En primer lugar y para quien no conozca de qué es lo que estamos hablando, debemos indicar que las diferentes leyes existentes en la materia residen en los Colegios de Abogados, a través de los Servicios de Orientación Jurídica, el primer trámite administrativo de concesión de la Justicia Gratuita a los particulares que quieran defenderse por medio de tal sistema. Asimismo, encargan a los Colegios la organización y designación de los abogados de Oficio, así como la organización de los diferentes servicios de Asistencia al Detenido en todas las comisarías y juzgados para proveer de abogado de forma inmediata a los detenidos que de forma particular no han designado uno que les asista en su declaración.
Queda en manos de la Administración la organización de la Comisión de Justicia Gratuita, que ratifica las concesiones de gratuidad o no que han realizado anteriormente los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, y finalmente tienen igualmente la obligación de proveer de medios económicos a los Colegios de Abogados y Procuradores para sufragar los gastos de organización de todo lo que hemos descrito, así como para el abono de los servicios a los profesionales que han intervenido en la defensa y representación de los particulares en todas las actuaciones judiciales.
Es cierto que a finales del 2010 el Gobierno Vasco presentó a los Colegios de Abogados una propuesta de Decreto de Justicia Gratuita en sustitución del que está en estos momentos en vigor desde el año 1996, que complementa la Ley que regula el reconocimiento de dicho beneficio a los justiciables, y a partir de entonces tuvieron lugar una serie de reuniones entre la Viceconsejería de Justicia, encabezada por su entonces Viceconsejero Sr. Finez, tristemente fallecido de forma repentina, y los representantes de los tres Colegios de Abogados y el Consejo Vasco de la Abogacía.
Tras el fallecimiento del Sr. Finez, fue nombrada en su sustitución como Viceconsejera de Justicia la magistrada y expresidenta de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa Victoria Cinto, gran conocedora y experta en temas jurídicos penales, dado que ha ejercido toda su carrera en dicha disciplina, pero desgraciadamente absoluta desconocedora de toda la problemática relativa al Turno de Oficio y por supuesto de la Justicia Gratuita, dado que afecta principalmente a los asuntos civiles, lo que ha motivado que las reuniones en las que interviene resulten faltas de contenido, en el fondo, y autoritarias y prepotentes en las formas, con el único fin de publicar, como fuese, un decreto, al margen de si con ello se mejoraba o no el servicio a los beneficiarios así como las condiciones de trabajo de quienes lo llevan a cabo.
Finalizadas dichas negociaciones se nos presentó una redacción de Decreto ante el cual el Consejo Vasco presentó unas detalladas alegaciones, que no han merecido respuesta alguna por parte del Departamento de Justicia. Al contrario, la Consejera Sra. Mendía, y la Viceconsejera. Sra. Cinto han anunciado a través de los medios de comunicación que se va a publicar en el BOPV el nuevo Decreto y que va a entrar en vigor el próximo 1 de julio, sin habernos entregado una simple copia del texto definitivo, por lo que desconocemos su contenido. Esta, obviamente, no es una forma seria de trabajar y en nada beneficia a la ciudadanía a la que supuestamente deben proteger.
La Sra. Mendia, su Departamento y la Viceconsejera de Justicia han incumplido de forma sistemática el mandato del Parlamento Vasco que el 17 de Octubre de 2.011, aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Socialista, una enmienda transaccional instando al Departamento de Justicia, a continuar las conversaciones con los tres colegios de abogados de la Comunidad Autónoma de Euskadi hasta alcanzar un consenso sustancial en torno al nuevo Decreto, con carácter previo a la aprobación del mismo.
Desde la aprobación de la enmienda solo se han celebrado dos reuniones, a las que por cierto no acudió la Sra. Viceconsejera Sra. Cinto, una primera, celebrada el 14 de Diciembre de 2011, que duró 20 minutos, en la que se nos hizo entrega de un nuevo texto del decreto y ante la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre la marcha, dado que no nos había sido remitido con anterioridad, se suspendió la reunión para el estudio del texto. La segunda reunión fue el 28 de Diciembre (Día de los Inocentes) y en la misma y como nueva muestra del talante de la Consejería, se nos señala, en la misma reunión, que si tenemos alguna propuesta la hagamos llegar por escrito y que el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco está estudiando crear una oficina de turno de oficio, aunque a los pocos días reconocieron no encontrarse con suficiente capacidad para crear la oficina al margen de las instituciones de la abogacía.
Para dificultar todavía más las reuniones, los integrantes del equipo del Gobierno resultan no ser personas del mundo jurídico y, en demasiadas ocasiones, ha habido la necesidad de explicarles de qué estábamos hablando y lo inconveniente para el propio justiciable de sus planteamientos.
