto sistemático de todos los aspectos de la prohibición internacional de la tortura, junto con la abolición del régimen de incomunicación.

El CPT (El Comité para la Prevención de la Tortura), un órgano del Consejo de Europa, en el informe difundido a finales de abril de 2013 ponía el foco en: «la necesidad de una acción decidida de las autoridades españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la detención en régimen de incomunicación». No era la primera vez que se reprochaba esta situación a las autoridades españolas bien del PP o del PSOE. En el citado informe el CPT recordaba que llevaba dos décadas «llamando la atención sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil a personas sospechosas de delitos de terrorismo».

Jorge del Cura, miembro de La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, declaraba hace un año, concretamente el 29 del 12 del 2016, la responsabilidad muy importante del Poder Judicial –jueces y fiscales– por la actitud de comprensión hacia determinadas acciones policiales o la aplicación de penas muy leves en casos de tortura.

El informe de Amnistía Internacional del pasado año, 2016, recoge que el Estado español suspende y retrocede en libertad.

La aniquilación, exterminio y genocidio planificado, consciente y sistemático fue una característica intrínseca del brutal y sanguinario golpe de estado fascista contra la legal y legítima II República, que se extendió por parte del bando sublevado contra todo el movimiento republicano, independientemente de su adscripción política o sindical. Esa mentalidad salvaje, devastadora, ignorante, nacionalcatólica, brutal, intolerante e inmisericorde; absolutamente ajena a cualquier principio de racionalidad, proporcionalidad y humanidad continuó durante los despiadados y desgarradores cuarenta años de la dictadura franquista, en forma de ejecuciones sumarísimas, tortura, cárcel y conculcación sistemática de los más elementales derechos básicos y fundamentales.

El régimen que surge con la Constitución de 1978, que no fue otra cosa que una operación de ingeniería política –con la inestimable colaboración tanto del PSOE como del PCE y de sus organizaciones adláteres– para continuar igual, cambiando exclusivamente la forma; lógicamente siguió utilizando esa herramienta tan eficaz como aborrecible y execrable: la tortura.

La indeseable, abyecta e inhumana utilización de esa terrorífica práctica ha dejado en la memoria de Euskal Herria escalofriantes casos de tortura que rebasan con creces la mayor vileza, crimen y atrocidad que un ser humano pudiera imaginar y concebir.

El dantesco y terrorífico cuadro de la descomunal tragedia, sin límites ni tregua –fraguado en la llamada «incipiente y modélica democracia española»– comienza a dibujarse con el paradigmático caso de Joseba Arregi Izagirre. Fue detenido el 4 de febrero de 1981 e incomunicado, durante nueve días, en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Murió a consecuencia de las torturas infligidas por la Policía Nacional. Ingresó en un estado deplorable, el día 12 de ese mismo mes, en el Hospital Penitenciario de Carabanchel; al día siguiente fallecía como consecuencia de la brutalidad de la tortura que se cernió, ensañó y se desató con extremada violencia contra él.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en el informe forense de la autopsia, certificó la existencia de torturas.

La muerte de Arregi supuso una conmoción social de enormes dimensiones y originó un gran revuelo social, consternación y un total repudio sociopolítico. Se llegaron a pedir dimisiones de varios responsables, entre los que se encontraba el Ministro de Interior, Juan José Rosón. Se convocó una huelga general en Hego Euskal Herria. Se pidieron explicaciones en el Congreso de los Diputados y Diputadas por parte, prácticamente, de todos los partidos representados en la Cámara Baja, incluido el Partido Socialista.

Al año siguiente, 1982, en la negra y fatídica noche del 15 de marzo, es arrestado, detenido e incomunicado por la Guardia Civil Esteban Muruetagoiena, médico ondarrutarra. Permaneció diez días interminables, sobrecogedores y espeluznantes en dependencias policiales de Donostia y en Madrid –en la Comandancia de la Guardia Civil–. Tres días después fallecía con 38 años.

