Últimos años del siglo pasado. Las dos grandes familias abertzales firman los acuerdos de Lizarra-Garazi. ETA abre un paréntesis en su actividad armada y en septiembre de 1998 se pone en marcha un proceso soberanista que llena de ilusión a la sociedad vasca y promete hacer realidad sus más íntimos anhelos: la paz y la soberanía. La esperanza revienta año y medio después –diciembre de 1999–, en medio de un cruce de reproches entre los dos actores principales y el inmovilismo regocijado del gobierno español. A la primacía de la vía constituyente propugnada por la izquierda abertzale que combinaba una asamblea de electos –Udalbiltza–, con la desobediencia civil institucional, se oponía la opción reformista del PNV, que otorgaba un valor más bien simbólico al nuevo órgano alternativo, y prefería apoyarse en la dudosa potencialidad de las instituciones vigentes.

Las razones del fracaso y las responsabilidades se reparten. La vía insurreccional, por muy civil que fuera, erosionaba la hegemonía jeltzale y suponía una enmienda a la totalidad a su apuesta por el autonomismo tras el fracaso de las conversaciones de Txiberta en el 77. ETA sobrevaloró su capacidad político-militar e infravaloró la potencialidad de una sociedad civil vasca que necesitaba tiempo para conformar un espacio soberanista desobediente que en ese momento solo existía en un documento firmado solemnemente por las élites partidistas y sindicales.

Al Estado le bastaba con esperar –que se pudran en su pugna interna, como desde el siglo XIV–, y con dejar claro al PNV que no iba a admitir aventuras. Teóricamente el Partido Popular podía obtener cierta ventaja del fin de ETA, pero solo si no venía aparejado a una cesión de soberanía, por muy limitada que esta fuera. De hecho, en una aplicación avant la lettre del síndrome de Sherwood, seguramente algunos sectores del Estado trabajaron en la sombra para que ETA volviera a las andadas. Era el modo de justificar un salto represivo contra el soberanismo vasco y de paso erosionar el abertzalismo institucional. La función aglutinante que ETA desempeñó en los primeros 2000 para una determinada idea de España –la función que posteriormente se asigna al soberanismo catalán–, se materializó en la mayoría absoluta de Aznar y el intento de asalto a Ajuria-Enea por el tándem Mayor-Redondo, perfeccionado con López tras la ilegalización de la IA. Consecuencias perversas de aquel fracaso de Lizarra.

El mito de la unión abertzale se rompió entonces y como aquí siempre vamos un paso por delante, a esta fractura histórica entre el soberanismo tibio del PNV y el de izquierdas, se suma ahora una fractura en este último espacio: ELA, por un lado, LAB y EH Bildu, por otro. En fin, después de la ocurrente y necesaria invención del soberanismo, y con el secesionismo bajo mínimos, una nueva doctrina se abre paso: el «escisionismo». Dos vascos, una fracción. Tres vascos, una escisión. Quizás si son vascas, hagan falta algunas más. La sororidad parece más tenaz en sus afectos.
 
Y las enfermedades políticas, es cosa sabida, no tienen fronteras. Por eso, tenemos la sensación de haber vivido ya muchos de los debates que se están produciendo en Cataluña. Aunque aquellos debates nuestros resuenan hoy allí, nunca se escarmienta en cabeza ajena. El primer debate catalán –qué hacer– es muy similar al que reventó aquí el proceso de Lizarra-Garazi; el segundo –cómo hacerlo– sintoniza bastante con el que agita actualmente al soberanismo político-sindical de izquierdas en Euskal Herria. Veamos:

1. Como en aquella Euskal Herria de Lizarra, sacudida por la tensión entre la institución autonómica y Udalbiltza, el debate estratégico de fondo en Cataluña gira en torno al papel que en la senda hacia la soberanía debe jugar el marco autonómico –liderazgo de la Generalitat–, y el marco alternativo materializado en el Consell per la República. No parece que por ahora el Consell se vaya a lanzar a un proceso constituyente, pero reivindica su papel como puente de mando material del soberanismo. Como en nuestro 98, tal dilema refleja la lucha por la hegemonía entre las familias políticas del independentismo, aunque en este caso los papeles se invierten: el soberanismo de izquierdas lidera las instituciones autonómicas, una vez ganada la centralidad que le otorga una mayor capacidad de pacto. Junts carece de opciones por ahora.