Cuando la Consejera Sra. Mendia señala «que no estemos dispuestos a hacer dejación de nuestras funciones o la trasgresión de la legalidad y la perversión de la propia institución de la justicia gratuita», quiere decir que los Colegios de Abogados de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia estamos en la actualidad trasgrediendo la legalidad y pervertimos la justicia gratuita, si bien que como no se explica con un solo ejemplo, no deja de ser el clásico ejercicio de tirar la piedra y esconder la mano.
No es cierto que el Decreto que va a ser aprobado por el Gobierno Vasco, en contra del sentir unánime de los grupos parlamentarios de la cámara, defienda los derechos de los que carecen de medios económicos para pleitear y de los ciudadanos en general, mas bien al contrario consideramos que los planteamientos del Gobierno pueden perjudicar gravemente el correcto funcionamiento de los servicios que prestamos y en definitiva incrementar los problemas para los particulares que necesitan acudir a este servicio público.
El nuevo Decreto no mejora nada que pueda referirse a la ciudadanía, a los justiciables, a excepción de pequeños detalles y actualizaciones, para lo que no era necesario un Decreto nuevo, ya que con una simple modificación del anterior hubiese sido suficiente.
Falta a la verdad la Consejera Sr. Mendia cuando señala que la abogacía institucional pretendía el aumento de los módulos existentes, es decir del dinero a cobrar por los letrados y letradas adscritos al turno de oficio.
Por la abogacía no solo no se ha reivindicado ningún incremento de los módulos, conscientes de la realidad económica vivida en estos momentos, sino que, de forma expresa, nos mostramos conformes con los establecidos en el año 2008, lo que supone una pérdida de valor adquisitivo muy superior a la bajada de sueldo que se ha realizado a los funcionarios y a algunos políticos.
Nuestro planteamiento como Consejo Vasco de la Abogacía es que los letrados y letradas den el servicio jurídico que la Ley previene a aquellas personas que no pueden acceder a ello en el libre mercado, y a los que la Administración Pública, y no los Colegios de Abogados, conceden el derecho a litigar gratuitamente, algunas veces con bastante ligereza.
Y este trabajo, debe ser satisfecho por el Gobierno, quien habrá de haberse asegurado de que la persona que accede al beneficio de justicia gratuita cumple los requisitos para ello, por ser la Administración la que cuenta con los medios suficientes.
Actuar de otra manera, como parece que dentro de su desconocimiento mantiene el actual Departamento de Justicia, puede suponer un retraso evidente al acceso a la Asistencia Jurídica, porque no son los abogados, ni tan siquiera los Colegios de Abogados, quienes tienen asignado el control que determina qué personas sí, y cuáles no, tienen el derecho a contar con un abogado del Turno de Oficio, sino que es la propia Administración Pública.
Los Colegios de Abogados no tenemos ningún inconveniente en esperar a que al justiciable le haya sido reconocido el beneficio de justicia gratuita para designarle abogado que le represente.
Nosotros somos, simplemente, abogados, conocedores de las leyes, pero ni somos recaudadores de impuestos, ni meros dependientes de la Consejería de turno.
Nuestro trabajo no es otro que conseguir que las personas que no podían permitírselo, cuenten con un profesional de garantía y confianza para la defensa de sus derechos e intereses. No es cierto, por último, que nos neguemos a tramitar expedientes en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios, lo que ocurre es que se nos quieren imponer labores que hasta ahora hacían las Comisiones de Justicia Gratuita, no dependientes de los Colegios, y no se nos facilitan los medios para poder desarrollarlas en condiciones. Parece que, por parte de la Administración, se pretende, de nuevo, «eludir el bulto», y encima criticarnos porque no hacemos su trabajo. Es la Administración la que deberá hacer su trabajo, que para eso cuentan con el dinero recaudado de los impuestos a todos nosotros, y los Colegios y los abogados deberemos realizar los trabajos jurídicos por los que tanto reconocimiento hemos recibido desde los inicios del servicio hasta el presente.
Por la deriva que parece haber elegido el Gobierno y, sustancialmente, la Consejería de Justicia, no se llega a la resolución de los problemas, sino que se incide en ellos y se agravan.
El Gobierno, la Consejería y la Viceconsejería van a tener enfrentados, no a los abogados y a los Colegios de Abogados, sino a la ciudadanía que utilizaba un servicio que funcionaba de forma más que adecuada, si bien siempre son posibles mejoras, y que con las medidas que se anuncian, al tiempo que se ocultan, se va a culminar en un desbarajuste para los próximos meses e incluso años.