«Las fuentes oficiales afirmaron que la causa de la muerte fue un infarto de miocardio. El informe de la autopsia revelaba sin embargo evidencias de tortura. Presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo, producto probable de la aplicación de electrodos, hemorragia en el oído izquierdo e inflamación genital».

Transcurrido un año, en 1983, comenzaba la gestación de la peor, más horrible y terrible pesadilla que un ser humano pueda ni tan siquiera concebir e imaginar. El 15 de octubre de ese brutal, triste y desolador año, en Baiona, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fueron secuestrados por el GAL (acrónimo de Grupos Antiterroristas de Liberación). Este fue su primer acto terrorista.

Lasa y Zabala fueron secuestrados, salvajemente torturados hasta convertirlos física y psíquicamente en auténticos despojos humanos y asesinados. Estuvieron detenidos e incomunicados en el aborrecible y estremecedor cuartel de Intxaurrondo.

El general Galindo ordenó trasladarlos al palacio de la Cumbre, donde fueron sistemáticamente sometidos a brutales, salvajes y despiadadas torturas. Debido a su increíble y sobrecogedor estado, el mencionado y brutal general ordenó su asesinato. Dos guardias civiles ejecutaron la despiadada, inhumana e inconcebible orden, Enrique Dorado y Felipe Bayo. Trasladaron a Lasa y Zabala hasta Busot, una pequeña localidad rural alicantina, cavaron una fosa, les dispararon varios tiros en la cabeza y enterraron sus cadáveres en cal viva.

La muerte violenta, desgarradora, brutal, asesina, de garras siniestras y con rostro de tortura medieval, jamás se ha detenido, no ha conocido pausa ni indecisión.

En 1985, una vez más –la enésima– gran parte de la población de Euskal Herria quedaba absolutamente perpleja, conmocionada y en estado de shock total ante la muerte de Mikel Zabalza.

Durante la aciaga y oscura madrugada del 26 de noviembre un comando de la Guardia Civil irrumpió en la vivienda de Zabalza –un joven de 32 años, navarro, natural de Orbaizeta– deteniéndole y trasladándole al abominable y aterrador cuartel de Intxaurrondo.

Otras cinco personas fueron detenidas en esa misma acción y trasladadas al cuartel mencionado. Todas ellas fueron torturadas y acabaron días más tarde en libertad, sin cargos, excepto Zabalza. Al día siguiente se comunica su desaparición: se informa de que se ha dado a la fuga, esposado, arrojándose al río Bidasoa. Transcurridos diecinueve días de su «desaparición», el 15 de diciembre aparece su cuerpo flotando en una zona que había sido rastreada intensamente por la Cruz Roja unos días antes.

La siniestra, dilatada y brutal sombra de la tortura ha oscurecido durante lustros y decenios los cielos de Euskal Herria y ha mantenido encogidos y destrozados los corazones de miles y miles de personas: hombres y mujeres cuyo sufrimiento fue insondable e inabarcable, como el de la madre de Mikel Zabalza, que cuando fue a preguntar por el paradero de su querido hijo obtuvo la siguiente increíble, deshumanizada y brutal respuesta: «si ha perdido a su hijo, vaya a buscarlo a objetos perdidos».

Miles de personas sobrevivieron al terror, al infierno, a la humillación, a los golpes, a la bolsa, a la bañera… al horror materializado y concreto, que como un intenso aluvión de dolor inhumano se abatía sobre ellas, golpeándolas, insultándolas, amenazándolas, manoseándolas, gritándolas, anulándolas… conduciéndolas deliberada y metódicamente a un estado de terror, desolación y degradación física y psicológica caótico e inefable.

Muchas de ellas son las que han participado en esa investigación, paradigmática y exhaustiva, llevada a cabo por el equipo de profesionales del Instituto Vasco de Criminología. 
Ante ese cúmulo de pruebas irrefutables sobre la existencia, la práctica y la sistemática utilización de la tortura; junto a las múltiples denuncias y condenas de organismos internacionales contra el Estado español ante su manifiesta y abyecta pasividad y connivencia con esa aborrecible e inhumana práctica; y a pesar de los flagrantes y desgarradores casos de aplicación de la tortura con consecuencias mortales… el Partido Socialista de Euskadi «no comparte ni en el fondo ni en la forma el informe de Lakua sobre víctimas de tortura». Y opina que se asienta sobre «la falsa idea de una tortura generalizada».