2. El segundo debate está aparejado al anterior: el «qué» determina el «cómo». En este caso, la disputa interna actual en el soberanismo catalán en su conjunto y en el seno del vasco de izquierdas también coincide y es la habitual en muchos procesos de cambio político. Se asemeja a aquella en la que se empantanó la izquierda revolucionaria en la Transición: Concepción autónoma y vanguardista del independentismo (Junts) o de la clase obrera (ELA) en clave de contrapoder, o «etapismo» –primero democracia, luego independentismo–, y frentes democráticos amplios, con los Comunes o con UGT, Podemos o CC.OO. Es decir, el mismo debate que se produjo entre los troskos de la LCR y los chinos de la ORT en los setenta del pasado siglo. El «etapismo» era maoísta.

El Estado, como entonces, asiste alborozado al espectáculo. Alienta falsas esperanzas, amenaza con escenarios mucho peores si gana la derecha, prorroga plazos, dosifica la represión judicial, gana tiempo. Esa es la estrategia sistémica inveterada: lo más urgente es esperar. Eso sí, dejando claro urbi et orbi que el premio por sacar los pies del tiesto es la cárcel, el chantaje económico y la espada de Damocles sobre el autogobierno… Y si te portas bien, «desarrollo estatutario y co-gobernanza».

¿Existe salida a este impasse? ¿Vanguardia autónoma o frente amplio? ¿Puede acordarse un marco de acción conjunto que contemple ambas estrategias? ¿Diésel o eléctrico?

El espíritu tecnológico del tiempo nos invita a pensar en fórmulas híbridas que, según el momento, permitan activar una u otra «motorización» social y política. Por un lado, en modo diésel, este soberanismo híbrido podría plantear una reforma estructural del Estado en clave plurinacional y confederal que contemple el derecho a decidir, es decir, el derecho a acordar y celebrar un referéndum para definir libremente el estatus político de los pueblos peninsulares. A nivel internacional, podría aprovechar la coyuntura escocesa y la de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para demandar un marco europeo de claridad que garantice el respeto de los principios democráticos en los conflictos de soberanía. Las alianzas amplias son aquí obligadas.

Pero, por otro lado, la sociedad civil organizada y los actores sociales de nuestras naciones podría ir recargando las baterías con una acción colectiva autónoma y articulada –galeusca soberanista–, para que, llegado el momento, el soberanismo institucional, por fuerza más pausado, pueda contar con la aceleración eléctrica necesaria para desbloquear la situación y avanzar en la senda de la soberanía. Las demandas sociales adquieren en este ámbito una centralidad total. Y tengamos en cuenta que ese momento de estancamiento institucional y desborde necesario llegará sin duda: no se puede avanzar en políticas sociales sin soberanía.

En todo caso, deberíamos evitar que esta sensación de haber vivido ya ciertos acontecimientos o discutido las mismas cuestiones –déjà vu–, se convierta en la sensación de haber sentido –déjà senti–, aunque ahora sea en cabeza amiga, el mismo sentimiento de frustración y desencanto que sentimos en Euskal Herria aquel año 2000. Dicen los psicólogos que existe una correlación entre estos juegos extraños de la memoria y la ansiedad o la esquizofrenia: no caigamos en la impaciencia paralizante o en el «escisionismo» en cadena. El reciente acuerdo entre ERC y Junts en tiempo de descuento, permite abrigar cierta esperanza.

Han pasado más de veinte años desde el final del episodio soberanista de Lizarra-Garazi. Mi alumnado de Políticas no había nacido. Nadie quiere repetir la historia, mucho menos como farsa y la melancolía es siempre un sentimiento narcisista. Dicen que hay que prepararse para dos decenios de acumulación de fuerzas. Yo no estoy dispuesto a esperar tanto. No quiero esperar a una mejor coyuntura que me permita algo tan básico como decidir el futuro de mi país. Quiero crear esa coyuntura. Crearla de la mano de Cataluña, de Galicia, de Escocia… y de todos los pueblos que desean decidir libremente su destino. Ya es tarde.