No sorprende en absoluto la inefable, aborrecible y deplorable actitud, postura y determinación política del PSE ante un trabajo tan minucioso, tan meticulosamente elaborado bajo los paradigmas académicos, científicos y según el protocolo de Estambul.

No sorprende, pero la postura adoptada –por ese partido que deambula hacia su extinción social– es vejatoria, una vez más, contra las personas que han sufrido directamente esa maldita y terrorífica lacra sociopolítica, y que infringe nuevamente un dolor profundo a las víctimas. 
Una valoración tan insidiosa, tan subjetiva, tan increíblemente sesgada que explicita de una forma tan burda como superficial su pensamiento retrógrado –sobre el encomiable trabajo realizado por un equipo multidisciplinar de profesionales y por miles de testigos sobre los cuales no existe ninguna sombra de duda sobre lo relatado- deja meridianamente claro que el mencionado partido lleva alejado de la realidad sociopolítica, cultural, sindical, laboral… demasiadas largas y dilatadas décadas que le van determinando y conduciendo al abismo de su propia volatilización.

Un partido que claudicó e hizo dejación de sus propios principios sociopolíticos durante la transición y posteriormente; que prefirió deliberadamente, durante la década de los años setenta, alejarse de los movimientos populares, de sus bases, simpatizantes y militantes, cobijándose bajo la sombra tiránica del poder del neofranquismo, desalentando a la población en su lucha revolucionaria, oponiéndose frontalmente a esa encomiable lucha.

Posteriormente vendrían las falsas promesas, jamás cumplidas, las inmensas mentiras, los acuerdos y pactos para degustar las envenenadas mieses del aborrecible neofranquismo. 
El PSE se ve determinado y poderosamente impelido a rechazar el informe de Lakua, simplemente, para no tener que enfrentarse a su oscuro, terrible y terrorífico pasado de finales del S. XX. y no tener que recordar, por ejemplo, que en 1987, «Ese año, el jefe del GAL era presidente de Gobierno y, en la cúpula de Interior, personajes como Barrionuevo o Vera trajinaban con sangre. En 1987, el coronel Galindo seguía torturando vascos en Intxaurrondo, controlaba el narcotráfico y procuraba que nadie investigara la aparición de dos cuerpos en una fosa común en Alicante».

Aquella vergonzosa decisión –adoptada ya hace largas décadas– de diluirse en la ideología de la rancia e intolerante derecha españolista, alejándose sideralmente de cualquier mínimo vestigio de izquierdas le ha supuesto a la formación socialista, a nivel del Estado español, que entre la segunda legislatura y la duodécima haya perdido el 46,246% de su electorado; es decir, 4.683.546 personas, y a pesar de que entre las dos mencionadas legislaturas, la población en el mencionado Estado se incrementó en un 24,265%, pasando de 37.520.072 personas a 46.624.382.

En las elecciones de 1982 el PSOE obtenía en el Congreso de los y las Diputadas 202 escaños; en las elecciones del año pasado, 2016, conseguía 85. Durante esos años, 117 escaños los han ido perdiendo paulatinamente, a medida que se alejaban y abandonaban a las clases más oprimidas y reprimidas, y se cobijaban en las siniestras y abominables sombras del poder. 
Pero tal vez, lo más lamentable y execrable de toda esta situación sociopolítica sea la inaguantable y aborrecible tendencia, inherente, al partido jeltzale a rodearse, gobernar, pactar y congratularse siempre con los dos partidos mayoritarios de ese Estado, tan alejado de los mínimos principios humanos y cánones democráticos que debieran de imperar hegemónicamente en toda Europa.